Migrantes trasladados a Martha’s Vineyard pueden demandar a la compañía aérea

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Una sentencia judicial pionera en el país puede tener especial importancia en la región de la capital para un grupo de 36 inmigrantes que llegaron a Sacramento hace casi un año.

Un juez federal de Boston dictaminó a principios de este mes que los migrantes que llegaron en avión a Martha’s Vineyard hace casi dos años pueden seguir adelante con una demanda contra la compañía de aviones privados que los transportó. La sentencia determinó que los migrantes alegaron suficientemente múltiples reclamaciones, entre ellas “detención ilegal”, “angustia emocional” y “conspiración de derechos civiles”.

“Deberíamos preocuparnos por el bienestar de los migrantes que son transportados y deberíamos examinar más de cerca el papel que desempeñan las empresas de transporte en estas tramas”, declaró Iván Espinoza-Madrigal, director ejecutivo de Lawyers for Civil Rights, el grupo jurídico con sede en Boston que representa a los migrantes de Martha’s Vineyard.

La decisión significa que los migrantes pueden presentar una demanda contra Vertol Systems Co, contratada por el estado de Florida para llevar a cabo los vuelos. En su orden, la jueza federal de distrito Allison Burroughs desestimó las demandas contra el gobernador de Florida, DeSantis, y otros miembros de su administración por razones jurisdiccionales, pero condenó las acciones de todos los involucrados.

“A diferencia de los agentes del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos) que aplican legítimamente las leyes de inmigración del país... el tribunal no ve ningún propósito legítimo para acorralar a individuos altamente vulnerables con falsos pretextos e inyectarlos públicamente en un debate nacional divisivo”, escribió Burroughs.

La reciente sentencia podría dar lugar a posibles opciones legales para los grupos de derechos de los inmigrantes y otros inmigrantes que han sido transportados a través de las fronteras estatales.

“La victoria de Martha’s Vineyard (...) supone un importante impulso para emprender posibles acciones encaminadas a salvaguardar los derechos de los inmigrantes afectados por otras formas de transporte”, declaró Espinoza-Madrigal.

El incidente de Martha’s Vineyard formaba parte del “programa de reubicación” de DeSantis, e implicaba que los inmigrantes firmaran formularios de consentimiento cuestionables y recibieran promesas de vivienda, oportunidades de trabajo y ayuda legal. Meses después, en junio de 2023, Vertol transportó a otros 36 migrantes de Nuevo México a Sacramento en circunstancias similares.

Vertol declinó una solicitud de comentarios.

Múltiples abogados dicen que, dadas las similitudes en ambos incidentes, los migrantes de Sacramento potencialmente pueden presentar demandas contra la compañía aérea también.

“Parece al menos sugerir que pueden demandarles aquí en California”, dijo Brian López, abogado de inmigración de Sacramento.

Para los inmigrantes de Sacramento, el principal obstáculo será encontrar representación para explorar sus opciones legales. Cualquier inmigrante que desee interponer una demanda contra Vetrol tendrá que ponerse en contacto con un abogado externo o ser contactado por uno.

Sacramento Family Unity, Education, and Legal Network, también conocida como FUEL Network, puso en contacto a abogados de inmigración con los inmigrantes de Sacramento para una consulta en las semanas posteriores a su llegada. FUEL no ha supervisado el progreso de esas consultas o si los abogados continuaron con casos específicos, dijo Marcus Tang, abogado de inmigración de la Fundación de Asistencia Legal Rural de California, que forma parte de FUEL.

Tang especuló con la posibilidad de que algunos abogados se pusieran en contacto con los inmigrantes para obtener beneficios económicos, dependiendo del resultado de los inmigrantes de Martha’s Vineyard.

“Si los casos de Martha’s Vineyard acaban teniendo éxito, eso puede ayudar”, dijo Tang. “Puede hacer que inspire a algunas personas... por otro lado, si no tiene éxito, entonces podría tener un efecto amedrentador”.

El miércoles, la organización Lawyers for Civil Rights (Abogados por los Derechos Civiles), con sede en Boston, envió cartas a los procuradores generales de cinco regiones para instarles a reevaluar las opciones legales disponibles “para detener el transporte imprudente de inmigrantes a su jurisdicción”.

Las cartas iban dirigidas a California, Illinois, Massachusetts, Nueva York y Washington DC, regiones que siguen recibiendo autobuses cargados de migrantes.

La oficina del procurador general de California, Rob Bonta, a través de un comunicado enviado por correo electrónico, dijo que aún no había recibido la carta.

El año pasado, el gobernador Gavin Newsom y Bonta lanzaron múltiples amenazas legales, incluyendo cargos de secuestro, y prometieron investigar si DeSantis o los funcionarios de Florida violaron la ley al trasladar a los migrantes a Sacramento. Expertos jurídicos habían puesto en duda que hubiera motivos para un caso de secuestro criminal.

La oficina de Bonta también presentó un par de solicitudes de registros públicos, una a la oficina de DeSantis y otra a la División de Gestión de Emergencias de Florida. La oficina no respondió a las preguntas en busca de actualizaciones sobre las solicitudes de registros públicos y la investigación la semana pasada.

“Espero que los últimos acontecimientos en el caso de Martha’s Vineyard inspiren acciones legales en otras jurisdicciones donde las reclamaciones puedan ser apropiadas”, dijo Espinoza-Madrigal.