Miami Beach limita el gasto de los urbanizadores en las elecciones. Así es como lo eluden

Russell Galbut es uno de los urbanizadores más poderosos de Miami Beach. Está detrás de algunos de los proyectos más importantes de la ciudad en los últimos años, como la torre de condominios Five Park a las puertas de South Beach en Alton Road.

Las leyes de financiamiento de campañas en Miami Beach tienen por objeto impedir que urbanizadores con mucho dinero como Galbut consigan el favor de los funcionarios electos. Los urbanizadores y los cabilderos que solicitan determinadas autorizaciones municipales, así como los proveedores activos de la ciudad, tienen prohibido hacer donaciones a las campañas, en virtud de normas que se han ampliado en las dos últimas décadas.

Pero las restricciones no impidieron a Galbut —o, al menos, a su familia— dejar su huella en unas recientes elecciones especiales para ocupar el escaño del difunto Mark Samuelian en la comisión de la ciudad. La esposa de Galbut, Ronalee, hizo una donación máxima de $1,000 a la candidata Sabrina Cohen, según los informes de campaña.

Las leyes de la ciudad, que están entre las más estrictas de Miami-Dade, dicen que Galbut y otros en una lista llevada por la oficina del secretario municipal no pueden donar a las campañas, ya sea “directa o indirectamente”. Aún así, la contribución de la esposa de Galbut estaría permitida según las normas, a menos que el dinero procediera del propio Galbut.

“Llevo 44 años casado y nunca le he dicho a mi esposa lo que tiene que hacer”, dijo Galbut en un correo electrónico, afirmando que su mujer es íntima amiga de Cohen. “Además de eso, no sé nada del cheque al que se refiere”.

La esposa de Jeffrey Bercow, cabildero de urbanizadores que también figura en la lista de donadores prohibidos, hizo dos contribuciones de $1,000 a Cohen. Bercow dijo que su esposa Julie es “una persona independiente que toma sus propias decisiones respecto a contribuciones políticas y benéficas”.

Algunas consecuencias involuntarias

Un análisis del Miami Herald descubrió que, a pesar de los esfuerzos de la ciudad por frenar la influencia del dinero en la política, los urbanizadores de Miami Beach eluden habitualmente las normas y contribuyen a las campañas de diversas maneras.

Más de $120,000 donados a cuentas de campaña y comités políticos vinculados con Cohen y Laura Domínguez —quien derrotó a Cohen en una segunda ronda el 6 de diciembre— procedían de urbanizadores u otros intereses inmobiliarios, según los informes de campaña que enumeran la ocupación de cada donante.

Esto representa al menos el 20% del total de sus contribuciones.

“Aunque creíamos que nuestra legislación sobre financiamiento de campañas abordaría eficazmente los problemas, la gente encontró formas de eludirla”, dijo José Smith, ex abogado municipal de Miami Beach y comisionado municipal cuando se promulgaron las reformas de financiamiento de campañas a principios de la década de 2000.

En muchos casos, se permite a los urbanizadores hacer donaciones porque no tienen proyectos pendientes ante la ciudad, lo que los exime de las normas. Solo los que pretenden obtener un acuerdo urbanístico o un cambio en los mapas de uso del suelo o de zonificación de la ciudad están restringidos.

Una entidad vinculada a la empresa inmobiliaria del urbanizador Michael Shvo donó $5,000 a un comité político que apoyaba la campaña de Domínguez, incluso cuando Shvo trabajaba en la remodelación por valor de $750 millones del histórico Raleigh Hotel.

Shvo y otros cabilderos del proyecto fueron incluidos en la lista de donadores prohibidos de la ciudad, pero el abogado municipal Rafael Paz dijo que no pertenecían a ella porque los propietarios del Raleigh no eran urbanizadores según la definición del código de financiamiento de campañas. Paz dijo que Shvo solo aparecía en la lista porque marcó “sí” en un formulario de registro de cabilderos que preguntaba si su proyecto implicaba un acuerdo de urbanización o un cambio de uso del suelo.

Aunque Shvo fuera considerado urbanizador, la donación podría haber estado permitida por las normas municipales sobre donaciones a comités políticos.

La ordenanza de financiamiento de campañas se amplió para abordar a los Comités de Acción Política (PAC) en 2016 después de que un comité recaudara más de $1 millón de urbanizadores locales, cabilderos y proveedores. Pero aunque el cambio significaba que los candidatos no podían buscar activamente donaciones de donadores prohibidos, los urbanizadores todavía podían contribuir siempre y cuando un candidato no lo solicitara.

Domínguez dijo que no solicitó la contribución de los propietarios del Raleigh y que ni siquiera sabía que se había hecho. Shvo no pudo ser contactado para hacer comentarios sobre lo que llevó a la donación.

En general, dijo Domínguez, ella solo mencionó el PAC a posibles donantes si le preguntaban qué comité respaldaba su candidatura.

“Yo no estaba involucrada en las donaciones”, dijo.

Neisen Kasdin, ex alcalde de Miami Beach que ahora es cabildero en la ciudad, dijo que cree que la ordenanza municipal ha llevado a los candidatos a depender menos de sus cuentas de campaña y más de los PAC, donde los montos de las contribuciones no están limitados y los donantes prohibidos pueden ocultar más fácilmente su participación.

“Muchas de estas restricciones se impusieron bajo la bandera de la reforma y el buen gobierno, pero lo que consiguieron, básicamente, fue hacerlo más opaco y menos transparente”, dijo Kasdin. “En realidad se potencia la concentración de dinero a través de las donaciones a los PAC”.

Anthony Alfieri, profesor de Derecho que dirige el Centro de Ética y Servicio Público de la Universidad de Miami, añadió que las contribuciones a las campañas de familiares o entidades corporativas vinculadas a personas que técnicamente tienen prohibido hacer donaciones “frustran el propósito regulador de la legislación [de la ciudad], a pesar de que el derecho de expresión política afirme lo contrario”.

Un proceso imperfecto

La mayoría de las contribuciones examinadas por el Herald parecían cumplir las normas municipales.

En un caso, una entidad registrada a nombre de los propietarios del hotel International Inn on the Bay, Belsa y Ricky Tsay, donó $1,000 a la campaña de Domínguez, a pesar de figurar en la lista de contribuyentes prohibidos de la ciudad.

Pero funcionarios municipales dijeron que deberían haber sido retirados de la lista el año pasado. El hotel en Normandy Drive llegó a un acuerdo de urbanización con la ciudad a finales de 2020, resolviendo una disputa sobre la designación histórica del hotel. Las normas de la ciudad prohíben las donaciones de campaña durante un año después de que se alcance un acuerdo de urbanización.

El error demuestra que la ordenanza municipal crea un proceso imperfecto y difícil, tanto para la oficina del secretario municipal que supervisa la lista de donadores prohibidos como para los candidatos que deben cumplirla.

Domínguez, quien asumió su cargo a principios de esta semana, dijo que ella o el tesorero de su campaña verificarían cada donación a su campaña comparándola con los nombres de los proveedores, cabilderos y urbanizadores prohibidos.

“Ya ven lo engorroso que es”, dijo. “Puedo comprender que un candidato pueda cometer un error”.

Los donadores que infrinjan la ordenanza pueden ser multados con $500. También pueden perder contratos o ser inhabilitados para negocios municipales durante un año. Un portavoz municipal dijo que no hay constancia de que algún proveedor, cabildero, urbanizador o candidato haya sido multado o sancionado por infringir las normas.

Los expertos afirman que no está claro si la ordenanza municipal es constitucional en caso de impugnación jurídica, a la que todavía no se ha enfrentado.

Bob Jarvis, profesor de Derecho de la Nova Southeastern University, dijo que la ley parece entrar en conflicto con la decisión de la Corte Suprema federal sobre Citizens United en 2010, que prohibió ampliamente al gobierno restringir las contribuciones a las campañas por parte de personas o empresas.

La ordenanza “señala a varios grupos y les dice: ‘Ustedes no tienen los beneficios de la Primera Enmienda como los demás estadounidenses’”, afirmó.

En cualquier caso, añadió Jarvis, “no importa porque es muy fácil eludir la ordenanza”.

“Esto es un queso suizo”, dijo.

Otros métodos alternativos

Además de las donaciones de miembros de la familia y las contribuciones a los PAC, el Herald identificó varias otras formas en que los urbanizadores pueden desempeñar un papel en las campañas de Miami Beach:

▪ Las normas municipales se aplican a los proyectos con acuerdos de urbanización pendientes, pero el arrendamiento de propiedades municipales no requieren tales acuerdos. Rishi Kapoor, un urbanizador cuyo nombre fue retirado de la lista de prohibidos a principios de este año después que las autoridades municipales dijeran que había sido añadido “erróneamente”, pretende arrendar un estacionamiento de propiedad municipal en 13 Street y Collins Avenue. Aunque el proyecto requiere la aprobación municipal, no exige un acuerdo de urbanización. Entidades relacionadas con Kapoor donaron $10,000 al comité político de apoyo a Domínguez y otros $10,000 a un PAC presidido por Cohen. Kapoor no pudo ser contactado para hacer declaraciones.

▪ Las normas se refieren a los candidatos, pero no a los referendos en la boleta. Por eso, entidades vinculadas al propietario de los Miami Dolphins y urbanizador inmobiliario Stephen Ross pudieron donar casi $1.9 millones a un PAC que apoyaba una pregunta electoral de noviembre sobre el antiguo Deauville Beach Resort. Mientras tanto, los urbanizadores inmobiliarios que compiten por arrendamientos cerca de Lincoln Road dieron casi $1 millón a un PAC que promovía tres preguntas electorales. (Las preguntas electorales fracasaron).

▪ La ciudad restringe las contribuciones en las elecciones municipales, pero no en las estatales o federales. En los últimos años, los comisionados de Miami Beach que se han presentado a elecciones han recibido confirmación de la oficina del abogado de la ciudad de que pueden solicitar donaciones de personas que figuran en la lista de donantes prohibidos de la ciudad. Eso incluye a Kristen Rosen González, quien se postuló para el Congreso en 2018; Micky Steinberg, ex comisionado de la ciudad que se postuló sin oposición para la Comisión del condado este año, y David Richardson, quien lanzó una campaña a la Cámara de Representantes estatal a principios de este año antes de abandonar la contienda.