En medio de otras crisis globales, la COP27 busca llevar el foco al cambio climático

Y todo vuelve a empezar: presidentes, ministros, funcionarios de Naciones Unidas, enviados especiales, científicos y académicos, ONG ambientalistas, empresarios, celebridades, activistas y, desde ya, periodistas. Varios miles de personas estarán durante dos semanas inmersas en el paraíso egipcio de Sharm el-Sheikh –al borde del mar Rojo– discutiendo temas de la agenda ambiental.

Por un lado, las cuestiones oficiales de la COP27 de la ONU que tienen que ver con el marco de la aplicación del Acuerdo de París sobre cambio climático (firmado en diciembre de 2015) y, por otro, un sinfín de actividades extra relacionadas con la divulgación de datos científicos, presentación de acciones de empresas, actos de militantes que empujan la acción, y un largo etcétera.

La parte de las negociaciones oficiales sobre cambio climático tiene que ver con el Acuerdo de París porque siete años después de la firma en la capital francesa del pacto, que le puso las clavijas y trascendió al Protocolo de Kyoto, aún quedan detalles por definir respecto de su implementación. Y en esta más que muy diplomática lentitud radica la bronca y el escepticismo de algunos grupos que sostienen que esto es bastante para la tribuna, mientras el drama climático no hace más que crecer, proliferan las sequías e inundaciones, crece el nivel del mar y los huracanes y ciclones se hacen más intensos.

En ese bando de “sean más rápidos” hasta podría incluirse al secretario general de la ONU, el portugués António Guterres, que dijo el jueves que “el mundo se está quedando corto tanto para detener el crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero como para iniciar los esfuerzos que se necesitan desesperadamente para planificar, financiar e implementar la adaptación a la luz de los riesgos crecientes”. Lo que falta es velocidad.

Para peor, pese a los avances que ciertamente existen, hay algunos temas que se repiten como en un eterno ritornello: la disputa entre los países ricos (los que llenaron la atmósfera de gases de efecto invernadero) y los países en desarrollo, que reclaman que los beneficiados por usar el espacio aéreo como basurero para una manera particular de producir energía paguen la gigante conversión verde necesaria.

En 2009, en la cumbre de Copenhague COP15, se decidió que los desarrollados pondrían 100.000 millones de dólares por año para empezar a renovar la matriz energética hacia lo no-contaminante. Nunca se llegó a esa cifra, aunque hubo años que estuvo cerca del 80%, según cómo se cuente (también respecto de esto hay polémicas y discusiones).

“El problema adicional es que en un alto porcentaje de ese dinero se da como préstamo, lo que aumenta la deuda de los países en desarrollo”, dijo Catalina Gonda, co-coordinadora de política climática de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), durante un encuentro con la prensa especializada.

“Y se necesitan del orden de los billones de dólares, no de los miles de millones”, destacó Gonda. La cuenta que hace la ONU en boca de Guterres es similar: “Las necesidades de adaptación en el mundo en desarrollo se dispararán hasta 340.000 millones de dólares para 2030″. La Argentina y Egipto, junto con Ecuador, son los países más endeudados con el FMI, de manera que su margen de aumento es mínimo.

La novedad que introdujo París es que cada nación se debe hacer cargo de las reducciones y decir cuánto va a dejar de contaminar. Son las “promesas” que deben ser “más ambiciosas”, según la jerga que se oye en las cumbres de este tipo que arrancaron en Río de Janeiro, en 1992, y tuvieron frecuencia anual desde 1995 (en Berlín) hasta que se debió saltar la de Glasgow 2020 por la pandemia (finalmente, se realizó en esa ciudad escocesa en 2021).

Los resultados son claros: incluso en el caso improbable de que las promesas se cumplan, la temperatura seguirá en ascenso continuo hasta fin de siglo (2, 3, ¿4 grados?) con la catarata de dramas asociados, que no solo son puntuales en un desastre, sino que acarrean consecuencias sociales y económicas, como migraciones internas o carencia de alimentos.

Como sea, el escenario físico y político de esta cumbre egipcia es otro asunto que generará discusiones y artículos durante esta quincena: un balneario al borde del desierto con hoteles de lujo y férrea seguridad militar en las autopistas que lo secundan, en un país que lidera con mano de hierro y poco respeto a los derechos humanos el presidente egipcio, Abdel Fattah al-Sisi.

El escenario geopolítico es aún más dudoso: la guerra en Ucrania mostró qué tan débil pueden ser los compromisos de usar nuevas energías ante la amenaza de un invierno desprovisto de gas para Europa. La reapertura de minas de carbón –la peor de las energías fósiles– es un hecho en varios países que buscaban dejarla de lado en favor de las renovables, que aún no alcanzan la masa crítica, y del gas ruso (que también abre la discusión respecto de si es o no una “energía de transición”).

“Existe el riesgo real de que la crisis energética lleve a una regresión en las demandas de terminar con el combustible fósil”; se lamentó Gonda. Es el mismo miedo expresado por las ONG ambientalistas del mundo reunidas en la Red de Acción por el Clima (CAN, por sus siglas en inglés), quienes esta semana pidieron que no se use la cumbre “como lugar de lobby para los inversionistas de gas que están ansiosos por aprovechar esta oportunidad para empujar a los países africanos a acuerdos de exploración insostenibles que abastecerán principalmente a los hogares y ciudades occidentales”.

Grupo sudamericano

Con el triunfo de Luiz Inacio Lula da Silva en Brasil cambia –o podría cambiar– el panorama de las acciones climáticas en la región. Si bien durante sus dos períodos previos la deforestación del Amazonas continuó su camino sin descanso por la demanda de alimento del primer mundo y China, las tasas se multiplicaron bajo el gobierno de Jair Bolsonaro.

De hecho, es posible que el presidente electo, en su carácter de tal, viaje a la cumbre de Egipto. A diferencia del presidente Alberto Fernández, que no participará esta vez, según anunciaron fuentes oficiales, Lula no tiene que participar en las cumbres del G-20 en Bali (Indonesia) ni en el llamado Foro de París por la paz convocado por el presidente francés, Emmanuel Macron, solapados con la extensa agenda de la COP27.

Por el lado argentino, la comitiva será encabezada por el Ministro de Ambiente, Juan Cabandié; la directora nacional de Cambio Climático, Cecilia Nicolini, y los responsables técnicos de Cancillería que llevan el tema desde hace tiempo. Como novedad, este año también viajará el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo: la reducción de emisiones del sector ganadero es crucial si la Argentina quiere cumplir sus promesas. Bahillo también tendrá agenda con la FAO, el organismo de la ONU encargado de la alimentación.

Pero el principal acto de la Argentina será mostrar el 9 de noviembre su plan nacional de adaptación y la estrategia de carbono neutralidad (que la cuenta de emisiones contaminantes dé cero) para el 2050.

Es el mismo que se anunció el martes pasado en un acto en el Museo del Bicentenario, con presencia de algunas ONG, pero sin prensa. “Son 250 medidas en 75 áreas diferentes y ahora encaramos el desafío de la operatividad de las medidas”, dijo Nicolini a LA NACION.