Yahoo Noticias A medida que continua la discriminación racial, sigue fracasando la lucha por recopilar datos sobre las paradas de tráfico
Hace ocho años, Christopher Jackson se sentó frente a los legisladores en la Cámara de Representantes del estado de Massachusetts, aferrando con mano temblorosa su testimonio escrito.
"Donde yo vivo, hay una gran cantidad de discriminación usando perfiles raciales", dijo Jackson, un residente de South Shore, con indignación en su voz. "Y tiene que acabar".
Jackson, que es negro, fue una de las varias personas que imploraron a los legisladores que aprobaran una legislación en 2015 que obligara a la policía a recopilar datos demográficos de cada conductor que detuviera, incluidas las advertencias verbales, que están excluidas de la recopilación de datos.
El estado necesitaba recopilar esa información – que, según los estudios, muestra disparidades mayores que las multas solas – para que fueran los datos, y no las anécdotas, los que impulsaran el debate sobre los perfiles de discriminación racial, afirmaron los testigos.
La ley fracasó entonces, como lo ha hecho en 10 sesiones legislativas desde 1999. El resultado es que hoy en día aproximadamente la mitad de las detenciones de tráfico en Massachusetts siguen sin estar documentadas y sin ser investigadas en busca de disparidades raciales.
“Nos aprovechamos a menudo de nuestra reputación como estado progresista, esto es particularmente evidente en cuestiones de justicia racial", dijo la ex senadora estatal Sonia Chang-Díaz, demócrata de Boston, una de los varios legisladores que han intentado que se recopilen los datos durante años.
Una investigación del USA TODAY Network de los Cape Cod Times, Worcester Telegram & Gazette y USA TODAY que incluye docenas de entrevistas, más de 50 solicitudes de registros públicos y el análisis de millones de citaciones de tráfico emitidas por la policía de Massachusetts descubrió que los líderes legislativos han hecho poco en las últimas dos décadas para abordar la posible parcialidad en las detenciones de tráfico, la interacción más común entre la policía y el público.
La revisión muestra que los líderes demócratas de Beacon Hill, abrumadoramente blancos – y que a menudo sob objeto de campañas de presión por parte de la policía – han rechazado repetidamente las propuestas de documentar "todas las detenciones" de los legisladores de color.
Como resultado, la raza y el origen étnico de los conductores que reciben advertencias verbales – algo que la policía de Massachusetts calcula que ocurre en cuatro de cada 10 controles – no se registran, una laguna de datos que, según los activistas, facilita que no se detecten la discriminación racial y la actuación inconstitucional por parte de la policía.
"Massachusetts es deficiente en comparación con estados como California", declaró al USA TODAY Network Josh Parker, asesor principal del Proyecto de Vigilancia Policial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York. "Hay una serie de datos esenciales para determinar la eficacia de las detenciones de tráfico [que] Massachusetts simplemente no está recogiendo".
Los datos que existen plantean interrogantes. Una revisión del USA TODAY Network de alrededor de 5 millones de citaciones emitidas por agentes entre 2014 y 2022 encontró disparidades significativas en la mitad de los 305 departamentos de policía locales que emitieron suficientes multas para el análisis.
En Marlborough, una ciudad de 40,000 residentes ubicada a aproximadamente a 30 millas al oeste de Boston, los conductores negros citados por la policía por conducir sin un permiso válido tenían casi tres veces más probabilidades de ser detenidos que los conductores blancos citados por las mismas infracciones.
Los residentes negros de Springfield, cerca de la frontera con Connecticut y considerado el hogar de 150,000 personas y el Salón de la Fama del Básket, tenían muchas más probabilidades de ser citados por el departamento de policía de su ciudad que los residentes blancos de Springfield.
Y en Maynard, antiguo centro industrial a 22 millas al oeste de Boston, los agentes de policía tenían casi cinco veces más probabilidades de registrar el auto de un conductor hispano que el de un conductor blanco.
Los resultados indican que Massachusetts presenta desigualdades en sus carreteras que merecen una investigación más profunda, según los expertos que estudian las disparidades en las detenciones de tráfico. También señalaron que el análisis estaba muy limitado por los datos incompletos.
Esas limitaciones hacen imposible proporcionar un contexto completo para una tendencia que el USA TODAY Network descubrió, en la que la policía está marcando como blancos a conductores con apellidos hispanos, una práctica especialmente pronunciada en algunas comunidades.
La falta de datos demográficos sobre todas las detenciones de tráfico fue un problema señalado hace casi 20 años en un estudio sobre disparidades en las citaciones financiado por los contribuyentes de Massachusetts.
Por la misma época, la Comisión de Acreditación de Agencias Policiales,, entidad sin fines de lucro, también recomendó recopilar datos sobre todas las detenciones de tráfico para detectar posibles patrones de discriminación. Quince estados, entre ellos Connecticut, Rhode Island y Vermont, exigen ahora a la policía que documente todas las detenciones for infracciones de tránsito.
En Connecticut, $3.4 millones de fondos federales han pagado desde el 2016 por un programa dedicado a abordar las disparidades raciales en la aplicación de las normas de tráfico. Defensores de esta iniciative, incluyendo el Consejo de Gobiernos Estatales, elogian el programa por reducir las disparidades y mejorar la eficacia y eficiencia de la policía.
Pero Massachusetts no puede optar a la financiación federal porque la subvención exige que se recojan datos de todas las detenciones de tránsito.
Ninguno de los legisladores más poderosos del estado accedió a conceder entrevistas para explicar su postura sobre el tema.
Los críticos afirman que el poder legislativo de Massachusetts es uno de los menos transparentes del país, en parte porque el presidente de la Cámara de Representantes y el presidente del Senado ejercen un enorme control sobre un proceso legislativo que se desarrolla en gran medida a puerta cerrada.
La auditora estatal, Diana DiZoglio, quien fue representante en la legislatura, propuso una investigación del poder legislativo estatal, que ha visto menos contiendas electorales competitivas que cualquier otro estado durante cuatro elecciones consecutivas. La fiscal general, Andrea Campbell, dictaminó el 3 de noviembre que DiZoglio carecía de la autoridad legal para auditar la Legislatura.
DiZoglio sigue recogiendo firmas para una propuesta de medida electoral que permitiría llevar a cabo una auditoría.
La opacidad de la Legislatura, según expertos y ex legisladores de Beacon Hill, es terreno fértil para que intereses especiales, incluida la policía, influyan en la legislación.
"No me andaré con rodeos", dijo Chang-Diaz. "Creo que esto es un caso de estudio de lo fuerte que es el lobby policial en nuestra legislatura, y también, creo que es un caso de estudio de cómo el modus operandi del lobby policial es ejercer el poder en las sombras del proceso legislativo".
A algunos les gusta el statu quo.
El alguacil de Massachusetts, Brian Kyes, antiguo jefe de policía de Chelsea, afirmó que puede ser más fácil debatir abiertamente sobre un proyecto de legislación a puerta cerrada. Kyes también fue presidente del comité legislativo de la Asociación de Jefes de Policía de Massachusetts y presidente de la Asociación de Jefes de Policía de las Grandes Ciudades de Massachusetts.
"Si realmente estamos intentando resolver algo, no creo que debamos hacerlo necesariamente en el vestíbulo", dijo Kyes durante una entrevista, señalando con la cabeza el vestíbulo del Tribunal Federal Moakley de Boston.
'No estamos viviendo bajo Jim Crow'
Después de más de tres décadas en la Legislatura de Massachusetts, Byron Rushing había ascendido a líder adjunto de la mayoría, el cargo de más alto rango jamás ocupado por un miembro negro de la Cámara de Representantes de Massachusetts. Luego, en 2018, perdió la reelección.
Rushing vincula la derrota a las críticas de los medios de comunicación a su último impasse con la policía sobre su proyecto de legislación sobre "todas las detenciones".
Rushing presentó propuestas una y otra vez: en 1999, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015 y 2017.
Las hizo en nombre de personas como Terrence Maxey, un residente negro que declaró al USA TODAY Network que ha sido detenido por las fuerzas del orden más de una docena de veces en Massachusetts, pero que sólo le han puesto una multa.
Los residentes negros han testificado a favor de los proyectos de ley de "todas las detenciones" presentados por Rushing y otros en las audiencias del Statehouse durante dos décadas.
En 2015, Jackson relató detenciones en las que no tenía ninguna duda de que se utilizaban perfiles raciales, incluido un caso en el que la policía lo detuvo mientras cambiaba una rueda.
"Estamos en el siglo XXI. Esto no es Jim Crow en lo que estamos viviendo", dijo Jackson a los legisladores. "Todos somos seres humanos, independientemente del color de nuestra piel".
La propuesta de Rushing de 2015 de "todas las detenciones" nunca llegó a votarse.
En la siguiente sesión, Rushing vinculó la cuestión a un popular proyecto de ley para prohibir el uso de teléfonos móviles mientras se conduce, argumentando que la prohibición podría dar lugar a más detenciones con más oportunidades para la discriminación racial.
Al respaldar a uno de los adversarios de Rushing en la elección, el Boston Globe lo calificó de "postura de principios", pero se preguntó: "¿por qué hay que enfrentar dos buenas políticas?".
El intento fracasó y, ese mismo año, la histórica carrera legislativa de Rushing, de 35 años de duración, llegó a su fin.
"Cocinado totalmente a puerta cerrada"
Menos de un año después de la derrota electoral de Rushing, la Asamblea Legislativa aprobó dos versiones contrapuestas de un proyecto de ley que prohibía el uso del teléfono móvil en la mano mientras se conduce.
La versión del Senado mantuvo la iniciativa de Rushing que obligaba a la policía a recopilar datos sobre todas las detenciones de tránsito. La versión de la Cámara no.
Ninguno de los dos órganos celebró un debate público sustantivo sobre los proyectos de ley. Los correos electrónicos y los registros públicos plantean preguntas que los legisladores se negaron a responder.
Rep. Chynah Tyler, D-Boston, propuso una enmienda incluyendo "todas las detenciones" para el proyecto de ley de la Cámara, pero ella parece haber retirado la propuesta por una razón que no aparece en los registros de la Legislatura. Los repetidos intentos de entrevistar a Tyler, la única representante estatal que votó en contra de la redacción final del proyecto de ley, fueron infructuosos.
El ex representante estatal Jonathan Hecht, D-Watertown, quien formaba parte de la Legislatura en aquel momento, dijo que se pidió a los representantes estatales que estudiaran un proyecto de ley que salió de la Comisión de Medios y Arbitrios unas dos horas antes de que venciera el plazo para presentar enmiendas y el mismo día de la votación.
El texto de la Cámara de Representantes "se elaboró totalmente a puerta cerrada", dijo, y luego se sometió a votación con un tiempo mínimo para que los representantes de las bases fijaran sus posiciones.
El 10 de junio de 2019, el Senado aprobó por unanimidad una versión del proyecto de ley contra el manejo distraído que exigía la recopilación de datos detallados – el número de placa del oficial, el motivo de la detención y el motivo y los resultados de cualquier búsqueda – en todas las detenciones de tráfico.
A diferencia del proyecto de ley de la Cámara de Representantes, que habría hecho que los registros de las detenciones con multa fueran secretos y sujetos a destrucción al cabo de tres años, el proyecto de ley del Senado exigía que la policía presentara anualmente los datos de todas las detenciones de tráfico para su publicación.
El Senado aprobó el proyecto de ley en una votación de 40-0 después de que el senador estatal Michael Moore, D-Millbury, accedió a retirar una enmienda que habría despojado a sus requisitos de recogida de datos de detenciones de tráfico y en su lugar estableció una comisión compuesta mayormente for agentes del orden para investigar la viabilidad de la recogida y análisis de esos datos.
Se trataba de la misma propuesta presentada el año anterior por los líderes de las asociaciones policiales que se oponían a la legislación de Rushing sobre "todas las detenciones".
Moore dijo a sus colegas que, dado que la dirección del Senado había accedido a una petición de la Asociación de Jefes de Policía de Massachusetts para intervenir en las negociaciones finales sobre el proyecto de ley, se uniría al voto unánime que exigía la recogida de datos en todas las detenciones.
"Quiero dar las gracias a los líderes del Senado por permitir que las fuerzas del orden formen parte de la resolución", declaró Moore, ex agente de policía ambiental.
Al final prevaleció el proyecto de la Cámara de Representantes, que reflejaba la preferencia de la policía contra "todas las detenciones." Moore declaró al USA TODAY Network que no sabía por qué.
No obstante, defendió la idea de negociar a puerta cerrada la redacción final de un proyecto de ley, alegando que el tipo de debates francos que suelen ser necesarios sobre temas controvertidos se verían obstaculizados si el proceso fuera público.
La policía ejerce presión contra las 'identificaciones totales'
Cuando la Cámara de Representantes y el Senado de Massachusetts discrepan sobre un proyecto de ley, la dirección nombra un comité de conferencia compuesto por tres miembros de cada cámara para negociar y redactar una versión de compromiso.
Los legisladores de la Cámara y el Senado deben votar a favor o en contra del proyecto que salga de esa comisión.
El comité designado para negociar las disposiciones contra los perfiles raciales en los proyectos de ley de 2019 no incluyó a un solo miembro del Caucus Legislativo Negro y Latino. Sí incluyó a un ex sargento de la policía estatal.
El año después de que Rushing perdiera la reelección, no había legisladores negros ni latinos en la dirección legislativa, y 72 de las 76 presidencias de las comisiones estaban ocupadas por legisladores blancos.
Después de que el Senado votara a favor de recopilar datos sobre todas las detenciones de tráfico, los legisladores recibieron un aluvión de llamadas telefónicas y correos electrónicos de las fuerzas del orden argumentando en contra de la propuesta, según muestran los registros y las entrevistas. La campaña de presión estuvo dirigida en gran medida por funcionarios de la asociación de jefes de policía.
El 1 de agosto de 2019, Kyes, ex presidente de la Asociación de Jefes de Policía de las Principales Ciudades de Massachusetts, envió un correo electrónico a docenas de agentes de la ley de todo Massachusetts, desde jefes de policía locales hasta personal de la Administración Federal Antidrogas y fiscales estatales, sobre las negociaciones del comité de conferencia.
Copiado en el correo electrónico estaba Thomas Turco, entonces secretario de la Oficina Ejecutiva de Seguridad Pública. Su agencia, que supervisa la aplicación de la ley de Massachusetts, apoyó la eliminación del requisito de datos de todas las detenciones, según un memorando obtenido por el USA TODAY Network.
En el correo electrónico a las fuerzas del orden, Kyes escribió que el entonces representante estatal Timothy Whelan, republicano de Brewster y sargento retirado de la policía estatal en el comité de conferencia, se dirigió directamente al ex presidente de la Cámara Robert DeLeo para abogar contra la propuesta del Senado.
Whelan no devolvió los múltiples mensajes de voz en los que se le pedían comentarios.
Instados por los líderes de la asociación, los jefes de policía de todo el estado también dijeron a sus legisladores que debilitaran los requisitos de recopilación de datos, según muestran los correos electrónicos obtenidos por el USA TODAY Network.
El 7 de septiembre, el Jefe de Policía de Provincetown James Golden envió un correo electrónico al senador estatal Julian Cyr, D-Truro, que sirve en el liderazgo del Senado, criticando "el gran contingente legislativo de Boston" para mantener el proyecto de ley de conducción distraída "rehén" sobre las preocupaciones de perfiles raciales.
"Me temo que los agentes de policía volverán a evitar los esfuerzos proactivos y eludirán por completo la responsabilidad de educación vial o la aplicación de la ley por miedo a ser etiquetados", escribió Golden.
Se trata de un argumento que la policía municipal ha utilizado durante años, a pesar de que la Policía Estatal de Massachusetts recopila voluntariamente datos sobre todas las identificaciones.
La agencia– que realiza alrededor del 40% de las detenciones de tráfico del estado – lleva años recopilando los datos, pero no los ha publicado.
A finales de noviembre de 2019, el proyecto de ley salió del comité de conferencia. Exigía a los departamentos que solo recopilaran datos sobre todas las detenciones si primero eran señalados por el secretario de seguridad pública – un papel desempeñado por Turco y más tarde por su sucesor, Terrence Reidy – por "discriminacion usando perfiles raciales." Según la ley, la decisión sobre cuándo y dónde exigir esa información se tomaría en consulta con la entonces fiscal general Maura Healey.
La Cámara de Representantes y el Senado votaron a favor del compromiso. Desde entonces, solo tres agencias han sido "alentadas" a recolectar información sobre todas sus detenciones de tránsito y accedieron voluntariamente a hacerlo, de acuerdo a una portavoz de seguridad pública del estado.
Chang-Diaz declaró al USA TODAY Network que la votación pública unánime del Senado para exigir a la policía que recopile datos sobre todas las detenciones de tráfico reflejaba la voluntad de los votantes de Massachusetts.
El proyecto de ley que salió del comité de conferencia aquel noviembre, dijo, reflejaba la voluntad de la policía de Massachusetts.
"Cuando ese debate se produjo a plena luz del día, el apoyo bipartidista estaba ahí. Fue unánime", dijo Chang-Diaz. "Y sólo cuando las cosas pasan a las fases entre bastidores del comité de conferencia es cuando se ve que el lobby policial es realmente capaz de ejercer todo su poder".
Mark K. Leahy, director ejecutivo de la Asociación de Jefes de Policía de Massachusetts, se mostró en desacuerdo con esa valoración del poder de las fuerzas del orden en Beacon Hill, señalando que los principales legisladores del estado no han aprobado múltiples proyectos de ley recientes que la policía ha apoyado.
"¿Dónde está el coraje político?"
Las preguntas sobre por qué fracasan o prosperan los proyectos de ley en Massachusetts pueden ser casi imposibles de responder para el público debido a la singular opacidad de la Legislatura, según Hecht, ex representante estatal.
Como la mayor parte del debate legislativo se produce a puerta cerrada, el Presidente de la Cámara de Representantes y el Presidente del Senado, así como sus equipos directivos, tienen libertad para negociar sin tener que exponer públicamente sus posiciones políticas.
Hecht comparó la dinámica con una partida de "ajedrez tridimensional" a la que sólo pueden jugar los más poderosos de Beacon Hill.
Según Hecht y otros expertos en política de Massachusetts, el portavoz y el presidente mantienen el control sobre los miembros de base repartiendo – o negando – influencia, prebendas como despachos y plazas de aparcamiento, e incluso dinero en forma de estipendios por nombramientos de liderazgo.
Ninguno de los políticos que ocuparon esos cargos en 2019 – la presidenta del Senado, Karen Spilka, y el ex presidente de la Cámara de Representantes, DeLeo – accedieron a las solicitudes de entrevista del USA TODAY Network.
La oficina de Spilka proporcionó una declaración escrita, que decía en parte: "Como con cualquier ley aprobada recientemente, sin duda trabajaremos con nuestros socios en el gobierno y las partes interesadas en el seguimiento de su aplicación para garantizar que la ley cumple con los ideales de la legislatura."
Los legisladores que estaban dispuestos a hablar dijeron que las preguntas sobre el proyecto de ley de 2019 tendrían que ser respondidas por Spilka y DeLeo, o los presidentes del comité de conferencia que nombraron, ninguno de los cuales accedió a entrevistas.
A pesar de aprobar una serie de reformas impopulares entre la policía en 2020 tras el asesinato de George Floyd, los legisladores estatales aún no han reconsiderado la recopilación de información sobre todas las detenciones de tráfico.
Edward Flynn, que fue secretario de Seguridad Pública del estado bajo el mandato del gobernador republicano Mitt Romney, dijo que el hecho de que el estado lleve 20 años sin recopilar datos detallados sobre las detenciones de tráfico es, en última instancia, responsabilidad de los legisladores.
"En teoría, los jefes de policía no deberían tener derecho de veto sobre la legislación en materia de justicia penal", dijo. "Deberían ser escuchados, pero no necesariamente deberían poder vetarla. Lo que digo es: ¿dónde está el coraje político aquí?".
Jeannette Hinkle es redactora del Cape Cod Times, Brad Petrishen es redactor del Worcester Telegram & Gazette, y los periodistas de data Dan Keemahill y Dian Zhang realizaron el análisis para USA TODAY. Carlie Procell, de USA TODAY, elaboró los gráficos y Kinga Borondy, también redactora de Worcester Telegram & Gazette, contribuyó a este reportaje.
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This article originally appeared on Cape Cod Times: Legisladores de Mass. rechazan repetidamente proyectos de ley contra perfiles raciales
