Yahoo Noticias Mecanismo internacional contra la impunidad de atrocidades y corrupción ¿por qué no es inconstitucional?
La candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, calificó de inconstitucional aceptar que gobiernos y organizaciones internacionales sean corresponsables de la construcción de paz. Pero la Ley General de Tratados permite a cualquier dependencia pública u organismo descentralizado firmar acuerdos con uno o varios órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales.
Además, México ya ha firmado y ratificado diversos instrumentos internacionales para prohibir, perseguir, sancionar y prevenir las violaciones graves a los derechos humanos, reparar a sus víctimas directas e indirectas, así como garantizar la verdad y justicia, entre otros.
“Asimismo, sería inconstitucional hacer corresponsables de la construcción de la paz en México a ‘gobiernos y organizaciones de otros países’”, mencionó Sheinbaum en el Compromiso por la Paz, que se llevó a cabo el 11 de marzo en la Ciudad de México con las y el aspirante presidencial.
A Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez se les les entregó el documento “Estrategias de Política Pública para la Paz”, una ruta de acción con 132 propuestas que abarcan siete temas: tejido social, seguridad, justicia, cárceles, adolescentes, gobernanza y derechos humanos.
“En las propuestas del tema 3 Justicia se menciona que debe establecerse un ‘Mecanismo internacional contra la impunidad de atrocidades y corrupción con respaldo de la Organización de las Naciones Unidas. Adicionalmente una Comisión Nacional e Independiente de Verdad. Sin embargo, no queda claro a qué se refiere este punto”, sostuvo Sheinbaum.
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Que México recurra a un mecanismo internacional contra la impunidad de atrocidades y la corrupción no sería inconstitucional y sí una alternativa de justicia extraordinaria para buscar la verdad sobre episodios de violencia en el país.
“Claudia Sheinbaum dijo que es inconstitucional, pues no lo es. Simplemente se crea un mecanismo extraordinario de justicia, simplemente se suscribe un acuerdo internacional para la cooperación”, explica Jacobo Dayán, integrante de la Comisión de Justicia para el documento “Estrategias de Política Pública para la Paz”.
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AMLO apoyó mecanismo internacional y creó comisiones de verdad
“No queda claro a qué se refiere este punto”, dijo la candidata de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) sobre establecer un Mecanismo internacional contra la impunidad de atrocidades y corrupción con respaldo de la ONU y una Comisión Nacional e Independiente de Verdad.
Hace seis años, el 8 de mayo de 2018, el entonces candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, dio una opinión distinta a la de Sheinbaum y dijo que sí estaría de acuerdo con la creación de una Comisión de la verdad nacional y un Mecanismo internacional contra la impunidad y la corrupción.
Incluso ofreció “todas las facilidades, todas, del gobierno para que se investigue sin ninguna restricción, que se haga investigación completa”, como dijo durante el Diálogo por la Paz y Justicia, la agenda fundamental, llevado a cabo en la Ciudad de México en aquel año.
Cuando fue cuestionado sobre su postura frente a la posibilidad de un mecanismo contra la impunidad y la corrupción con participación nacional y extranjera sobre violaciones a derechos humanos contestó:
“Estoy totalmente de acuerdo, abierto a que organizaciones internacionales que trabajan para evitar la impunidad puedan intervenir en nuestro país, completamente de acuerdo”.
Dayán, especialista en Derecho Penal Internacional, Justicia Transicional y Derechos Humanos, explica que una de las opciones por las que un mecanismo internacional puede crearse es mediante un acuerdo.
Un caso parecido ocurrió cuando en noviembre de 2014 se instaló el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) del Caso Ayotzinapa mediante un Acuerdo para la incorporación de la asistencia técnica internacional. El GIEI fue reinstalado en 2020, durante la administración de López Obrador.
En dicho acuerdo participaron, el Gobierno de México a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos a través de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Mientras que una manera de crear una comisión de la verdad puede ser por decreto presidencial, como ocurrió en el gobierno de López Obrador.
En diciembre de 2018, el presidente López Obrador firmó el decreto para la creación de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa. Así, instruyó a diversos organismos de la administración pública a conformar esta comisión, encargada de proveer a los familiares de las víctimas y sus asesores, de todos los recursos materiales y humanos que se requieran para fortalecer el ejercicio del derecho.
Este decreto enlista a instrumentos internacionales que México ya ha firmado sobre derechos humanos, verdad y justicia como la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”; la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas; la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; el Pacto de Derechos Civiles y Políticos; la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
En octubre de 2021, también por decreto, López Obrador creó la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990. Se trató de un grupo de trabajo especial para cumplir las funciones de investigación, seguimiento, fiscalización, proposición y emisión de informes.
Mecanismo y comisión, ejemplos de justicia extraordinaria
Ana Paula Hernández Romano, coordinadora del Diálogo Nacional por la Paz, menciona que las y el candidato a la presidencia recibieron el documento “Estrategias de Política Pública para la Paz” con anticipación.
“La invitación la recibieron hace como dos meses. El documento lo recibieron diez días antes del lunes, cuando fue el evento, nosotros nos pusimos a disposición de los tres equipos de campaña por si tenían dudas, por si querían hacer peticiones, por cualquier cuestión que les pudiera surgir”, dice.
El Diálogo por la Paz compiló la visión de más de 20 mil personas y mil 600 instituciones en 50 Foros Hacia una Agenda Local de Paz.
“Llamamos a una serie de expertos a conformar comisiones en cada uno de los siete temas alrededor de los cuales gira el documento, gente que ha dedicado su vida a esto, que tiene que ver con academia, organismos de la sociedad civil y cada una de esas personas conformó sus propios equipos para que, a partir de ese documento que fue la agenda, pudieran aterrizar estrategias de política pública para recomendarles o, por lo menos, poner sobre la mesa a quienes aspiran a la Presidencia”, agrega.
El tema 3 del documento “Estrategias de Política Pública para la Paz” menciona a la justicia ordinaria para dar atención a conflictos familiares, civiles, laborales y mercantiles.
Mientras que en el caso de la justicia extraordinaria se ubican el Mecanismo internacional contra la impunidad de atrocidades y corrupción, y la Comisión Nacional e Independiente de Verdad, cuya implementación responde a casos de violaciones a derechos humanos.
Primero, se requeriría que el Estado mexicano admitiera que hay que recurrir a este mecanismo extraordinario para, después, poder tener el respaldo de un organismo internacional, como la ONU. La o el próximo presidente de México tendría que solicitar este apoyo.
“Creemos que tiene que ser un mecanismo internacional para, digamos, tener un punto de observación de personas que no van a estar comprometidas en su juicio, ni en su seguridad, y que puedan entonces hacer esta función. No es necesariamente para castigar, para perseguir un delito, sino porque lo que necesitamos es saber qué fue lo que pasó en condiciones donde hay mucho dolor, muchos intereses, mucha violencia”, detalla Sergio López Ayllón, integrante de la Comisión de Justicia de dicho Compromiso por la Paz.
El Diálogo por la Paz propone a la ONU por la legitimidad, confianza y experiencia. Pero lo importante es el respaldo de una institución que sea imparcial.
En cuanto a las comisiones de verdad, el el doctor en Derecho las define como un cuerpo investigativo independiente, expertos designados, reglas claras y un mandato delimitado.
“Tendría que ser una comisión de personas con gran solvencia moral, ética, gran reconocimiento, que no fueran o no hayan sido funcionarios y que, por lo tanto, estén en condiciones de independencia que les permitan desempeñar su función: llegar hasta la verdad o por lo menos al reconstruir estos eventos que han que han sucedido en nuestro país y que seguimos hoy sin saber qué pasó”, añade.
Dos visiones sobre la violencia en el país
El Diálogo Nacional por la Paz es un movimiento para construir la paz en México. Lo conformaron hace casi dos años la Conferencia del Episcopado Mexicano, Dimensión Episcopal para Laicos, Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México y Jesuitas México.
Durante su participación en la firma del Compromiso por la Paz que organizó dicho movimiento, Sheinbaum firmó el documento con reservas y habló de las diferencias y coincidencias.
Por ejemplo, mientras la candidata presidencial propone en su Proyecto de Nación consolidar y fortalecer la Guardia Nacional y su coordinación con policías estatales y fiscalías, el movimiento promueve la desmilitarización paulatina de las funciones de seguridad, tomando como base una evaluación del papel de las Fuerzas Armadas en las políticas de seguridad pública, buscando que la Guardia Nacional se construya como un cuerpo civil.
Otra de esas diferencias, de acuerdo con Hernández Romano, es que no se comparte el mismo diagnóstico sobre la violencia en México, lo que repercute en considerar o no un Mecanismo internacional contra la impunidad de atrocidades y corrupción.
“Si el diagnóstico del país es que estamos en paz, que la delincuencia e inseguridad, que las redes criminales han disminuido, que no estamos un país sumido en desapariciones, en homicidios, en extorsión, en desplazamientos, pues difícilmente se va a tener soluciones del tamaño que plantean, como esta propuesta de tener organismos internacionales de apoyo”, expresa.
