Mauricio Macri: “Si el Gobierno llega a poner a un procurador militante, estamos todos en libertad condicional”

El expresidente Mauricio Macri sostuvo que el Gobierno "tiene la concepción de que la Justicia no puede ser independiente"
Mauro Alfieri / LA NACION

El expresidente Mauricio Macri rechazó este jueves el proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal que impulsa el Gobierno y advirtió: “Si ellos llegan a poner a un procurador arbitrario, militante, estamos todos en libertad condicional, porque cualquiera que haga algo contrario a lo que piensan va estar amenazado”.

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En una entrevista con Radio Mitre Córdoba, el líder de Juntos por el Cambio consideró que el oficialismo “tiene la concepción de que la Justicia no puede ser independiente, y si esto sucede es el fin del sistema democrático”.

“No hay país en el mundo que haya avanzado y reducido la pobreza sin libertad, sin apertura económica y sin progreso tecnológico”, siguió Macri, quien sostuvo que tales principios son “todo lo contrario a lo que pregona el populismo”.

A continuación, el exmandatario estableció una comparación entre su gestión y la actual. “Uno tiene que tener jueces y fiscales como los que nombró mi Gobierno. En todos los casos se hicieron concursos transparentes y ninguno era amigo del Presidente”, sentenció.

Y agregó: “Podemos habernos equivocado con la macro, pero nadie puede decir que nuestro Gobierno no fue correcto. No hemos tenido bolsos ni esas paparruchadas que hemos visto”.

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Las críticas de Macri a la reforma del Ministerio Público Fiscal reflejan el rechazo a la iniciativa manifestado días atrás desde Juntos por el Cambio. En un comunicado emitido luego de un encuentro de urgencia al que asistieron el exmandatario, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, el espacio opositor consideró que el proyecto pone en juego la libertad de los argentinos y habilita la persecución judicial contra “cualquiera que piense diferente”.

Los ejes centrales del proyecto son:

  • Menos votos para nombrar al procurador. La iniciativa flexibiliza la mayoría necesaria en el Senado para elegir al nuevo procurador general de la Nación, el jefe de todos los fiscales federales y nacionales porque elimina los dos tercios de los votos requeridos hoy para que el Senado de su acuerdo al candidato elegido por el Presidente. En cambio, de aprobarse la reforma, alcanzará con reunir la mayoría absoluta de los integrantes de la Cámara alta, un número accesible para el oficialismo, que no tiene en cambio los dos tercios.

  • Un procurador por cinco años. La ley actual no establece un tiempo de duración en el cargo: el procurador permanece, como los jueces, mientras dura su buena conducta, con el solo límite de los 75 años. El proyecto aprobado limita el mandato del jefe de los fiscales a cinco años, con posibilidad de una reelección en el cargo por cinco años más.

  • Facilita la remoción del procurador. El proyecto también flexibiliza el trámite para remover al procurador de su cargo. Ya no exige un juicio político como el necesario para sacar a un juez de la Corte Suprema (donde hacen falta mayorías especiales de dos tercios en Diputados y el Senado). En Diputados, bastará con la mitad más uno para abrir el proceso de remoción.

  • El Congreso designa al procurador interino. Si se aprueba la reforma, le corresponderá al Congreso, a través de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Publico, elegir al procurador interino. Hoy, ante la vacancia del procurador lo reemplaza un funcionario de carrera (el más antiguo de los procuradores). Es así como llegó al cargo Eduardo Casal, que siempre se desempeñó en los tribunales.

  • Cambia el tribunal que controla a los fiscales. El proyecto también modifica el Tribunal de Enjuiciamiento, que es el órgano encargado de sancionar a los fiscales. Tiene siete miembros y hoy solo dos representan estamentos políticos (uno, al Poder Ejecutivo; el otro, a la mayoría del Senado). Los demás son dos fiscales elegidos por sorteo, dos abogados y un integrante del Consejo Interuniversitario Nacional. El proyecto aprobado por el Senado incluye a cuatro representantes del sector político (uno por el Poder Ejecutivo, dos por la Comisión Bicameral del Ministerio Público -uno por la mayoría y uno por la minoría-). Además, el tribunal estará formado por un representante de los fiscales -antes eran dos-; un abogado -antes eran dos- y el representante de las universidades.

  • Una mayoría menos rigurosa para suspender fiscales. Salvo remover fiscales, el proyecto dice que las demás decisiones del tribunal se tomarán por mayoría simple y que si hay empate, definirá el presidente del tribunal, que según el proyecto será uno de los miembros de la Comisión Bicameral. Eso permite una mayor influencia de la política en decisiones tales como suspender fiscales. Sobre todo, porque el proyecto prevé que el tribunal pueda sesionar sin necesidad de una mayoría especial (le bastarían cuatro votos de siete).

Qué dice la Constitución

La Constitución Nacional se refiere al procurador en su artículo 120, que dice: “El Ministerio Público es un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad en coordinación con las demás autoridades de la República. Está integrado por un procurador general de la Nación y un defensor general de la Nación y los demás miembros que la ley establezca. Sus miembros gozan de inmunidades funcionales e intangibilidad de remuneraciones”.