Mar del Plata: tensión y resistencia frente a un inminente desalojo de tierras tomadas por más de 40 familias

MAR DEL PLATA.- Bancaron la lluvia intensa de mitad de semana. Sobrellevaron el frío de los últimos días. Y desde ayer lluvia y frío, todo junto y como si fuera invierno. Más el viento, que hace flamear nylon, maderas, lonas y carpas, todo lo que encontraron a mano para improvisar un resguardo y al mismo tiempo asegurarse unos metros cuadrados que ninguno está dispuesto a resignar.

“Pasen, esta es mi casa”, invita el hombre de camperón y gorro de lana. Habilita entonces el paso a LA NACION hacia lo que por ahora no es otra cosa que tierra llana y abierta. Lleva martillo, formón, tenaza y trozos de varilla de hierro en mano, listo para avanzar con la demarcación de espacio donde prevé tener su techo propio, aun cuando desde hace 48 horas hay una orden de desalojo firme que la Justicia podría efectivizar en cuestión de horas.

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Acumula allí siete madrugadas, la de hoy, helada como pocas, con su pareja y niños junto a unas 40 familias que avanzaron el pasado 23 sobre un sector de baldíos municipales en el barrio Las Heras. En cuestión de horas se pusieron de acuerdo para un loteo que dejó a todos más o menos conformes. “En estos días achicamos las parcelas, ahora tenemos lugar para 200 viviendas”, asegura un grupo a LA NACION, en guardia y oteo permanente al horizonte, temerosos de un imprevisto avance policial que los saque de allí por la fuerza.

La ausencia de identificación en los testimonios no es casual. “Nos prohibieron hablar con los medios”, dicen. Unos señalan que la orden les llegó de los policías que vigilan el predio para que no se sumen nuevos ocupantes, tal cual lo dispuso un juez de primera instancia. Otros refieren que abogados que los representan en tribunales no quieren que voces desordenadas compliquen el reclamo único para que todos puedan seguir allí.

Pedido de desalojo

La derivación judicial de la historia nació en el municipio, dueño de esas manzanas, situadas entre Avenida Fortunato de la Plaza entre Rufino Inda y Reforma Universitaria, linderas a uno de los polideportivos de la comuna.

El propio intendente municipal, Guillermo Montenegro, presentó un pedido de desalojo inmediato. El fiscal Juan Pablo Lódola acompañó el requerimiento. La primera respuesta que recibieron fue el rechazo del juez de Garantías Saúl Errandonea, que descartó esa posibilidad y sugirió al gobierno que encamine el conflicto hacia una salida consensuada desde el diálogo entre las partes.

El objetivo recién lo lograron en la Cámara de Apelaciones en lo Penal. Este sábado los magistrados que componen la Sala III, Raúl Paolini y Pablo Poggetto, ordenaron a su colega de primera instancia que disponga el lanzamiento de los ocupantes ilegales de esas tierras y lo explicaron a partir de documentación aportada por el municipio que justifica la función que esas tierras tienen como “cuenca de amortiguación hídrica” frente a eventuales inundaciones en esa zona.

“La medida debe ser realizada en horario diurno, no pudiendo instrumentarse cuando las condiciones climáticas sean adversas”, advierte el tribunal de alzada al fijar condiciones que, además, dejan en claro que en caso de recurrir a fuerza pública se deberá contemplar “el mayor cuidado de la integridad física de las personas”.

“No creo que nos quieran sacar por las malas”, reconoce un hombre, mate en mano y al lado de un fogón improvisado con dos ladrillos y una parrilla de heladera sobre la que mantienen caliente una pava con agua. “Acá nos la aguantamos con lo que tenemos, el municipio no nos ayudó con nada”, aclara sobre el fallo de primera instancia que rechazaba el desalojo y advertía a las autoridades que debía garantizar alimentos, agua, asistencia sanitaria y de salud a los ocupantes.

Los problemas de esta vida a la intemperie, con manos a la obra apuradas para levantarse algún refugio con lo que se pueda, asomaron pronto. “Casi se nos muere ayer una señora”, contaron de una mujer que tuvo un fuerte dolor en el pecho y debió ser hospitalizada. “Tenemos muchos pibes enfermos con tanto frío”, comentan sobre la seguidilla de problema respiratorios que aparecieron entre los más pequeños que andan a las corridas entre los yuyales de esas tierras.

Esos lotes municipales son parte de una enorme parcela, la mitad convertida en una literal cava. Para Obras Sanitarias Sociedad de Estado es un punto de alivio y de coincidencia de drenaje frente a eventuales inundaciones en los alrededores. El informe del organismo, que convenció a la Cámara de Apelaciones, por un lado rescata esa función y por otro advierte del riesgo que para los propios ocupantes significaría levantar alguna estructura habitacional sobre esas tierras poco firmes.

Están justo frente de otro conjunto de casi 10 manzanas que del otro lado de la Avenida Fortunato de La Plata fueron blanco de usurpación. En 2017, en un mismo día, casi 20 personas se instalaron allí y comenzaron a armar casillas. En un par de jornadas la cantidad se había triplicado. El propietario de esas tierras fue a hablar con ellos y tuvo que huir para no recibir una golpiza. Hoy hay más de 250 familias viviendo allí. “El que toma tierras es un delincuente”, aseguró esta semana el intendente Montenegro.

La mediación fogoneada por el juez Errandonea no prosperó. Municipio y ocupantes ilegales se sentaron a una misma mesa para escucharse, pero los funcionarios fijaron postura: “No habrá diálogo posible si primero no abandonan las tierras municipales”, advirtió el secretario de Seguridad municipal, Martín Ferlauto. Y fue más allá: dijo a La Nación que si persisten en esa postura harán un pedido a los gobiernos nacional y provincial para que quite planes sociales a quienes define como “usurpadores”.

Viviendas precarias

“No al desalojo” se lee en un cartel sobre lona que se exhibe en la esquina más próxima al polideportivo Barrio Las Heras. En esos casi 20.000 m2 hay unas 40 referencias de viviendas: algunas son carpas literales. Otras se improvisaron con bolsas tipo consorcio. Algunas avanzaron algo más y con postes permitieron suponer paredes con pedazos de madera, chapa y cartón sobre los que improvisaron techos con lo que había a mano.

“Queremos construir, pero no nos dejan descargar materiales”, contó una mujer sentada sobre los restos de una heladera, a la espera de algunos tirantes y placas de fibrofácil que le prometieron para armar su refugio dentro del cuadrilátero que le asignaron en esa división de tierras que está a la vista con trozos de cable, soga, hilos y cintas.

Según un relevamiento que hizo el propio municipio sobre quienes se instalaron en ese predio, en total son 55 los grupos familiares presentes, compuestos por unos 80 adultos y casi medio centenar de menores.

Aunque la orden de desalojo está en pie y se presume inminente su efectivización, los ocupantes no se detienen. “Por fin tengo un pedazo de tierra, voy a seguir hasta donde pueda y me dejen”, cuenta un joven mientras con pala de punta abre lo que sueña como cimientos de su casa propia. “Tengo pibes y no tengo dónde vivir, no nos vamos a ir fácil de acá”, aseguró a LA NACION.

En el gobierno municipal sospechan que este avance sobre tierras fiscales no es casual sino que creen que son producto de arengas desde algunos sectores de la oposición, con ejecución desde movimientos sociales muy politizados. En principio se señaló al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). “Una integrante expresó trabajar en un comedor nuestro movimiento, pero eso, de ninguna manera, nos hace ser parte de la acción directa”, afirmó Gabriel Paco Lema, referente de esa organización en esta ciudad.

La pista se acentuó esta última semana. El concejal oficialista Agustín Neme publicó en redes una nota televisiva a una manifestante que aseguraba que el coordinador local del Instituto Provincial de Viviendas les mostraba un plano y señalaba qué tierras podían “tomar”. Mariano Zurita, el funcionario en cuestión, negó esas acusaciones y anticipó que de ser necesario iniciará acciones legales por calumnias e injurias.

La Cámara de Apelaciones dispuso que la ejecución de la medida se lleve adelante con estricto cumplimiento de las disposiciones del “Protocolo de actuación frente a ocupación de inmuebles por grupos numerosos de personas en situación de vulnerabilidad”. E insta a que se avance en “tratativas de carácter conciliatorio” para buscar una salida alternativa a la opción de uso de fuerza pública.