Un mal panorama para Juan Orlando Hernández en Estados Unidos

Emily Palmer and Kirk Semple
·7  min de lectura
Geovanny Fuentes Ramírez (U.S. District Court/The New York Times)
Geovanny Fuentes Ramírez (U.S. District Court/The New York Times)

El presidente de Honduras fue uno de los protagonistas de un juicio relacionado con narcotráfico en Nueva York, pero pocos analistas piensan que tendrá un gran impacto en un país sumido en la corrupción.

Recibió maletines llenos de dinero. Celebró reuniones clandestinas con narcotraficantes en una fábrica de arroz. Intentó invertir en un laboratorio de cocaína. Prometió inundar Estados Unidos de drogas. Y todo esto lo hizo mientras se postulaba al cargo más alto de Honduras.

Estas fueron algunas de las acusaciones que se hicieron sobre el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, en un tribunal federal de Nueva York este mes.

Hernández, quien ha negado repetidamente cualquier asociación con narcotraficantes, no estaba siendo juzgado en el caso y no ha sido acusado de ningún delito. Más bien, Geovanny Fuentes Ramírez, ciudadano hondureño, era el acusado; él fue condenado el lunes por todos los cargos, que incluyen conspiración para el tráfico de cocaína y posesión de armas.

Pero las pruebas presentadas en el tribunal durante dos semanas proporcionaron una punzante evaluación del presidente, cuyo fracaso en la construcción de un Estado de derecho y una economía robusta por parte del gobierno ha contribuido a que cientos de miles de ciudadanos desesperados emigren en los últimos años, la mayoría de ellos tratando de llegar a Estados Unidos.

Además de sumarse a un creciente cúmulo de pruebas reunidas por los fiscales federales en los últimos años que presentan a Hernández como un actor clave en la industria del narcotráfico en Honduras.

Los procedimientos han llevado a los analistas a creer que los cargos formales contra el propio Hernández no están lejos.

“Es un clavo más en su ataúd”, dijo Eric L. Olson, director de políticas de la Fundación Internacional de Seattle y experto en América Latina. “Pero más que lo que esto significa para Juan Orlando, esto envía otro mensaje al pueblo de Honduras de que no hay futuro para ellos, y de qué sirve quedarse ahí”.

El remolino de acusaciones de corrupción en torno a Hernández lleva años acumulándose.

En 2017, los observadores internacionales documentaron numerosas irregularidades en su elección para un segundo mandato, lo que provocó semanas de protestas violentas en todo el país. La oposición también dijo que no debería haber estado en la boleta electoral en primer lugar, y argumentó que Hernández había llenado injustamente la Corte Suprema con sus partidarios, que luego eliminaron la prohibición constitucional a la reelección.

Más recientemente, los fiscales federales de Estados Unidos han tratado de demostrar que el presidente construyó una relación simbiótica con los narcotraficantes que proporcionaron apoyo financiero para su ascenso político a cambio de protección contra procesos judiciales.

En 2019, Hernández figuró como un “coconspirador” no nombrado, pero claramente identificable en el procesamiento de su hermano, Tony Hernández, quien fue condenado en un tribunal federal de Nueva York por cargos de narcotráfico y que será sentenciado la próxima semana.

Estas acusaciones formuladas por los abogados del gobierno estadounidense a lo largo de los años han supuesto un contraste evidente con el continuo apoyo político de Estados Unidos a Hernández, nombrándose a sí mismo como un socio dispuesto a colaborar en el esfuerzo por frenar el flujo de migrantes hacia la frontera entre México y Estados Unidos.

En su testimonio durante el juicio de este mes, Devis Leonel Rivera Maradiaga, quien alguna vez dirigió una violenta banda de narcotraficantes llamada Los Cachiros, declaró que en 2012 entregó 250.000 dólares en efectivo a Hernández —transfiriéndolos a través de la hermana del presidente, Hilda Hernández— a cambio de la promesa de que no sería detenido ni extraditado a Estados Unidos. Hernández, en ese momento, se postulaba a la candidatura presidencial de su partido.

Otro testigo, un contador hondureño que declaró con el pseudónimo de José Sánchez, dijo que fue testigo de cómo Hernández aceptaba sobornos de Fuentes y negociaba el acceso al laboratorio de cocaína del narcotraficante durante reuniones en las oficinas de Graneros Nacionales, el mayor productor de arroz de Honduras.

“No podía creer lo que veía”, dijo Sánchez sobre un encuentro en 2013, cuando Hernández se presentaba como candidato a la presidencia por su partido. “Veía al candidato presidencial reunirse con un narcotraficante”.

Sánchez relató que en esas reuniones Hernández recibió dos veces sobornos de dinero en efectivo metidos en maletines: uno con 15.000 dólares y el otro con 10.000 dólares. El contador dijo que se encargó personalmente de contar el dinero en efectivo: billetes de 20 dólares envueltos en ligas elásticas.

Sánchez, quien huyó del país y ha pedido asilo en Estados Unidos, también dijo que escuchó a Hernández asegurar a Fuentes que planeaba cancelar el tratado de extradición con Estados Unidos, haciendo a sus socios “intocables”.

“Luego tomó un sorbo de su bebida”, dijo Sánchez sobre Hernández. “Y dijo: ‘Vamos a meter la droga en las narices de los gringos, y nunca se van a enterar’”.

Un fiscal dijo durante las declaraciones finales que la relación entre Fuentes y Hernández era tan importante para ambos que Fuentes siguió sobornando al presidente a cambio de protección hasta 2019.

Las pruebas presentadas durante el juicio y la “disposición” de los fiscales “a aludir explícitamente a su culpabilidad, sugieren que Hernández está muy en la mira del gobierno”, dijo Daniel Richman, profesor de la Escuela de Derecho de Columbia.

Hernández ha negado las acusaciones de corrupción formuladas contra él, y ha argumentado que los testimonios en el caso Fuentes, al igual que en el juicio de su hermano, proceden de testimonios falsos que intentan castigarlo por sus esfuerzos para limpiar Honduras del narcotráfico.

Momentos después de que el jurado emitiera su veredicto el lunes, Hernández fue a Twitter para defenderse, y citó lo que llamó una “reducción sin precedentes del 95 por ciento” en el tráfico de drogas en Honduras.

El juicio se desarrolló en Honduras con el telón de fondo de las campañas presidenciales y parlamentarias, que han puesto de relieve hasta qué punto la corrupción abruma al sistema político. Varios de los candidatos que compitieron en las primarias del 14 de marzo estaban siendo investigados o eran sospechosos de corrupción. Y aunque todavía se están contando los votos, el favorito para ser el candidato del Partido Liberal, uno de los dos principales partidos políticos de Honduras, salió de una prisión estadounidense en agosto tras cumplir tres años de condena por lavado de dinero.

El hermano de Fuentes, Cristhian Josué Fuentes Ramírez, a quien los fiscales también han acusado de narcotráfico, es candidato al Congreso.

Pero la corrupción está tan arraigada en la sociedad, y Hernández es tan ampliamente despreciado por los hondureños, que las últimas acusaciones contra él probablemente tendrán poco impacto en su ya dañada reputación o en el funcionamiento del gobierno, según los analistas.

“Uno pensaría que se vería perjudicado por estas acusaciones, pero hay tantas sombras sobre la legitimidad de su presidencia y aún así ha podido mantener el cargo”, dijo Charles Call, profesor asociado de paz y resolución de conflictos en la American University de Washington.

Hernández, dijo el profesor, ha sido capaz de consolidar el poder en el gobierno, entre otras cosas, destituyendo a los jueces de la Sala Constitucional de la Corte Suprema y sustituyéndolos por sus aliados.

Él y su partido han sido capaces de controlar “todos los órganos principales del gobierno”, dijo Call, quien dirigió un equipo de investigadores que supervisó una comisión anticorrupción hondureña antes de que el presidente la disolviera. “Eso es lo que le permite sobrevivir a pesar de esta larga evidencia de participación en actividades delictivas”.

Tras el veredicto de esta semana, los hondureños expresaron una sensación de cansancio con el tipo de corrupción que había salido a la luz durante el caso, y un cinismo generalizado de que algo fuera a cambiar en el país como resultado.

“No vivimos en un Estado de derecho”, dijo Edwin Kelly, de 35 años, un analista de datos de La Ceiba, Honduras.

Las revelaciones del juicio podrían impulsar aún más a los migrantes hacia Estados Unidos.

El impulso para el creciente número de migrantes que abandonan Honduras en los últimos años ha incluido una serie de factores, como la inseguridad y la pobreza, dijo Olson, de la Fundación Internacional de Seattle.

“Pero hay una metahistoria, que es el fracaso del gobierno”, dijo. “Tenemos que dar a la gente de Centroamérica una sensación de esperanza. Y eso comienza con la lucha contra la corrupción y el fin de este ridículo robo del futuro de los hondureños”.

Kirk Semple es un corresponsal de The New York Times que cubre México, Centroamérica y el Caribe. Está basado en Ciudad de México. @KirkSemple

This article originally appeared in The New York Times.

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