México, entre los países con más desafíos para hacer frente a la degradación ambiental y la crisis climática

El paso del huracán Otis en el puerto de Acapulco, Guerrero, y la falta de avances en la reubicación de la comunidad de El Bosque en Tabasco ante la subida del nivel del mar evidencian que México enfrenta desafíos para la degradación ambiental y la crisis climática, resultado del calentamiento global, de acuerdo con el Índice de Impunidad Ambiental Latinoamérica 2023, que evaluó la capacidad de 33 países de la región para enfrentar los riesgos, la vulnerabilidad y los daños ante un desastre natural.

Los efectos del inminente aumento en la temperatura global llevaron a analizar si las políticas públicas en materia ambiental y crisis climática empatan con el potencial de destrucción en infraestructura, pérdida de fuentes de empleo y de vidas humanas, animales y vegetación que las sociedades enfrentarán en un futuro inmediato, como sucede ahora en Acapulco.

El informe Índice de Impunidad Ambiental Latinoamérica 2023 de la Universidad de las Américas Puebla, midió los niveles de impunidad ambiental de 33 países en la región donde el crecimiento económico y la protección del medioambiente prevalecen con contradicciones.

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Los países en Latinoamérica se caracterizan por contar con una amplía biodiversidad reconocida en el mundo. Ejemplo de esto son México, Colombia, Ecuador, Perú y Brasil que, mundialmente, son catalogados como países ‘megadiversos’. Sin embargo, en materia de justicia ambiental la evaluación de este reporte los coloca con deficiencias en el acceso a mejores condiciones ambientales. 

De acuerdo con la plataforma Biodiversidad Mexicana, de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), para que un país tenga la categoría “Megadiverso” debe contar con, al menos, 5 mil especies endémicas de plantas, diversidad de especies, diversidad de niveles taxonómicos superiores  como: géneros, familias, entre otros, y diversidad de ecosistemas, incluyendo la presencia de ecosistemas marinos y de selvas tropicales.

Aunque los países de la región Latinoamericana son ricos por sus recursos naturales y diversidad cultural, el informe del Índice de Impunidad Ambiental señala que la región también lidera conflictos socioambientales, deforestación y altos niveles de desigualdad socioeconómica y exclusión social, lo que la hace altamente vulnerable a la crisis climática y la degradación ambiental. 

De acuerdo con las personas investigadoras que fueron parte de este informe, Celeste Cedillo González, Juan Antonio Le Clercq Ortega, Azucena Cháidez Montenegro y el resto del equipo que conformó la investigación, señalan que medir comparativamente la impunidad ambiental de estos 33 países evaluados permite comprender las brechas que existen en la capacidad institucional, el acceso a la justicia, la voluntad política para proteger el medioambiente por parte de los gobiernos y el respeto a los derechos ambientales de los más vulnerables.

Ricos en naturaleza, pobres en justicia ambiental

Para analizar la injusticia ambiental en medio de la crisis climática mundial, se debe partir de los impactos generados por la actividad humana en los ecosistemas, esto implica nombrar a las víctimas y afectados ambientales, a grupos de la población vulnerables que aumentan por condiciones socioeconómicas, desequilibrios de poder o exclusión a la justicia formal. 

Además, involucra prácticas económicas extractivas y proyectos de desarrollo que violan los derechos ambientales y la integridad de territorios comunitarios e indígenas. 

Esto deriva en daños socioambientales irreversibles o reversibles pero sólo a largo plazo ya que, con el aumento en la temperatura global se pone en riesgo el incremento y la vulnerabilidad de las comunidades.

De acuerdo con los resultados en el informe, de los 33 países que fueron analizados por el Índice de Impunidad Ambiental Latinoamérica 2023, sólo 15 de estas naciones obtienen un resultado superior al promedio, es decir, que su desempeño ambiental es intermedio y presentan desafíos estructurales y funcionales para lograr los objetivos medioambientales que permitan a la región hacer frente a la degradación ambiental y la crisis climática.

El índice de Impunidad Ambiental arrojó un resultado máximo de 64.76 puntos y mínimo de 46.09 puntos, mientras que el promedio se ubica en 54.86 puntos.

Para analizar las problemáticas comunes y niveles comparables de impunidad ambiental, el grupo de especialistas de la Universidad de las Américas Puebla identificó tres grupos para determinar un nivel de impunidad media baja, impunidad media alta e impunidad alta entre los países.

En el grupo de ‘Impunidad media baja’ se encuentran 11 países. Este grupo cuenta con 4 puntos por encima del promedio, es decir, que tienen los menores niveles de impunidad, pero esto no implica que se defina como impunidad ambiental baja.

Este grupo presenta 64.76 puntos del índice, es decir, el mejor nivel, según señalan especialistas del informe y cuenta con países como Chile, Ecuador, Costa Rica, Colombia, Argentina, República Dominicana, Uruguay, Bolivia, Perú, Nicaragua y Panamá. 

El grupo de ‘Impunidad media alta’ también se conforma por 11 países cuyo resultado va de los 3 puntos por encima o por debajo del promedio general, es decir, se encuentran entre los 56.91 hasta 51.42 puntos. 

En él se encuentran países como Venezuela, México, Dominica, El Salvador, Brasil, Cuba, Guyana, Saint Kitts y Nevis, Guatemala, Bahamas y Barbados. 

Finalmente, el tercer grupo que tiene una evaluación de ‘Impunidad alta’, es decir, sus niveles de impunidad alejan a los países de esta terna de manera negativa del promedio, desde 50.68 y hasta 46.09 puntos, siendo la puntuación más baja de la escala.

En esta categoría se encuentran Honduras, Santa Lucía, Jamaica, Antigua y Barbuda, Belice, Paraguay, Granada, Haití, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago y Surinam.

El análisis sobre la capacidad institucional para manejar la crisis climática, se caracteriza por tener los valores más bajos del Índice donde Bolivia con 58.8 puntos, México con 56.6 puntos y Brasil con 54.97 puntos tienen el mejor desempeño; mientras que, Haití con 14.71 puntos, San Vicente y Trinidad con 13.27 puntos y Tobago con 8.41 puntos cuentan con el valor más bajo.

Estos datos representan una advertencia sobre los altos niveles de vulnerabilidad a los que están sujetos los países de la región ante las limitadas capacidades institucionales y las dificultades para implementar una política ambiental efectiva que garantice mecanismos de seguridad y justicia ambiental. 

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“América Latina es una región increíblemente desigual hacia su interior y esto tiene un impacto directo en los efectos sociales de la crisis ambiental”, se lee en el informe.

Degradación ambiental y crímenes ambientales: México en los últimos lugares para atender la crisis climática

La dimensión de la degradación ambiental también forma parte de las ternas evaluadas en el índice de Impunidad Ambiental en la región Latinoamérica donde los países pequeños tienden a tener un mejor desempeño. 

En este grupo se encuentran Dominica con 71.54 puntos, Panamá con 70.92 puntos y San Vicente con 70.21 puntos se encuentran mejor posicionados; mientras que, países como Brasil con 53.95 puntos, Barbados con 52.9 puntos y México con 45.35 puntos se ubican en los últimos lugares.

Los resultados anteriores muestran que las naciones con mayor extensión, población y tamaño de su economía, como Bolivia, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil y México, se encuentran entre los ocho peor evaluados. En el caso de Colombia, que cumple con estas características, sólo se encuentra un par de puntos por encima del promedio, es decir, 62.54 puntos. 

Estas cifras señalan que los países con mayores capacidades no necesariamente pueden hacerlas funcionar con efectividad para proteger el medioambiente y garantizar plenamente el derecho a su disfrute. Demuestran, además, que cuentan con poca capacidad para incorporar a las poblaciones indígenas más vulnerables.

Respecto al análisis de crimen ambiental en la región, especialistas que realizaron este índice, señalan la necesidad de “interpretar con prudencia” los resultados en esta fracción ya que la información suele ser desigual e inconsistente entre casos y no es descartable que involucre prácticas de subreporte de información y altos niveles de cifra negra o delitos no denunciados. 

En este grupo países como Dominica con 99.28 puntos, St. Kitts con 97.26 puntos y Jamaica 94.21 puntos obtienen los mejores resultados. Contrario a estas naciones, se encuentra Colombia con 62.42 puntos, México con 51.48 puntos y Brasil con 48.54 puntos lo que se traduce en contar con el peor desempeño.

Estos resultados son un llamado a los gobiernos de la región para comenzar a tomar en serio las actividades relacionadas con el crimen ambiental y, al mismo tiempo, generar mejores acciones que protejan a la población y los derechos ambientales, así como desarrollar sistemas de información pública abierta que permitan medir el fenómeno y actuar de forma temprana y efectiva.

Aunque el 42.4 % de los países de Latinoamérica firmó y ratificó el Acuerdo de Escazú, como México, el cuál se caracteriza por ser una acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe; en contraparte, el  91 % de los países no cuenta con procuradurías y fiscalías ambientales nacionales.

Como parte de los resultados, las personas investigadoras en el Índice señalan que, desafortunadamente, los países de la región no cuentan con las capacidades institucionales para enfrentar las amenazas que se desprenden de la crisis ambiental y climática, esto advierte que los niveles de riesgo y vulnerabilidad para la población en los países de Latinoamérica son muy altos.