Yahoo Noticias México abandona estrategia de reducción de daños dirigida a consumidores de drogas; criminaliza y castiga: expertas
El 4 de octubre de 2019, el termómetro marcaba 21 grados en el cruce fronterizo de Mexicali, una temperatura suave para una de las ciudades más calurosas de México. Bianca, una mujer en situación de calle y usuaria de sustancias, aguardaba a su pareja, Antonio, cuando el agente Fermín, de la Policía Municipal, se le acercó con la excusa de una revisión. Sin mayores explicaciones, fue puesta a bordo de una patrulla y trasladada, por la fuerza, a un centro de tratamiento para consumidores de drogas.
Al no encontrar a Bianca, Antonio recorrió varias comandancias y la Agencia del Ministerio Público local en busca de respuestas, pero no pudo obtener información sobre su paradero. Dos meses después, esta pareja de jóvenes se reencontró en el centro de Mexicali.
Fue entonces cuando Bianca le narró que, durante su internamiento, no recibió ningún tratamiento de salud para atender las afectaciones que las drogas han ocasionado en su organismo, para revertir su adicción o para reducir los daños futuros de dicho consumo, sino que, por el contrario, sólo fue víctima de abusos físicos y psicológicos, confinada en condiciones insalubres y siempre en contra de su voluntad.
Bianca sólo pudo escapar de ese lugar porque el personal del centro de “rehabilitación” en el que estaba privada de la libertad intentó trasladarla a San Luis Potosí (sin saber ella cuáles eran sus intenciones), pero la camioneta se descompuso cuando transitaban por el estado de Sinaloa, lo que le brindó la oportunidad de huir en un descuido de sus captores.
La joven pudo regresar a su natal Mexicali gracias a la ayuda de conductores que aceptaban llevarla por algunos tramos.
Terapias de castigo ante la falta de una política pública
El de Bianca es uno de los cuatro casos documentados por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de personas consumidoras de drogas que han sido privadas de la libertad por autoridades de Baja California para someterlas a terapias de castigo, ante la falta de una política pública nacional orientada a la reducción de daños, así como de un plan de reintegración que contemple las necesidades sociales, psicológicas y físicas de los consumidores, especialmente en el norte de México, en donde el contacto fronterizo con Estados Unidos ha vuelto más factible el acceso a sustancias cada vez más adictivas.
De acuerdo con la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC) las políticas de reducción de daños buscan minimizar los riesgos asociados al consumo de sustancias psicoactivas sin exigir abstinencia. Basada en el respeto a los derechos humanos, promueve la dignidad y la no criminalización de los usuarios mediante educación, supervisión del personal de salud y participación de la sociedad civil. Las acciones incluyen detección de infecciones, uso de equipo seguro, prevención de sobredosis y tratamientos asistidos.
Tal como advierte la organización Verter AC, cuyo trabajo se centra en la reducción de daños relacionados con el consumo de drogas inyectadas y que sostiene en Mexicali la única sala para uso controlado de sustancias para mujeres en Latinoamérica, el gobierno reconoce esta atención, pero no la práctica, por el contrario, se criminaliza a las personas consumidoras, en vez de atenderlas bajo la perspectiva de reducción de daños, sometiéndolas a persecución, encierro y castigos. No se disminuye el uso de drogas ni se previene su uso, más bien aumenta su consumo ya que “las personas que pasan por períodos forzados de abstinencia suelen recaer una vez que son liberadas”, explica Lourdes Angulo, directora de esta agrupación.
En el último lustro, Verter acompañó a 20 personas consumidoras que fueron sometidas a tratos vejatorios por la autoridad, cuya denuncia derivó en la Recomendación 5/2022 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC), que instó a las autoridades a tomar medidas contra las detenciones arbitrarias y la internación involuntaria de personas en supuestos centros de rehabilitación. Esta política persecutoria se ha agravado, luego de que aumentó en México la disponibilidad de sustancias cada vez más adictivas, como la heroína y la metanfetamina, adicionados con fentanilo y ahora con xilacina (un sedante veterinario).
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Desde 2018, Verter y otras organizaciones alertaron a las autoridades sobre el incremento del consumo de fentanilo en la frontera norte del país, pese a ello, durante el sexenio pasado el gobierno federal no sólo minimizó la problemática, sino que, incluso, negó la producción y distribución de esta droga en el país.
Según Lourdes Angulo, esta negativa oficial a reconocer el incremento del consumo y a generar una política de atención basada en la reducción de daños empeoró la situación de riesgo para los consumidores en la frontera norte del país, ya que las personas que son liberadas de centros de tratamiento basados en la abstinencia forzada corren más riesgo de sobredosis al ser expuestas a un contexto de mayor disponibilidad de drogas como el fentanilo, en un momento en el que la abstinencia ha reducido su tolerancia a estas sustancias.
Además, explica Lilia Pacheco, directora operativa de Prevencasa, una organización dedicada a la reducción de daños en la Zona Norte de Tijuana, la política persecutoria aplicada a través de fuerzas seguridad pública y Fuerzas Armadas que desempeñan labores policiacas genera también un aumento en las muertes evitables por sobredosis, ya que los testigos de estas situaciones frecuentemente evitan llamar a los servicios de emergencia por miedo a la intervención de las fuerzas de seguridad.
Política de drogas, con enfoque prohibicionista y militarizado
Tal como explica la especialista Lilia Pacheco, el enfoque prohibicionista y militarizado en la política de drogas lanzado durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) impidió el acceso a México de tratamientos adecuados no sólo para reducir el consumo de las personas con adicción a drogas, sino también la aplicación de tratamientos médicos de emergencia, que permitieran salvar la vida de personas con cuadros de sobredosis, como el uso de naloxona y otros medicamentos que revierten la intoxicación por opioides.
La ausencia de tratamientos para evitar las muertes por sobredosis deriva de la falta de sensibilidad y empatía de las autoridades hacia la población consumidora, mismas que quedaron en evidencia el 11 de abril de 2023, cuando el expresidente López Obrador se manifestó en contra del uso de la naloxona para evitar la muerte de usuarios con sobredosis, ya que, afirmó, eso sólo “prolongaría la agonía” de las personas usuarias.
Estas declaraciones, explican las especialistas, restan importancia a la intervención médica esencial e ignoran el derecho a la salud y a la vida de quienes sufren adicciones.
Debido a esta situación, México alcanzó en 2022 el mayor número de muertes relacionadas con consumo de sustancias psicoactivas, con 3,288 casos.
De acuerdo con Pacheco, de Prevencasa, tanto la población como las autoridades interpretan las medidas de reducción de daños como una promoción del consumo, pero eso es un error. Lo que en realidad busca esta perspectiva de atención es reducir las consecuencias individuales y sociales de las adicciones, desincentivando las prácticas más inseguras asociadas al consumo.
“Cambios sin cambio”
El 30 de enero de 2019, el expresidente López Obrador declaró el fin de la guerra contra el narcotráfico, es decir, de la estrategia de combate a las drogas basada en el despliegue de las Fuerzas Armadas dentro del territorio nacional iniciada en el año 2007, y en mayo del mismo año presentó la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones, enfocada, supuestamente, en abordar las causas sociales de la violencia a través de la educación y la salud.
No obstante, aunque en el discurso oficial se anunciaba una política de pacificación, en realidad, el número de militares desplegados en el país para labores policiacas llegó a 120,000 elementos de la Guardia Nacional, 165,000 de Sedena y 80,000 de la Marina (Semar), tal como se desprende del informe “La otra militarización”, de la organización civil México Evalúa.
En este contexto, el 11 de agosto de 2024, en Tecate, Baja California, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano aseguraron 8.9 kilos de presunto fentanilo ocultos en un vehículo. Un binomio canino detectó los paquetes durante una inspección. El conductor fue detenido, informado de sus derechos y puesto a disposición del Ministerio Público.
Esta política de combate militarizado contra las drogas, detalla Lilia Pacheco, no sólo genera mayor violencia social, sino que estigmatiza a las personas usuarias de sustancias y las desalienta a buscar atención médica, ya que son tratadas como delincuentes, en lugar de individuos que necesitan apoyo.
“Cuando hay militarización en las calles de la frontera norte lo que sucede es que las personas se desmotivan para buscar servicios de salud”, explica.
Esta desmotivación, advierte, no sólo incrementa los índices de consumo de drogas, sino que también impide acceder a otros servicios de salud como tratamientos para VIH, hepatitis o programas de acceso seguro a materiales estériles para el consumo, que les permitan prevenir infecciones.
Lilia Pacheco enfatiza: “Las personas necesitan acudir a estos espacios, ya sea los que se ofrecen en organizaciones civiles o en el sistema de salud pública, pero al ver a un policía o un soldado, se sienten limitadas para transitar por la ciudad. Son presas fáciles de detenciones arbitrarias por el mero hecho de circular. Esto provoca un incremento en las detenciones, por el solo hecho de ser percibidos por la autoridad como potenciales infractores, lo que ha provocado un deterioro en el bienestar de las comunidades vulnerables, alejándolas aún más de los servicios que tanto necesitan”.
Angulo insiste en la necesidad de tratamientos que respeten los derechos y la voluntad de los individuos. “Es crucial implementar enfoques integrales que mejoren las tasas de éxito en la recuperación y eviten la criminalización de quienes enfrentan adicciones”, concluye. La clave, según su visión, radica en un enfoque humano y comprensivo, capaz de transformar la forma en que la sociedad aborda la adicción y el tratamiento de las personas en situación de vulnerabilidad.
Pacheco explica que, en países como Canadá y Estados Unidos, el gobierno financia programas comunitarios como los Programas de Intercambio de Jeringas (Syringe Exchange Programs, SEP), que son ampliamente reconocidos por su efectividad en la reducción de enfermedades relacionadas con el uso de drogas inyectables.
Desde Baja California, Ángulo, de Verter, dice que sus programas ofrecen un espacio seguro donde, bajo supervisión, personas—especialmente mujeres—pueden consumir sustancias de forma segura.
Ante la llegada de una nueva administración federal, encabezada desde el 1 de octubre por la presidenta Claudia Sheinbaum, “es esencial que el nuevo gobierno abra el diálogo sobre la Política Nacional de Drogas y considere la necesidad urgente de un presupuesto para la reducción de daños”, señala Ángulo.
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Adriana Muro, directora de Elementa, subraya una prioridad clara para México: la desclasificación de la naloxona de la Ley General de Salud. La actual categorización de la naloxona como psicotrópico implica un control estricto sobre su distribución, limitando su acceso a instituciones autorizadas y complicando su disponibilidad en situaciones de emergencia. “Es el antídoto que salva vidas ante las sobredosis”, recalca en entrevista.
Además, advierte sobre la insuficiencia en la disponibilidad de tratamientos como la metadona y buprenorfina, medicamentos utilizados para reducir el consumo de opioides, siempre que se administren en dosis suficientes y durante un tiempo adecuado.
Un informe de la CONASAMA sobre la demanda y oferta de fentanilo en México revela que entre 2013 y marzo de 2024 se registraron 5,901 urgencias médicas relacionadas con el uso de opioides. Las entidades más afectadas fueron Baja California, Ciudad de México y Sinaloa. Además, se reportaron 114 fallecimientos por opioides en el país entre 2013 y 2022, con 22 casos en Chihuahua, 38 en Sonora y 28 en Baja California.
Baja California capacita a policías y bomberos para atender sobredosis de opioides
Recientemente, el 24 de octubre de 2024, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, presentó una estrategia trilateral para abordar el consumo de fentanilo, en colaboración con expertos de Estados Unidos y Canadá. Esta iniciativa se centra en tres ejes: Prevención y Detección Oportuna, Acción Terapéutica de Campo y Justicia Terapéutica.
Como parte de la estrategia se capacitarán a 40 policías y bomberos en el uso de Naloxona Intranasal, un medicamento que puede revertir las sobredosis, posicionando a Baja California como el primer estado en implementar esta medida. La Justicia Terapéutica propone remitir a personas con delitos menores y bajo influencia de drogas al Sector Salud para su rehabilitación en lugar de encarcelarlas.
Esta capacitación se basa en una colaboración entre la Universidad de Victoria en Canadá, liderada por el Dr. Jaime Redondo, y el Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California, bajo la dirección del Dr. Víctor Salvador Rico Hernández y cuenta con el respaldo de la embajada de Estados Unidos.
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Estas acciones retoman los esfuerzos de Prevencasa, que anteriormente ya ha capacitado a policías para manejar casos de sobredosis, “Convencimos a alrededor de 60 policías para que tomaran el curso”, señala Pacheco. Aunque estas capacitaciones se llevaron a cabo de manera individual y no como parte de las acciones oficiales de la policía.
En la presente iniciativa se ha decidido que el Instituto de Psiquiatría de Baja California será el encargado de las formaciones futuras.
Pacheco también menciona que bajo está iniciativa pretenden cambiar la clasificación de la naloxona de psicotrópico a un estatus que solo requiera receta médica, facilitando su disponibilidad. “La reducción de daños se quedó fuera de la agenda nacional cuando entró el gobierno de López Obrador; ya no se destinan recursos”, señala Pacheco, quien enfatiza la falta de programas de reducción de daños en México.
Finalmente, Lilia Pacheco indica que “aunque el gobierno diga que sí hay reducción de daños en México, porque sí, dicen en la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC) que hay algunas cosas que se ofrecen, todas estas están basadas en la abstinencia, cuando la reducción de daños debería estar basada en acciones para las personas que no pueden o no quieren dejar de consumir”.
De acuerdo con Pacheco, aunque en CONADIC y los Centros de Integración Juvenil (CIJ) existen programas como la metadona y los centros de medio camino, toda la terapia “persigue la abstinencia”. Así, aunque el gobierno implementa algunas iniciativas, como la compra limitada de jeringas por parte de CIJ, esta acción, según la experta, “no tiene ningún impacto”.
El suministro de jeringas, continúa, resulta insuficiente y poco adecuado. “Nos traen 90 kits al mes… se me van en un día”, afirma. Además, recalca que las jeringas incluidas en estos kits frecuentemente son de mala calidad y, por ende, inadecuadas para las necesidades de las personas usuarias de sustancias, obligándolas a utilizarlas solo en ausencia de otras opciones.
La experta también asegura que no se vislumbra algún programa estatal o federal de intercambio de jeringas y resalta un vacío en la distribución de naloxona; así como la urgencia de destinar recursos específicos para la prevención y atención de sobredosis.
