Lo que debes saber sobre la consulta anticorrupción

Por: Cielo Rusinque/Especial para Yahoo

El próximo 26 de agosto los colombianos estamos convocados a participar en una consulta popular sin precedentes para apoyar siete mandatos ciudadanos contra la corrupción. Se trata de una propuesta abanderada por el Partido Verde que cumplió con los requisitos legales determinados para poder realizarse: la recolección de más de 4 millones de firmas ciudadanas de apoyo (equivalentes a más del 10% del censo electoral), la aprobación del Senado y el Decreto Presidencial que convoca a votarla.

El gran respaldo político que al inicio de la campaña fue manifestado por los diferentes sectores políticos a favor de la consulta prometía que se lograrían obtener los votos suficientes para que ella fuera aprobada. Sin embargo el actual panorama político no parece ser el mismo que el previo a elecciones, por varias razones:

1) El Presidente Iván Duque manifestó su apoyo a la Consulta, pero radicó recién posesionado tres iniciativas legislativas contra la corrupción que a primera vista parecerían quitarle su razón de ser.
2) El Presidente del Congreso, Ernesto Macías, manifestó que votará la consulta, pero que no la promoverá por considerar que no es lo que el país necesita.
3) El líder colombiano con mayor capacidad de influencia en el electorado colombiano en los últimos años, Álvaro Uribe Vélez ha decidido adelantar una campaña política en contra de la consulta.
4) Algunos sectores independientes, por razones diversas, se han movilizado en contra de la iniciativa.
5) Existe una campaña de desinformación en contra de la consulta.

Los detractores de la Consulta argumentan en términos generales:

1) Que se trata de un gasto público innecesario, inútil y en el mejor de los casos ineficaz en caso de prosperar, pues no tendría ningún efecto práctico ni vinculante sino meramente simbólico.
2) Que los proyectos de ley promovidos por el actual Presidente son la vía idónea y llamada a prosperar para controlar el fenómeno de la corrupción. 3) Que lo que se propone en la Consulta ya está determinado en la ley.
4) Que es un instrumento amañado de campaña de la exsenadora Claudia López (su principal promotora) para ir abonando y midiendo el terreno de su candidatura a la Alcaldía de Bogotá.

Sin embargo, el fracaso de ocho iniciativas legislativas contra la corrupción por falta de voluntad política, junto al hecho de que uno de los mandamientos de la Consulta sea bajar los salarios a altos funcionarios –principalmente a los congresistas–, justificarían a primera vista el agotamiento de esta vía. Por lo demás, la Consulta popular tiene efecto vinculante, su legitimidad y fuerza impositiva derivan de la exigencia de un mayor nivel de participación ciudadana.

En efecto, se trata del mecanismo de participación política con el umbral más alto, pues exige la participación de la tercera parte del censo electoral y, según lo establece la ley, los mandatos aprobados por esta vía deberán ser tramitados como leyes en el Congreso en el plazo de un año, o en caso contrario, el Presidente quedaría facultado para expedirlos mediante decreto.

Los mandatos puestos a consideración de los colombianos son:

1) Reducción del salario a Congresistas y altos funcionarios.
2) Cárcel a los corruptos sin beneficios de reclusión con condiciones especiales y prohibición de volver a contratar con el Estado.
3) Contratación transparente obligatoria en todo el país.
4) Audiencias públicas con participación ciudadana para decidir cómo invertir el presupuesto.
5) Obligatoriedad de la rendición de cuentas, de asistencia, gestión y votación de los congresistas.
6) Hacer públicas las propiedades e ingresos injustificados de políticos elegidos y extinguirles el dominio.
7) Límite de máximo tres periodos para ser elegido en cargos de elección popular.

Ahora bien, ni la consulta, ni ninguna ley pueden garantizar en sí mismas la eficacia en la regulación de ninguna cuestión social. La Consulta Anticorrupción constituye sin embargo una iniciativa novedosa que ofrece a los ciudadanos una oportunidad única de participar activa y mancomunadamente en la construcción de dispositivos concretos para luchar contra uno de los peores flagelos que aquejan la sociedad colombiana. Es además una oportunidad de ampliar el ejercicio de una democracia participativa y continua (que no se limita al voto), similar a la que se ha venido desarrollando a nivel local para pronunciarse sobre otras cuestiones de gran trascendencia, como la de la explotación minera en los diferentes territorios. Por lo demás, la convocatoria ya está hecha, los tarjetones impresos, los recursos invertidos. Se pueden votar los siete mandatos, a favor o en contra.

El desafío es grande, pues para que la consulta pueda ser aprobada se requiere de la participación de más de 12 millones de ciudadanos y cada mandato recibir un poco más de seis millones de votos.

En caso de obtener los votos requeridos, la ley no determina para los promotores de la consulta ningún beneficio económico. Asimismo la diversidad de los sectores que han apoyado la consulta imposibilitaría la recuperación política del resultado. Más allá de las consecuencias jurídicas (y su eficacia) que pueda acarrear esta decisión política de los colombianos, el 26 de Agosto se juega el primer pulso político de la composición actual post-electoral. Por una parte, la oposición que trata de unir esfuerzos para posicionarse en el próximo cuatrienio; por otra parte, un Presidente que tímidamente pareciera intentar desmarcarse de su mentor, y un expresidente-senador que seguramente sabrá capitalizar nuestros tradicionales amplios márgenes de abstención.

Con la Consulta Anticorrupción no se está definiendo el futuro de Bogotá, sino una posibilidad de un cambio para Colombia y un mensaje claro de control ciudadano para los políticos.