Llevan consulta de Presupuesto Participativo a prisiones de la CDMX; inscriben 30 proyectos para mejorar las colonias

Por primera vez desde 2010, cuando en la Ciudad de México se inició la consulta por el Presupuesto Participativo, personas que cumplen la medida cautelar de prisión preventiva, es decir, que están privados de su libertad pero que aún no han sido sentenciados, podrán participar en este ejercicio ciudadano.

Se trata de una prueba piloto que, entre otros actores, encabeza la organización CEA Justicia Social y el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), la cual se llevará a cabo en dos de los 13 centros penitenciarios de la capital del país: el Reclusorio Varonil Sur y el femenil de Santa Martha Acatitla.

Valentina Lloret, fundadora y coordinadora del área de política pública e incidencia de CEA Justicia Social, explicó que quienes participen en este ejercicio no podrán votar por los proyectos en sus colonias, pero sí podrán presentar propuestas de intervención comunitaria.

“Estamos haciendo esto porque consideramos que el hecho de que una persona esté privada de la libertad no tendría que significar un proceso de exclusión de ciertos derechos, ni de la vida pública. Estas personas eventualmente regresarán a sus comunidades (…) por lo que generar estos procesos de exclusión afectan sí, a la persona privada de la libertad, pero al final de cuentas también afecta a su familia”, detalló Lloret.

La experta aseguró que buscan construir contextos pacíficos y generar procesos de reinserción social exitosos para que la gente pueda retomar su vida.

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Esta prueba piloto consistió en dos etapas fundamentales: la primera enfocada en la impartición de talleres de educación cívica y Presupuesto Participativo, para que las personas que quisieran realizar el ejercicio supieran en qué consiste esta herramienta de participación ciudadana.

El segundo paso fue inscribir sus proyectos, de la mano con el IECM, para que sean sometidos a una revisión de factibilidad y en caso de resultar positivos, puedan ser votados.

Mauricio Huesca, consejero del IECM, explicó que al momento de planear cuál sería el proceso para que las personas en prisión preventiva pudieran participar en este ejercicio advirtieron que no podían votar porque muchos de ellos no cuentan con su credencial de elector, ya sea porque no la tienen o porque incluso el mismo centro de readaptación las tiene en su poder, así que concluyeron que su participación se centraría en la primera fase de la consulta la cual tiene que ver con la presentación de los proyectos.

“Que este ejercicio les genere identidad, compromiso con su comunidad; y que cuando ellos regresen a sus domicilios puedan ver materializados sus proyectos en caso de que ganen y vean cómo incidieron positivamente en su comunidad”, dijo el consejero.

Quieren Presupuesto Participativo para seguridad y esparcimiento

En el caso del Reclusorio Sur, en donde ya concluyó la recepción de propuestas, Huesca subrayó que participaron 60 personas; y en su mayoría inscribieron proyectos de seguridad en las colonias en las que viven sus familias, así como espacios de esparcimiento para que los más jóvenes hagan deporte.

“Levantamos alrededor de 20 o 25 proyectos y advertimos que varios eran en el sentido de iluminar para darle mayor seguridad a sus entornos, instalar juegos infantiles para que los niños tuvieran la oportunidad de tener áreas recreativas en sus espacios y salieran de los vicios. También reforestación de parques olvidados en sus comunidades, es decir, hay una alta preocupación de generar condiciones que alejen del vicio y que se generen condiciones de seguridad y reconstrucción del tejido social”, dijo el consejero.

El funcionario también compartió que en el Reclusorio Sur un hombre se le acercó para decirle que él quería proponer como proyecto la apertura de talleres de oficios para que cuando recuperen su libertad aprendan carpintería o fontanería.

“Hablamos de un proceso de reinserción y una devolución a la sociedad por el daño que se presume se causó”, dijo.

Entre ambos centros penitenciarios se presentaron un total de 39 proyectos, de los cuales, 30 reunieron los requisitos mínimos para presentarse a los distritos del IECM a fin de que dictaminen la viabilidad los mismos y puedan ser sometidos a consulta el próximo 7 de mayo.

“Fue mediante la impartición de dos talleres, a los cuales asistieron un total de 59 personas, que fue posible motivar e incentivar el involucramiento de estas personas en el registro de proyectos y con ello, generar lazos para avanzar hacia la readaptación social”.

Ejercicio con Presupuesto Participativo va con miras a elecciones

Valentina Lloret, de Justicia Social, celebró la importancia de esta prueba piloto que permitirá que en los siguientes ejercicios se vayan atendiendo las áreas de oportunidad y que más adelante puedan votar para elegir a las autoridades de la CDMX y participar en las elecciones federales.

Existe una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que señala que todas las personas que se encuentran en prisión y no han sido sentenciadas tienen derecho a votar ya que se encuentran amparadas por el principio de presunción de inocencia, por lo que ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) que antes de las elecciones del 2024 implementara una primera etapa de prueba en la que se establezca “el cómo, cuándo y dónde se ejercerá el aludido derecho a votar de las personas que se encuentran en reclusión, a fin de que puedan practicar este derecho en las elecciones que se llevarán a cabo ese año”.

De acuerdo a lo que CEA Justicia Social, en coordinación con distintas autoridades han revisado, los 13 centros penitenciarios de la CDMX tienen las condiciones para  garantizar el derecho al voto.

“La Ciudad de México tiene la fortaleza como para poder hacer efectivo este derecho, entonces no tendríamos por qué pensar que la Ciudad de México de esto no se pueda hablar en 2024”, subrayó.

CEA Justicia Social, de la mano con las otras organizaciones y colectivas con las que han conformado el observatorio de elecciones y derechos políticos en prisión, darán seguimiento a las próximas elecciones en el Estado de México y Coahuila, en donde las autoridades han informado que en ambos estados cuentan con la capacidad para que personas en prisión preventiva puedan participar en la elección.

“Me siento esperanzada porque esto abre la posibilidad a una cosa fundamental que es visibilizar las situaciones que se viven en los centros penitenciarios. El hecho de que una persona pueda participar a través de su voto implica que en determinado momento sus necesidades y demandas tengan que estar en la agenda pública, en la agenda de los partidos políticos porque ese es un gran pendiente”, celebró.

Todos los proyectos serán votados el próximo 7 de mayo. En dicha elección se decidirá el destino de los 3 mil 500 millones de pesos que conforman los presupuestos participativos 2023 y 2024.