“No fue limpia ni con piso parejo”: PAN y PRD impugnan la elección presidencial

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En el día límite para impugnar la elección presidencial, los representantes del PAN y PRD ante el Instituto Nacional Electoral (INE) promovieron un Juicio de Inconformidad en contra de los comicios presidenciales, en el que piden al Tribunal Electoral valorar la interferencia del gobierno federal y del crimen organizado a la hora de declarar la validez de los comicios.

Este Juicio de Inconformidad correrá en paralelo al Juicio de Protección de los Derechos Político-Electorales de los Ciudadanos interpuesto ayer mismo por la excandidata presidencial, Xóchitl Gálvez, quien decidió no impugnar los resultados, pero sí manifestar los agravios de los que fue sujeta durante todo el proceso electoral, por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y otros actores políticos. 

El JDC promovido por Xóchitl Gálvez fue presentado desde el mediodía, y el Juicio de Inconformidad de los partidos que la postularon se ingresó a las 18:00 horas por parte de Víctor Hugo Sondón, representante del PAN ante el INE, y Ángel Ávila, representante del PRD. 

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En el recurso se establece que el proceso electoral 2023-2024 no se caracterizó por ser una elección limpia y de piso parejo, y se argumenta: “la intervención del Presidente de la República, la violencia e intervención del crimen organizado, el uso del aparato del Estado para promover la candidatura de la coalición Sigamos Haciendo Historia, tuvieron como consecuencia que, en estas elecciones, se quebrantara el sistema constitucional electoral”.

Víctor Hugo Sondón (der), representante del PAN ante el INE, y Ángel Ávila, representante del PRD.
PAN y PRD impugan elección presidencial. Foto: especial

 

¿Qué piden PAN y PRD al Tribunal Electoral sobre la elección presidencial?

Los partidos piden a las magistradas y magistrados electorales que, al declarar la validez de la elección presidencial, consideren los siguientes factores:

  1. Intervención grave y sistemática del Presidente de la República en contra de los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda.

  2. Intervención sistemática y reiterada de los titulares de los Ejecutivos locales.

  3. Intervención de la CNDH y del entonces Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar.

  4. Uso indebido del Centro Nacional de Inteligencia para ejercer violencia electoral en contra de Xóchitl Gálvez.

  5. Uso indebido de programas sociales.

  6. Coacción y compra del voto. 

  7. Violencia generalizada e intervención del crimen organizado. 

“Por estas razones pedimos a la Autoridad Jurisdiccional, de manera clara y contundente, calificar la elección presidencial verificando si se cumplieron los principios constitucionales y normas legales, si se observaron los valores fundamentales e indispensables para considerar una elección como libre, auténtica y democrática, y si prevalecieron los principios rectores de la función estatal electoral, de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad”, señalaron los partidos quejosos en un comunicado.

Piden sumar costo de mañaneras de AMLO como gasto de campaña

Además, en su Juicio de Inconformidad demandan que el Tribunal Electoral cuantifique el costo económico de las conferencias mañaneras del presidente López Obrador, para sumarlas al gasto de campaña de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Así como emitir garantías de no repetición para que ningún presidente pueda, en el futuro, intervenir de manera directa en las elecciones.

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También exigen resolver todas las quejas y denuncias que se encuentran pendientes de resolución en contra de Claudia Sheinbaum, del presidente López Obrador y de Morena, para garantizar la certeza y legitimación de todo el proceso electoral en el momento de declarar la validez del proceso y emitir la constancia de mayoría. 

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Foto: Cuartoscuro/Archivo

Preocupación por el crimen organizado

El documento ingresado por la oposición ante el INE, que deberá ser turnado a la Sala Superior del Tribunal Electoral, pone el énfasis en la intervención del crimen organizado en el proceso electoral, con más de 30 aspirantes y candidatos asesinados, y la sustitución de miles de candidaturas por renuncias obligadas de aspirantes amenazados.

“Es necesario reflexionar en qué nivel de democracia nos encontramos después de este proceso electoral… Es obligación del tribunal constitucional electoral asegurarse de emitir medidas suficientes de reparación y no repetición de los hechos. Debe hacerse del conocimiento de la ciudadanía la realidad de los hechos e incidencias que acontecieron durante todo el proceso electoral”, señala el documento.

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También demandan al Tribunal emitir garantías de reparación y no repetición sobre hechos de violencia e intervención de la delincuencia organizada que hayan podido influir en el electorado.  

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