Qué dicen las leyes internacionales sobre el desplazamiento forzado y los ‘escudos humanos’

Conforme continúa la guerra Israel-Hamás, el creciente número de muertos civiles ha suscitado más preguntas sobre qué es lo que permiten las leyes internacionales que rigen las acciones bélicas. En algunos aspectos las reglas son bastante claras y, a decir de los expertos, Hamás sin duda las violó al masacrar a civiles y llevarse rehenes y también Israel al anunciar un asedio total de la Franja de Gaza que le cortó el suministro de agua, alimentos y combustible a más de 2 millones de habitantes.

En los días transcurridos, otras dos cuestiones jurídicas han pasado a primer plano: el presunto uso de civiles como escudos humanos por parte de Hamás en Gaza y la orden israelí del viernes de evacuar a todos los civiles del norte de dicha región.

La guerra es política y emocionalmente compleja y este conflicto no es una excepción. La explosión del martes en el complejo del Hospital Árabe Ahli de la ciudad de Gaza —que los grupos militantes palestinos atribuyeron a Israel y que Israel atribuyó a uno de ellos— puso de relieve el terrible costo humano de la guerra moderna.

Valga recordar, en medio de la tristeza y la ira por la violencia actual, que los principios básicos del derecho humanitario son simples. Los civiles deben ser protegidos. Desde el punto de vista legal, no pueden ser blanco de la violencia ni sufrir daños desproporcionados a causa de ella. Y esas obligaciones se aplican a todas las partes implicadas en los combates, incluso si el otro bando las infringió primero.

Los ‘escudos humanos’ de todos modos son civiles protegidos

Israel desde hace tiempo acusa a Hamás de utilizar a civiles como “escudos humanos”. El miércoles, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo al presidente Joe Biden que Hamás está perpetrando “un doble crimen de guerra: atacando a nuestros civiles mientras se esconde detrás de sus civiles”.

El uso de escudos humanos se considera un crimen de guerra, así como una violación del derecho humanitario.

Pero incluso si un bando pone intencionadamente en peligro a los civiles de este modo —ya sea obligándolos a permanecer cerca de objetivos militares o situando objetivos militares en los mismos edificios que los civiles o adyacentes a ellos—, esos no combatientes siguen teniendo derecho a la plena protección del derecho humanitario, afirman los expertos. Esto significa que, al atacar a Hamás, Israel debe sopesar la proporcionalidad del daño causado a los escudos humanos y otros civiles cercanos. Si el daño que se les causa es desproporcionado en relación con el objetivo militar, el ataque es ilegal según el derecho internacional.

“En realidad, solo hay una forma de que un civil pierda la inmunidad frente a los ataques o de que se debiliten sus otras protecciones, y es con la participación directa en las hostilidades”, afirmó Janina Dill, profesora de la Universidad de Oxford y codirectora del Instituto de Ética, Derecho y Conflictos Armados de Oxford.

Incluso si Hamás utiliza viviendas civiles con fines militares o coloca armas o combatientes en túneles bajo edificios civiles, no sería necesariamente legal que Israel atacara esos objetivos, afirmó Avichai Mandelblit, ex abogado general jefe del Ejército israelí y ex fiscal general.

“Por supuesto, está la cuestión de la proporcionalidad”, dijo. “Si quieres un beneficio militar, tienes que sopesarlo con los daños colaterales”.

Ghazi Hammad, un miembro del buró político de Hamás, declaró el jueves por teléfono al periodista de The New York Times Yousur Al-Hlou que la organización no utiliza escudos humanos. “Son noticias falsas”, afirmó.

“Sabes que Gaza es muy pequeña y está densamente poblada, por lo que Israel considera que cualquier lugar es un lugar residencial”, añadió más tarde en un mensaje de WhatsApp.

Desplazamientos de civiles: ¿amenazas o advertencias?

El viernes por la mañana de la semana pasada, Israel ordenó la evacuación de cientos de miles de civiles del norte de Gaza en un plazo de 24 horas, aparentemente antes de una invasión terrestre prevista.

Las Naciones Unidas advirtieron que esto provocaría una catástrofe humanitaria, y un portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, dijo que había “pedido encarecidamente” que se anulara la orden para evitar convertir “lo que ya es una tragedia en una situación calamitosa”.

El plazo de 24 horas se cumplió e Israel reconoció que se necesitaba más tiempo para trasladar a tanta gente. Aun así, ha seguido bombardeando tanto el norte de Gaza como algunas de las zonas del sur a las que había instado a huir a los civiles.

Las autoridades sanitarias de Gaza declararon el jueves que hasta el momento 3785 personas habían muerto desde el 7 de octubre, entre ellas 1524 niños, mientras que la oficina de prensa del gobierno de Gaza afirmó que más de un millón de palestinos residentes en el enclave habían sido desplazados.

En declaraciones realizadas la semana pasada, el Comité Internacional de la Cruz Roja y el Consejo Noruego para los Refugiados calificaron la orden de ilegal.

“La exigencia militar israelí de que 1,2 millones de civiles del norte de Gaza se trasladen al sur en un plazo de 24 horas, sin garantías de seguridad ni de retorno, equivaldría al crimen de guerra de traslado forzoso”, declaró Jan Egeland, secretario general del Consejo Noruego para los Refugiados.

El Comité Internacional de la Cruz Roja declaró en un comunicado: “Las instrucciones emitidas por las autoridades israelíes para que la población de la ciudad de Gaza abandone inmediatamente sus hogares, junto con el asedio total que les niega explícitamente alimentos, agua y electricidad, no son compatibles con el derecho internacional humanitario”.

La mejor manera de entender las cuestiones jurídicas que se plantean en torno a la orden de evacuación es considerar la diferencia entre una advertencia sobre un futuro ataque lícito y una amenaza, afirmó Adil Haque, experto en derecho internacional de la Universidad de Rutgers.

“De hecho, el derecho internacional humanitario exige que las fuerzas atacantes adviertan a los civiles de los ataques planeados, si es posible”, dijo Haque. “Una amenaza es muy diferente. Una amenaza es cuando informas a la población civil de que estás a punto de lanzar ataques ilegales, ataques indiscriminados, ataques que no toman precauciones para los civiles, ataques desproporcionados”.

Si las advertencias humanitarias que ayudan a proteger a los civiles de ataques cuidadosamente dirigidos se sitúan en un extremo del espectro jurídico, el crimen de guerra del desplazamiento forzado, en el que se utilizan amenazas y otras medidas coercitivas para expulsar a los civiles de sus hogares e impedirles regresar, se sitúa en el otro.

Las protecciones de los civiles siguen en vigor incluso si no se deben a una orden de evacuación legal. Y algunas personas simplemente no pueden moverse. Muhammad Abu Salima, director del Hospital Al Shifa de la ciudad de Gaza, el mayor complejo médico del territorio, ha declarado que es imposible evacuar el hospital a pesar de las órdenes israelíes de hacerlo, porque no hay ningún otro lugar en Gaza que pueda aceptar a sus pacientes en sus unidades de cuidados intensivos, cuidados intensivos neonatales y cirugía.

“Los civiles no tienen obligación de evacuar aunque reciban una orden de evacuación”, dijo Dill. “No desplazarse, no hacer caso de estas advertencias, no hacer caso de las órdenes de evacuación no afecta en absoluto su estatus ni su derecho a la protección y a la inmunidad frente a ataques”.

Unos simpatizantes reparten jalá y vino para el sabbat a los soldados a lo largo de una carretera cerca de Gilat, Israel, el 20 de octubre de 2023. (Avishag Shaar-Yashuv/The New York Times)

Los niños heridos por un ataque aéreo israelí son llevados a un hospital en Khan Younis, en el sur de Gaza, el viernes 20 de octubre de 2023. (Samar Abu Elouf/The New York Times)

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