Yahoo Noticias Bajo las leyes de la guerra, la ‘proporcionalidad’ en Gaza no se basa en igualar el marcador
JERUSALÉN — Las leyes internacionales que rigen la guerra son insensibles. Dan más prioridad a la ventaja militar que al daño civil. No consideran cifras comparativas de muertos o heridos. Piden a los comandantes en el terreno que juzguen, a menudo muy rápidamente, la ventaja militar de un ataque, la naturaleza de la amenaza que enfrentan, qué medios poseen para contrarrestarla y qué medidas factibles pueden tomar para reducir el daño previsto a los civiles y a la infraestructura civil.
Ese cálculo complicado, conocido como “proporcionalidad”, es profundamente imperfecto, dicen los abogados, porque equilibra cosas en esencia incompatibles. Y cada ataque debe juzgarse por separado, para decidir si está dentro de los límites de un acto de guerra legal.
“La ley de la guerra es fría”, dijo Emanuela-Chiara Gillard, miembro asociada de Chatham House, el grupo de expertos de Londres, quien anteriormente trabajó como abogada para la Cruz Roja y las Naciones Unidas. No aborda, añadió, “nuestras preocupaciones e indignación moral por la muerte de civiles”.
Después de que Hamás invadiera Israel y matara a unas 1200 personas, Israel tomó represalias con fuerza. Pero las imágenes televisadas de la devastación en la Franja de Gaza y la gran asimetría en las muertes, especialmente de civiles, han creado indignación en el mundo árabe y en partes de Occidente.
Pero en la guerra, la simetría y la proporcionalidad no están relacionadas.
La proporcionalidad es un componente clave para determinar la legalidad de un acto bélico. No se trata simplemente de una cuestión, dijeron los abogados, de equilibrar de forma justa las cifras de muertes en ambos lados del conflicto. Más bien, se trata de determinar si, en el momento en que se toma la decisión de lanzar cualquier ataque, la ventaja militar esperada supera el daño previsto a los civiles una vez que se tomen medidas viables para reducirlo.
Pero no existe un consenso universal sobre cómo hacer tal comparación. Los hechos tampoco son siempre claros en la niebla de la guerra.
Ha habido críticas y preguntas, por ejemplo, sobre los ataques israelíes cerca o contra hospitales y escuelas. ¿Se utilizaron realmente esos edificios con fines militares y se emitieron las advertencias adecuadas antes de un ataque? ¿Ha hecho Israel lo suficiente para proteger a los civiles?
Una gran cantidad de diplomáticos, funcionarios de las Naciones Unidas y organizaciones de derechos humanos han argumentado que la respuesta es “no” y algunos han pedido investigaciones sobre posibles crímenes de guerra e incluso han utilizado la palabra genocidio.
Pero las muertes de civiles son una cuestión política, no legal, señaló Daniel Reisner, exjefe de la división de derecho internacional del Ejército israelí. “Las cifras de muertos en ambos lados son trágicas, pero si se limita la discusión a la legalidad, las cifras no son lo que se mide. Es por qué murieron y en qué circunstancias murieron, no cuántos de ellos murieron”.
Aun así, las cifras en ambos lados del conflicto son impactantes.
Israel afirma que alrededor de 1200 personas murieron y 240 fueron tomadas como rehenes en los ataques terroristas liderados por Hamás el 7 de octubre. Hasta el día de hoy, la guerra ha matado a más de 15.000 palestinos y quizás miles más, muchos de ellos mujeres y niños, en la Gaza controlada por Hamás, según funcionarios de salud allí. (El Ministerio de Salud de Gaza no cuenta a los combatientes de Hamás por separado de los civiles al proporcionar el número de muertos).
El gran número de civiles muertos, más que en cualquier conflicto previo de Gaza, en conjunto plantea dudas sobre si los cálculos de proporcionalidad de Israel han cambiado en esta guerra.
Hay preguntas sobre ciertos ataques, como los dos días de bombardeos en el campo de refugiados de Jabaliya, en el norte de Gaza, el 31 de octubre y el 1.° de noviembre, que derrumbaron una gran cantidad de edificios residenciales y mataron a 195 personas, según funcionarios de salud de Gaza.
Israel declaró que les había advertido a los residentes que se fueran y que sus objetivos eran legítimos: Ibrahim Biari, comandante del Batallón Central de Jabaliya, que ayudó a planificar los ataques del 7 de octubre y estaba supervisando los combates, y Muhammad Asar, que al parecer era el comandante de la Unidad de Misiles Antitanques de Hamás.
Daniel Hagari, portavoz del Ejército israelí, dijo que Biari estaba al mando de una gran unidad de Hamás que utilizaba un extenso sistema de túneles debajo de los edificios del campamento, que Israel también atacó, y que “decenas” de combatientes de Hamás habían sido asesinados. Los funcionarios israelíes sugirieron que la red de túneles había socavado la estabilidad de los cimientos y que las bombas y explosiones secundarias habían derribado los edificios residenciales. ¿Pero Israel tuvo esto plenamente en cuenta?
Los funcionarios de seguridad israelíes insisten en que sus estándares de proporcionalidad se han mantenido constantes en este conflicto. Dicen que hay abogados en casi todas las unidades militares, disponibles las 24 horas los 7 días de la semana, revisando la legalidad de cada ataque. A menudo, en tiempo real, los abogados asesoran a los comandantes sobre la legalidad de los objetivos y las armas que se utilizarán. También evalúan los esfuerzos del Ejército para advertir a los civiles y el daño estimado a los no combatientes. Si los abogados consideran que un ataque es ilegal, los comandantes deben cancelarlo.
Sin embargo, algunos funcionarios israelíes, que hablaron bajo condición de anonimato por las reglas militares, reconocen que la escala y el alcance de las operaciones en Gaza son mucho mayores que en el pasado. Ahora, se están atacando objetivos que no se habrían considerado lo suficientemente valiosos como para justificar el riesgo a civiles en escaramuzas menos graves, afirmaron. Entre ellas se incluyen tanto residencias privadas como estructuras públicas, como el Parlamento de Gaza y la Universidad Islámica.
A los oficiales militares israelíes les frustra que los críticos no vean que esta guerra se está librando para garantizar la existencia de Israel, pero se libra dentro de los parámetros del derecho internacional.
“Esto es diferente”, comentó Pnina Sharvit Baruch, quien anteriormente dirigió el Departamento de Derecho Internacional del Ejército israelí. “Hamás está dispuesto a intentar destruir el Estado de Israel y cualquier resolución pacífica del conflicto”.
Los oficiales reconocen el daño a su reputación que está causando la guerra y la presión pública que sienten los gobiernos aliados para poner fin rápidamente a las masacres. Pero sostienen que se les exige un estándar más alto que a Hamás. Afirman que Hamás ha violado numerosas leyes de guerra, incluido el uso de civiles como escudos humanos, el uso de infraestructura civil con fines militares y el uso de la violación sexual como un arma.
Hamás también tiene la obligación de respetar las reglas de la guerra, afirmó Cordula Droege, directora jurídica del Comité Internacional de la Cruz Roja.
“Cualquiera que sea tu razón, si decides librar una guerra, aún debes respetar exactamente las mismas reglas del derecho internacional humanitario como parte en el conflicto, y no hay diferencia si actúas en defensa propia o te consideras un movimiento de liberación”, determinó. “El derecho internacional humanitario protege a las víctimas del conflicto armado y serán víctimas sin importar de qué lado estén”.
Omar Shakir, director de Human Rights Watch para Israel y Palestina, está de acuerdo en que es difícil evaluar la proporcionalidad sin una investigación fáctica detallada. Pero sostiene que el número total de muertes de civiles, el uso de armas poderosas en barrios densamente poblados y los ataques a hospitales donde se refugian civiles “plantean serias interrogantes” sobre si Israel ha cometido crímenes de guerra.
Human Rights Watch no juzga la legalidad de toda la campaña, sino solo de los ataques militares individuales. “Las cifras definitivamente importan a la hora de indicar las tendencias generales, y una alta proporción de víctimas mujeres y niños es indicativa”, afirmó Shakir.
“Cuando vemos el uso de tantos explosivos de alta potencia en zonas residenciales muy pobladas, como campos de refugiados, surge la cuestión de la proporcionalidad dado el riesgo previsible”, explicó Shakir.
“Ataques masivos como los de Jabaliya son emblemáticos de una práctica israelí de utilizar bombas muy pesadas en zonas densamente pobladas, lo que muestra un desprecio por las vidas palestinas”, aseguró.
Si bien Israel tiene el deber de tratar de evacuar a los ciudadanos lejos de cualquier peligro, “con demasiada frecuencia se asume que cuando se dan órdenes de evacuación, todos los que quedan son objetivos militares”, dijo. “No se pueden tratar los campos de refugiados como zonas de combate”.
Sin embargo, lo que importa no es la evacuación en sí, sino “las condiciones que la rodean”, puntualizó Droege.
Desde el comienzo de la guerra, afirmó, hubo “la imposición de un sitio a toda la Franja de Gaza”. Eso significó, añadió, “que la población estaba y sigue estando privada —al principio en su totalidad y, ahora, casi en su totalidad— de alimentos, agua, combustible, electricidad y suministros médicos, y no consideramos que privar a toda una población civil de bienes esenciales para su supervivencia sea compatible con el derecho internacional humanitario”.
Al final, dijo Reisner, el exabogado militar israelí, “la regla de la proporcionalidad es una regla muy mala, porque es la ecuación definitiva de comparar peras con manzanas”. No existe ninguna métrica que pueda ser el denominador común para calcular la ventaja militar frente al daño civil, aseveró.
“Nadie sabe cómo resolver esa ecuación”, concluyó. “Pero es mejor tener una mala regla que ninguna”.
c.2023 The New York Times Company
