Yahoo Noticias Parte de nueva ley de inmigración de Florida es ‘irremediablemente vaga’, según demanda federal
Trabajadores migrantes y defensores presentaron el lunes una demanda federal desafiando parte de una nueva ley de la Florida que convierte en delito grave transportar al estado personas que entran ilegalmente en el país, argumentando que la ley es vaga y conducirá a “arrestos ilegales, persecución y acoso”.
La ley, promovida por el gobernador Ron DeSantis, forma parte de una serie de medidas adoptadas por los líderes republicanos del estado en los últimos años dirigidas contra los inmigrantes que entran sin autorización al país desde México.
La medida, aprobada durante la sesión legislativa de esta primavera, incluyó cambios a una ley de contrabando de personas para que sea un delito grave transportar al estado a un individuo “que la persona sabe o razonablemente debería saber” que ha entrado ilegalmente en el país.
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La ley impone penas a las personas que transporten a un inmigrante que “haya entrado en Estados Unidos infringiendo la ley y no haya sido inspeccionado por el gobierno federal desde su entrada ilegal”. Las personas pueden ser acusadas de un delito grave de segundo grado por cada infracción de la ley.
Pero la demanda presentada el lunes en Miami argumentó que lo que se conoce como “Sección 10” de la ley no incluye una definición de “inspeccionado” y por lo tanto es “irremediablemente vaga e incoherente”.
“La Sección 10 está redactada de una manera que podría barrer con todo tipo de inmigrantes, incluidas las personas que están legalmente presentes en Estados Unidos o están en el proceso de solicitar un estatus migratorio legal. La ley no define el término ‘inspeccionado’ y no explica lo que significa ser inspeccionado ‘desde’ la entrada”, escribieron los abogados de los demandantes en la demanda de 33 páginas.
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Entre los demandantes figuran la Farmworker Association of Florida, Inc. y trabajadores y defensores de los inmigrantes, quienes se identifican por sus iniciales. Como ejemplo, uno de los demandantes, que trabaja para una organización sin fines de lucro, ayuda a traer inmigrantes de Georgia a Jacksonville para citas con funcionarios del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).
Una demandante de Miami teme por su nieto
Otra demandante, identificada como “CA”, es una ciudadana estadounidense que vive en Miami y es la tutora legal de su nieto, quien fue traído a Estados Unidos por su madre “que huía del país temiendo por sus vidas”, según la demanda. El nieto de CA está en proceso de solicitar lo que se conoce como “Estatus Especial de Inmigrante Juvenil” y él y su madre “no tuvieron contacto con las autoridades federales de inmigración” cuando entraron en Estados Unidos, según la demanda.
Varios de los demandantes, entre ellos CA, viajaban con frecuencia a otros estados para visitar a familiares o para hacer trabajos estacionales como trabajadores migrantes antes que la ley entrara en vigor el 1 de julio.
La ley “inflige un enorme daño a la capacidad de las personas para seguir con su vida cotidiana”, dijeron los abogados de los demandantes.
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La ley puede impedir que amigos y familiares se visiten, que los padres busquen asistencia de salud para sus hijos y que los miembros de iglesias lleven a sus feligreses al culto, según la demanda.
La ley “ponía a miles de floridanos y habitantes de otros estados —tanto ciudadanos como no ciudadanos— en peligro de ser detenidos, acusados y procesados por un delito grave por transportar a la Florida a una categoría de inmigrantes vagamente definida”, escribieron los abogados de los demandantes.
La impugnación legal también argumentó que la ley estatal “usurpa poderes constitucionalmente conferidos exclusivamente al gobierno federal”.
“Este marco federal es exhaustivo y no permite leyes de inmigración estatales paralelas o suplementarias, incluidas las leyes relativas al contrabando y el transporte ilegal de no ciudadanos”, expresa la demanda.
La ley de la Florida “obstaculiza el esquema federal de inmigración al impedir que los inmigrantes entren en la Florida y pone a los funcionarios estatales en la posición ilegal de hacer determinaciones complejas sobre el estatus migratorio y la historia de las personas”, dijeron los abogados de los demandantes.
DeSantis, aspirante a la candidatura republicana a la presidencia en 2024, se ha centrado en los desafíos migratorios en la frontera sur con México como uno de sus temas principales desde que fue elegido gobernador por primera vez en 2018. El estado ha presentado demandas durante los últimos años desafiando a la administración del presidente Joe Biden por su manejo de la inmigración.
El gobernador también ha generado titulares nacionales por los vuelos charter patrocinados por la Florida que llevaron a migrantes de Texas a Martha’s Vineyard en Massachusetts en septiembre pasado y a Sacramento, California, en junio. Alianza Américas y otros demandantes presentaron una posible demanda colectiva contra los vuelos a Massachusetts.
Los demandantes en la demanda presentada el lunes están representados por abogados de varios grupos de inmigración y derechos civiles, entre ellos American Civil Liberties Union (ACLU), Southern Poverty Law Center (SPLC), Americans for Immigrant Justice (AI Justice) y American Immigration Council.
La nueva ley incluye una disposición sobre E-Verify
La nueva ley (SB 1718) también incluye cambios como la obligación de que las empresas con más de 25 empleados usen el sistema federal E-Verify para comprobar el estatus migratorio de los trabajadores.
En un acto ceremonial de firma del proyecto de ley en mayo, DeSantis arremetió contra las políticas federales de inmigración.
“Esto es un caos”, dijo DeSantis a sus partidarios en Jacksonville. “Se supone que somos la principal superpotencia mundial y sin embargo ni siquiera podemos mantener el control de nuestra propia frontera sur. Los carteles mexicanos de la droga tienen más que decir sobre lo que ocurre en la frontera sur que nuestro propio gobierno federal”.
La demanda apuntaba a los comentarios que DeSantis y sus aliados hicieron sobre los cambios propuestos en materia de inmigración.
El patrocinador del proyecto de ley del Senado Blaise Ingoglia, republicano de Spring Hill, “enmarcó la necesidad” de la legislación como “la fuerza externa” que obligaría al gobierno federal a “arreglar el problema”, dijo la demanda.
“Este es el punto en el que nos encontramos ahora mismo: tenemos que arreglar este [...] sistema y siguen negándose a hacerlo; solo actuarán cuando tengan que hacerlo y cuando una fuerza externa ejerza presión. La Florida es esa fuerza externa ahora mismo”, le dijo Ingoglia a un comité del Senado en marzo.
Pero la demanda del lunes, en la que se le pide a un juez que declare inconstitucional la sección en cuestión de la ley y bloquee su aplicación, alegaba que los cambios pondrán a los trabajadores de Farmworker Association of Florida (FWAF) —que transportan migrantes entre estados— en peligro de “detención ilegal, persecución y acoso”.
La ley también “obstaculizará el sistema federal de inmigración” al impedir que las personas que viven en estados vecinos “con diversos estatus migratorios” puedan desplazarse a los tribunales de inmigración y a otras citas con agencias federales en la Florida, según la demanda.
La ley es “inconstitucionalmente vaga, porque no le proporciona a una persona de inteligencia ordinaria un aviso justo de lo que está prohibido y porque autoriza y fomenta una aplicación arbitraria y discriminatoria”, dijeron los abogados de los demandantes.
