Ley de ciencia crea nuevo Conacyt dirigido por más políticos que científicos

Ley de ciencia crea nuevo Conacyt dirigido por más políticos que científicos. Foto: Cuartoscuro
Ley de ciencia crea nuevo Conacyt dirigido por más políticos que científicos. Foto: Cuartoscuro

En un proceso en el que no se cumplieron los acuerdos de las comisiones unidas de Ciencia, Tecnología e Innovación y de Educación, y en el que Morena echó mano de su mayoría para sacar adelante el tema, la Cámara de Diputados aprobó ayer la nueva Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

La norma, que hoy mismo pasará al Senado, plantea puntos como transformar al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), incluir a varias secretarías en su Junta de Gobierno y establecer nuevos criterios para la asignación de recursos del sector. Para investigadoras consultadas, en San Lázaro al final se consideraron algunos puntos positivos, aunque en general el documento privilegia solamente la visión del gobierno en la política científica.

Se trata de una ley que desde 2021 tendría que haber sido aprobada, pues así se dispuso en los artículos transitorios de la reforma correspondiente al artículo tercero constitucional. Sin embargo, la “impericia legislativa” retrasó el proceso al grado de que cinco propuestas estuvieron congeladas por años en la Cámara y el Senado, señaló Brenda Valderrama, investigadora y miembro de la Red ProCienciaMX.

En diciembre pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió su propuesta, que fue duramente criticada por la comunidad científica, que consideró que el proyecto atentaba con la libertad de investigación y significaba un retroceso para el desarrollo de la ciencia y tecnología del país.

A pesar de ello, en la víspera de la conclusión del periodo ordinario de sesiones en la Cámara y con el rechazo de los científicos, al documento se le hicieron pocos cambios de fondo, fue aprobado y enviado al Senado.

Todo esto, a pesar de que solo se celebraron dos de los siete parlamentos abiertos en los que los legisladores habían acordado escuchar a la comunidad para incorporar sus opiniones e inquietudes al dictamen.

¿Ciencia sin recortes?

Actualmente, el artículo 9 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología dispone que la Federación, los estados y los municipios deben destinar al menos 1% del PIB a investigación científica y desarrollo tecnológico. La nueva ley deja fuera este punto.

Históricamente nunca se alcanzó esta meta, pero, de acuerdo con la comunidad científica, el que quedara enunciada incentivaba a las autoridades a tratar de cumplirla.

De último momento, y como parte de una de las tres reservas que se aprobaron en el pleno, la Cámara aceptó la adhesión de un párrafo que señala que no se permitirán recortes al presupuesto para la ciencia.

“El monto anual que se destine a la investigación humanística y científica, el desarrollo tecnológico y la innovación no podrá ser inferior en términos reales a lo aprobado en el ejercicio inmediato anterior, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables”, indica el artículo 30 del dictamen aprobado.

A decir de Alma Maldonado, integrante del Departamento de Investigaciones Educativas del Cinvestav, que se haya sumado este párrafo es positivo, pero hay que tomarlo con cautela.

“En general, los presupuestos de educación y ciencia, cuando tú lo revisas, siempre son mayores al año anterior porque está hasta mal visto que des menos a estos sectores; entonces, siempre, aunque sean dos pesos, siempre le ponen más”, dijo la académica, también miembro de la Red ProCienciaMx.

“Me parece que hay que tomar con reserva qué va a significar y creo que no sustituye esta meta de poner un porcentaje con este argumento de que nunca se cumplió”, agregó.

Maldonado expuso, por ejemplo, que la ley de España contempla que se debe alcanzar el 1.35% del PIB para ese sector para 2030, lo que es una meta más realista que decir “no va a ser menos (presupuesto), porque ni siquiera dice que el incremento deba ser mayor a la inflación”.

El nuevo Conacyt y su Junta de Gobierno

La Junta de Gobierno del nuevo Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías será el órgano máximo que conducirá la política en la materia, y será presidida por la persona titular del propio órgano que suplirá al Conacyt, según la iniciativa aprobada.

De acuerdo con la propuesta enviada por el presidente López Obrador, los titulares de las secretarías de Agricultura, Bienestar, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Cultura, Economía, Educación, Energía, Hacienda, Defensa, Marina, Medio Ambiente, Relaciones Exteriores y Salud formarían parte de ella, y se convocaría a seis representantes de la comunidad científica —pública y privada— para participar con voz y voto en las sesiones.

Este punto también resultó controversial por la presencia de Defensa y Marina en la junta y porque solo había lugar para seis personas externas, que además serían electas sin paridad de género.

En el dictamen presentado por las comisiones se sumó la representación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y se dieron dos lugares más a representantes de la comunidad científica.

“Las invitaciones se realizarán conforme a criterios de paridad de género, equilibrio regional y equidad institucional y sectorial, y se renovarán periódicamente para garantizar el carácter plural e incluyente de la Junta de Gobierno”, dice el artículo 68 de la ley.

Para Maldonado, esta modificación resulta positiva, aunque no suficiente, porque deja de manifiesto que solo se buscó “acallar” las voces que criticaron quitarle representatividad a científicos y académicos.

Ya en el pleno, en este punto se aprobó una reserva adicional para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también forme parte de la junta y que los ocho representantes de la comunidad científica tengan el encargo por periodos de dos años, pues en el dictamen no se contemplaba un periodo.

“Es una ley con una sola visión de las cosas y además lo que busca es perpetuar que solo haya una visión (…) Es como si tuvieras una casa y tapas todas las puertas y ventanas para que no entre la luz del sol y tú seas el único que pueda decir cuándo es de día y cuándo es noche”, reclamó Brenda Valderrama.

“Haber puesto a la Junta Directiva del Conacyt como el máximo órgano de decisión del país, de la nación, en temas científicos, y además poner a la directora del Conacyt como directora de esa junta es tapar las ventanas, y eso permea para abajo porque solamente los investigadores afines a la visión de la directora o director en turno van a ser financiados”, dijo.

También, resultado de las críticas, los diputados agregaron que será obligación del Estado fomentar la libertad académica.

Comunidad y becas

Otro de los cambios que se advierten en la llamada “Nueva Ley de Ciencia” tiene que ver con la desaparición del candado para que estudiantes de maestría o doctorado puedan ser beneficiarios de una beca aunque estén trabajando.

Actualmente, aquellos estudiantes que reciben el apoyo deben concentrarse al 100% en sus estudios y no recibir pago por ninguna otra actividad.

“El Estado garantizará el acceso universal a becas a las personas estudiantes que, sin importar su situación laboral, cursen posgrado de maestría o doctorado en ciencias y humanidades”, dice el artículo 33.

Respecto del SNI, otro de los temas polémicos que incluyeron señalamientos de discriminación para los académicos que recibían los estímulos y se desempeñaban en instituciones privadas, los cambios no fueron sustanciales: los investigadores que laboren en instituciones privadas podrán tener el grado SNI, pero sus planteles deberán comprometerse a cubrir los incentivos económicos que no recibirán con recursos públicos.

“El Consejo Nacional podrá celebrar convenios con las universidades, instituciones de educación superior y centros de investigación del sector privado en México que así lo decidan con el objeto de que sus trabajadores puedan solicitar reconocimientos en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), siempre que dichas instituciones asuman la obligación de entregarles estímulos económicos en caso de que obtengan algún reconocimiento de dicho sistema”, dice el artículo 41.

Ahora, es el turno del Senado para revisar el dictamen y en su caso hacerle las adecuaciones pertinentes, una labor que las investigadoras confiaron en que las y los senadores harán, y que no se repetirá el desaseo con el que se aprobó en la Cámara.

“El senador (Ricardo) Monreal (coordinador de Morena) ha expresado en varias ocasiones que no está en el ánimo de dejarse contagiar por el ritmo de la Cámara de Diputados y que él piensa que el Senado, como cámara revisora, tiene una gran responsabilidad y obligación (…) Confiamos en que así sea”, dijo Valderrama.

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