Ley antidisturbios de DeSantis no es amenaza para manifestantes pacíficos, dice Corte Suprema de Florida

Rechazando argumentos de que la ley es ambigua, la Corte Suprema de la Florida dijo el jueves que los manifestantes pacíficos no están amenazados por una medida que el gobernador Ron DeSantis y la Legislatura aprobaron en 2021 para reprimir las manifestaciones violentas.

DeSantis defendió la ley después de las protestas a nivel nacional tras la muerte en 2020 de George Floyd, un hombre negro que fue asesinado por un policía de Minneapolis. Pero grupos de derechos civiles presentaron una demanda federal desafiando la constitucionalidad de la medida, alegando que podía llevar a los manifestantes pacíficos a enfrentar cargos cuando las manifestaciones se vuelvan violentas.

Un juez federal de Tallahassee, el juez jefe de distrito Mark Walker, dictó una orden preliminar contra la ley en 2021, calificándola de inconstitucionalmente “vaga y excesivamente amplia”.

El estado apeló, pero el Tribunal Federal de Apelaciones del 11º Circuito adoptó la medida un tanto inusual de solicitar ayuda a la Corte Suprema de la Florida con lo que denominó una cuestión “novedosa”: cómo determinar el significado de la palabra “disturbio” en la ley.

La opinión principal del jueves cuestionó la conclusión de Walker de que la ley es ambigua. También estuvo de acuerdo con DeSantis y la Policía de Jacksonville, otro acusado en la demanda, en que un “manifestante pacífico, bajo la lectura más natural del estatuto, no es un alborotador”.

“En el fondo, la cuestión es si esa ley aplica a una persona que está presente en una protesta violenta, pero que ni participa ni tiene intención de ayudar a otros a participar en una conducta violenta y desordenada. Y la respuesta es: no, no aplica”, dice la opinión principal de 28 páginas, escrita por el juez John Couriel y acompañada por el presidente de la Corte Suprema, Carlos Muñiz, y los jueces Charles Canady, Jamie Grosshans, Renatha Francis y Meredith Sasso.

La ley establece que una “persona comete un motín si participa voluntariamente en un disturbio público violento que implique una reunión de tres o más personas, actuando con la intención común de ayudarse mutuamente en una conducta violenta y desordenada” que provoque lesiones a otra persona, daños a la propiedad o “peligro inminente” de lesiones o daños a la propiedad.

El magistrado Jorge Labarga escribió el jueves una opinión concurrente en la que se mostró de acuerdo con el resultado de la opinión principal, aunque dijo que pensaba que la ley era ambigua.

“A los efectos de (la ley), una interpretación estricta de ‘alteración del orden público violenta’ es esencial para garantizar que los enjuiciamientos por violación de la ley no capturen el ejercicio pacífico y no violento de los derechos de la Primera Enmienda ni criminalicen la mera presencia o participación legal en una reunión o protesta pacífica”, escribió Labarga.

El fallo de la Corte Suprema del estado se remitirá al Tribunal Federal de Apelaciones del 11no Circuito, que la usará para determinar si anula la medida cautelar de Walker. La impugnación de la ley fue presentada por grupos como Dream Defenders y la Conferencia Estatal de la Florida de la NAACP.

En su decisión de 90 páginas, Walker señaló su preocupación por la vaguedad de la ley, que incluye penas por delitos graves.

“Aunque los demandantes afirman que ellos y sus miembros temen que [la ley] se use contra ellos por el color de su piel o por los mensajes que expresan, su vaguedad permite a quienes están en el poder usarla como arma contra cualquier grupo que desee expresar cualquier mensaje que el gobierno desapruebe”, escribió Walker. “Así, aunque puede haber algunos floridanos que aplaudan el efecto amedrentador que esta ley tiene sobre los demandantes en este caso, dependiendo de quién esté en el poder, la próxima vez pudiera ser usted el sacrificado”.

En la opinión principal del jueves, sin embargo, Couriel repasó la historia de las leyes antidisturbios de la Florida y analizó la gramática de la medida de 2021. Escribió que para obtener una condena, los fiscales “deben probar que un acusado actuó con la intención de ayudar a otros en una conducta violenta y desordenada”. Esta lectura del estatuto concuerda con la comprensión histórica de los disturbios como delito de violencia... y, de hecho, con el sentido común”.

Aunque los abogados de los grupos de derechos civiles han argumentado que la ley viola los derechos de la Primera Enmienda, también han pedido a la Corte Suprema que la interprete de forma restrictiva para garantizar que los manifestantes pacíficos no se vean afectados.

“Aunque [como sostuvo el tribunal de distrito] el texto llano de la ley se lee más naturalmente para abarcar la expresión protegida no violenta, también es bastante posible interpretar el texto en sentido estricto para mantener la definición del derecho consuetudinario preexistente y evitar invadir la expresión constitucionalmente protegida”, escribieron los abogados de los grupos en un escrito el año pasado.