No pasó más de una semana desde la publicación del decreto de necesidad y urgencia del gobierno nacional y hoy, a su vez, el ministro del interior, Guillermo Francos, entregó un proyecto de ley “ómnibus” al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Para el sector productivo argentino plantea la “libre circulación de bienes” y hace especial énfasis en los sectores de agroindustria –en el que desglosa ganadería, pesca, producción de granos y más–, infraestructura, forestal, minería, gas y petróleo, energía y tecnología”. Varios representantes del ambientalismo argentino reaccionaron con furia ante esta propuesta.

“¿Tan frágil es nuestra institucionalidad que puede venir un nuevo presidente y cargarse en 3 semanas las instituciones democráticas y nuestros derechos? ¿Dónde están la Justicia y las fuerzas políticas de la oposición? Porque no es solo con la calle que se frena esta locura”, advirtió en redes la intelectual ambientalista Maristella Svampa.

A pesar de que el Gobierno ha tratado de apaciguar las críticas sobre el antes declarado negacionismo climático del Presidente y de algunos de sus más cercanos compañeros de partido, la concreción de la política oficial solo deja ver, ante los ojos de estas organizaciones, que sus sospechas son cada vez más certeras: desregulación significa también retroceso en materia ambiental.

Modificaciones a tres leyes clave

El proyecto, en concreto, se enfoca en modificar tres leyes regulatorias en esta materia: La Ley de Bosques Nativos (26.331), la Ley de Glaciares (26.639) y la Ley de Protección Ambiental contra la Actividad de Quema (26.562), además de la derogación del artículo 6° de la Ley de Fiscalización de Fertilizantes (20.466). “La ley ómnibus enviada por Milei tiene gravísimas regresiones ambientales”, escribe en X (ex-Twitter) Enrique Viale, activista y fundador de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA).

En primera instancia, los cambios en la Ley de Bosques Nativos contemplan desmontes sin autorización previa para las zonas con menor protección ambiental, algo que antes requería. Pero ahora también habilitan con autorización desmontes en las zonas categoría 1 y 2, que son las que más protección requieren. Para Romina Araguás, abogada de la AAdeAA, hay contradicciones dentro de estas modificaciones. “Hasta hoy, el artículo 14 de la ley estipula que está prohibido el desmonte de zonas con categoría 1 y 2. Este artículo no se modificó aún con los planteamientos de la ley ómnibus”, explica. Esto quiere decir que los cambios permiten el desmonte, pero aún hay un artículo que lo prohíbe.

Por otro lado, la iniciativa propone un desfinanciamiento de la ley a partir de la eliminación de un fondo especial para proteger los bosques nativos. Un problema que varias organizaciones ven como la última parte de un proceso de varios años de pauperización de la norma. “Si ya estaba desfinanciada antes, con esto se eliminaría cualquier tipo de financiamiento público. Lo único que permite ahora son financiamientos privados, voluntarios o de organismos internacionales”, sostiene Araguás.

También se prevé en este nuevo documento la modificación a la Ley de Protección Ambiental contra la Actividad de Quema. Aquí, la abogada ambientalista destaca dos cuestiones: “Antes para hacer una quema controlada requería una autorización. Ahora, si la autorización no es respondida antes de los 30 días, se puede hacer la quema sin necesidad de permiso”, describe Araguás.

La ley ómnibus exige autorización para quemas con fines lucrativos, “y que no tenga relación alguna con la protección medioambiental del terreno”. “Pero no existen quemas ambientales. Interpretamos que se refieren a las llamadas ‘limpias’ que usualmente practican ganaderos en varias zonas de la pampa y también en la zona mesopotámica. Yo soy de Rosario y nosotros sufrimos las quemas de los ganaderos en los humedales”, añade la abogada.

En cuanto a la Ley de Glaciares, Araguás destaca que las modificaciones se centran en una definición: qué es zona periglaciar y qué no. Esta zona comprende glaciares pegados a rocas, que son más pequeños que otros y que cuenten con “una perennidad de al menos 2 años o más”. Varias organizaciones ambientales como FARN o la propia asociación han denunciado este discurso en diferentes momentos, y siempre lo asociaron a la presión de la industria minera.

Impulso de fósiles y del biocombustible

En materia energética, el documento plantea dar continuidad a los DNU publicados la semana pasada, en los que se pretende desregular el mercado de exportaciones de los no convencionales, como el gas y petróleo offshore, y los obtenidos a través de la fractura hidráulica o fracking en Vaca Muerta.

También pretende eliminar cualquier tipo de intervención del Estado en los precios de los hidrocarburos. En este caso, además de esto, se busca impulsar el desarrollo de biocombustibles que, según información de la Secretaría de Energía, hoy no aporta más del 5% a la matriz energética del país, pero destaca que tiene “un gran potencial”.

En el documento, se propone formalizar el mercado del biogás y bioetanol, que es apenas incipiente en el campo argentino. “Regular, administrar y fiscalizar la producción, comercialización y uso sustentable de los biocombustibles”, propone el proyecto.

“Sin embargo, esto, en un contexto de mercado completamente liberalizado, puede dar pie a un cambio en el tipo de plantas que se siembran. En lugar de cultivar alimentos para el consumo, vamos a estar produciendo granos para la energía. Algo que pasa en varios países de la región y que quita espacio para lo vital”, criticó el director de una importante organización ambientalista que prefirió no ser nombrado.

Según un reporte de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), si bien los biocombustibles pueden traer beneficios al ambiente como la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, también pueden traer consecuencias negativas si no hay un correcto manejo de los cultivos. Esta comisión destaca la expansión de la mancha agrícola a zonas de conservación, la competencia por el uso del agua y el uso excesivo de agroquímicos, que a su vez pueden devenir en una degradación del suelo. Varios artículos científicos en la región respaldan este planteo.

Transición energética con mercados de carbono

En materia de promoción de energías renovables no hay una sola mención. La única respecto de la transición energética se expone en la página 111 del documento y, a pesar de explicitar que buscan su cumplimiento, no usan palabras cruciales en el Acuerdo de París como mitigación o adaptación. En cambio, enfoca los seis párrafos a la implementación de un sistema doméstico de comercio de emisiones.

“Llama mucho la atención que en la sección de transición energética solo se plantee crear este sistema de comercio de emisiones. No creo que sea suficiente para promover la transición energética”, opina Catalina Gonda, consultora independiente en política climática y especializada en mercados de carbono.

Esto, explica Gonda, es un tipo de mercado de carbono asociado al Cap and Trade, o tope y canje. Este tipo de mercados funcionan a partir de límites que, en este caso, el Poder Ejecutivo pone sobre los derechos de emisiones. En otras palabras, cada sector productivo tendría la posibilidad de emitir cierta cantidad de gases de efecto invernadero. De superar esa barrera, el emisor tendría que pagar una multa o pagar a otras empresas que se encarguen de mitigar.

“Esto es algo que Rodríguez Chirillo [Eduardo, secretario de Energía de la Nación] venía planeando desde antes de las PASO. Y puede ser una buena opción si se diseña bien, pero eso puede llevar más de cinco años”, explica una funcionaria del ex-Ministerio de Ambiente a LA NACION.

Según la funcionaria del ex-Ministerio, es esencial primero tener una base de datos de las emisiones que las empresas generan. “Hoy en día no hay una producción de información, tampoco hay un organismo que la compile y la procese. En otros países de la región, hacerlo tardó alrededor de tres años. Después tenés que tener al menos dos años piloto antes de poder implementar este tipo de mercado”, añade.

El sistema doméstico de comercio de emisiones fue implementado en Europa, en China y en Estados Unidos y es considerado como uno de los sistemas que más pueden estimular la descarbonización. Sin embargo, las faltas en el diseño pueden provocar un mal funcionamiento. “Esto, a su vez, puede generar incertidumbre para las empresas que invierten en los mercados de carbono. Al final sería contraproducente porque nadie querría invertir allí”, opina la funcionaria.

Gonda ve con duda la falta de detalles en la propuesta del Gobierno y advierte: “Especialmente, hablando de cómo se decidirán asignar los derechos de emisión, cuál sería el precio por emitir, si en efecto se implementaría en todos los sectores productivos y qué tipo de penalidades habría. Dependiendo de qué manera se implemente, esto puede contribuir al camino de la descarbonización o abrir la puerta a intereses que nada tienen que ver con eso”.