Por primera vez, legislador cubano defiende mercados privados en la Asamblea Nacional

En un momento sin precedentes en medio de la crisis económica de Cuba, un miembro de la Asamblea Nacional de la isla, que también es el único empresario en la legislatura, defendió el libre mercado durante una reciente sesión del parlamento en la que también criticó el modelo económico socialista de la isla.

Como un ejemplo de la incapacidad de la economía centralmente planificada para proporcionar suficiente comida a todos los cubanos, Carlos Miguel Pérez dijo que el salario mensual de un trabajador estatal es tan bajo que vale el precio de un trozo de queso Gouda.

El discurso notablemente franco se produjo durante una sesión de la asamblea la semana pasada en la que salieron a relucir el pésimo estado de la economía, la persistencia de las autoridades en defender un sistema fallido así como las divisiones en la cúpula del poder.

“No hay una queso gouda que cueste menos de lo que se le paga en un mes a un trabajador estatal”, unos 4000 pesos cubanos ($20), dijo el diputado Carlos Miguel Pérez, quien agregó que a los 37 años “nunca ha recordado el momento en que el salario en Cuba jugó el papel de satisfacer al 100 por ciento las necesidades de nuestro pueblo”.

Sus palabras sorprenden no solo porque se dieron en un ambiente altamente controlado, sino también porque es el primer pequeño empresario en tener un escaño en el parlamento.

Su intervención fue abruptamente interrumpida por el canal de televisión estatal que transmitía en vivo la sesión. Más tarde ese día, los presentadores de televisión trataron de explicar la interrupción, señalando que estaba previsto un noticiero en esa franja horaria. Debido al “interés” de la audiencia en los comentarios de Pérez, dijeron, el canal iba a reproducir sus comentarios, esta vez en su totalidad.

El video muestra a los miembros de la asamblea sentados junto a él, a veces asintiendo ante sus comentarios, pero en su mayoría tratando de mirar al frente de la sala o escuchar con una expresión neutral.

Al igual que otros miembros de la Asamblea Nacional, que son cuidadosamente examinados para garantizar su lealtad al Partido Comunista y a los líderes del país, Pérez, fundador y director ejecutivo de la empresa de desarrollo de software Dofleini, es miembro del partido. Su empresa se ha beneficiado de su relación con las entidades y funcionarios estatales, convirtiéndose en la primera “PYME” — acrónimo de pequeñas y medianas empresas — autorizada bajo las nuevas regulaciones emitidas en 2021.

Su presencia en la Asamblea Nacional probablemente refleja la intención de algunos funcionarios del gobierno de dar legitimidad a las nuevas empresas privadas. Pero el rápido crecimiento de las empresas privadas, incluso bajo estrictas regulaciones estatales, también ha desconcertado a otras facciones dentro del gobierno y el Partido Comunista que desconfían de las reformas de mercado. Algunos funcionarios a cargo de las políticas económicas han hecho del creciente sector privado un chivo expiatorio, culpándolo por la inflación vertiginosa que siguió a una unificación monetaria fallida y una caída profunda en la productividad.

En medio de esas tensiones, Pérez lanzó una defensa extraordinaria de 15 minutos del sector privado y la economía de mercado, pidiendo acceso a financiamiento y menos controles gubernamentales, durante una de las sesiones de la Asamblea Nacional celebrada la semana pasada.

“¿Usted quiere que una PYME produzca alimentos?” preguntó. “Bueno, búsquele un préstamo, créele beneficios fiscales y cree mecanismos económicos. Los mecanismos administrativos no pueden ser la vía en la que nosotros dirijamos la economía porque la economía tiene sus propias leyes”.

El sector privado está teniendo un papel importante en el país. Recientemente, el Ministro de Economía, Alejandro Gil, dijo que los pequeños y medianos negocios iban camino de importar mil millones para fines de este año. Y algunos economistas estiman que el sector, que incluye las PYMES, el auto-empleo y las cooperativas no estatales, emplea más trabajadores que las empresas del estado.

Pérez señaló que la mayoría de las empresas privadas están recurriendo a préstamos de familiares en el extranjero, empresas extranjeras que hacen negocios en Cuba y empresas en el exterior que cobran “comisiones del 20 al 30 por ciento” que se están reflejando en los precios de los bienes vendidos a la población.

“Esto no es casual, es que no tenemos acceso a divisas de ninguna vía,” dijo.

El diputado calificó de “mala idea” limitar el número de empresas privadas que pueden comprar bienes en el extranjero y venderlos en el país y rechazó acusaciones de que los pequeños y medianos emprendimientos en general especulan con los precios y cometen otras ilegalidades.

“No podemos estigmatizar y decir que eso es lo que son las PYMES en Cuba”, dijo e instó a los funcionarios a tratar las posibles violaciones caso por caso. También advirtió que afirmaciones tan amplias pueden crear un clima negativo en la opinión pública que podría influir en la toma de decisiones en los más altos niveles de gobierno.

Pero sus palabras en su mayoría cayeron en los oídos sordos de los funcionarios del gobierno, quienes prometieron un mayor escrutinio de las empresas privadas y el castigo por las “ilegalidades”.

La actitud ambivalente hacia el sector privado quedó en evidencia durante las sesiones de la semana pasada, donde los funcionarios que informaron a los miembros de la Asamblea Nacional sobre el estado de la economía reconocieron, por ejemplo, que sin los negocios privados, que se han convertido en importantes importadores de productos alimenticios y otros bienes esenciales, no hubiera sido posible seguir produciendo pan en el país. Pero al mismo tiempo, pidieron medidas de mano dura para poner límites a los precios de los bienes importados por estas empresas privadas y limitar su número.

Confirmando un reporte anterior del Herald, una funcionaria de alto rango del Ministerio de Economía también se quejó de que el dinero que fluía hacia el sector privado no pasaba por los bancos del gobierno.

“Se manifiestan distorsiones con marcada tendencia a la dolarización y, en el caso de los actores no estatales de la economía, con retención de divisas en el exterior para pagar a proveedores, sin pasar por el sistema bancario nacional”, dijo Leticia Morales González, primera viceministra en el Ministerio de Economía.

Al mismo tiempo, el retrato del calamitoso estado de la economía que hicieron los funcionarios durante la reunión podría significar que las autoridades cubanas tendrían que seguir tolerando alguna actividad privada.

La inflación creció un 45% este año, el turismo no se recupera de sus niveles previos a la pandemia y las exportaciones han bajado a solo el 35% de lo esperado en lo que va del año, dijo a los diputados Gil, el ministro de economía. La economía apenas creció 1.8% el año pasado, agregó, lo que apenas hace mella en la contracción del 10% de 2020, el primer año de la pandemia de COVID-19.

Los funcionarios del gobierno han culpado de la crisis económica a las sanciones de Estados Unidos y a la pandemia. Pero la falta de productividad en todo el sistema se ha vuelto tan evidente que varios miembros de la Asamblea Nacional e incluso altos funcionarios reconocieron las ineficiencias del país durante las sesiones televisadas.

La producción agrícola se desplomó al punto que la mayor parte de los alimentos que consume la población tienen que ser importados, dijo el presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo.

“Hoy el país no cuenta con recursos para seguir el nivel de importaciones que tenemos”, dijo Lazo. “Prácticamente el 100% de la canasta familiar se está importando.... No se produce arroz, el 100 por ciento de los frijoles se está importando. El país sin dinero y ¿dónde está la producción nacional?”

“Estamos ya muy cansados de programas, medidas, estudios, diagnósticos. ¿Y la realidad dónde está? ¿Y la solución del problema dónde está?”

Varios miembros del parlamento argumentaron durante las sesiones que los topes de precios, la falta de fertilizantes, combustible, acceso a financiamiento y el control gubernamental sobre la distribución están en la raíz de la crisis alimentaria. Pero poco se dijo durante los debates que sugiriera que las autoridades estaban considerando ampliar las reformas del mercado para liberalizar la producción agrícola.

Aún así, el hecho de que el crecimiento del sector privado actualmente está centrando las discusiones al más alto nivel y creando divisiones internas se dejo ver incluso en el discurso de clausura de las sesiones del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel.

En un discurso en el que acusó a los “enemigos de la revolución” de tratar de magnificar la crisis actual, dijo que su gobierno ha sido centro de ataques de “desde las posiciones más extremas: desde la derecha convocando a privatizarlo todo y al cambio de sistema, y también desde una supuesta izquierda demonizando cualquier espacio al mercado”.