Yahoo Noticias “Le están lavando la cara al INM tras incendio en Juárez”: murales en estaciones migratorias contrastan con detenciones
Las estaciones migratorias en México se están pintando con murales coloridos y además se están quitando puertas, rejas, candados y alambres de púas, luego de que en marzo del año pasado 40 migrantes murieron en un incendio en la estación de Ciudad Juárez; un centro en el que permanecían encerrados por transitar sin documentos.
A partir de marzo del año pasado, cuando ocurrió el suceso, el Instituto Nacional de Migración (INM) inició en colaboración con organizaciones de la sociedad civil la aplicación de una nueva política de “espacios abiertos, seguros y amigables”, y se dio la instrucción para cumplir con el mandato de la Suprema Corte de Justicia para que las personas ya no puedan estar retenidas en las estaciones por más de 36 horas; tiempo en el que la persona migrante puede, o solicitar refugio para que las autoridades mexicanas analicen su caso, o bien ser retornado voluntariamente a su país, deportado, o puesto en libertad pero en la frontera sur mexicana con un acuerdo administrativo para que intente regularizar su estancia en el país en un plazo de 10 días, o intentar migrar de nuevo hacia el norte.
“Se acordó una transformación de los espacios físicos de las estaciones para transitar de un modelo que fue pensado hace años como un modelo carcelario, a un modelo más amable, más humano, para que si las personas están 36 horas en las estaciones pues que sea una visita más agradable, o al menos, más humana”, expuso en entrevista Eunice Rendón, coordinadora de la organización civil ‘Agenda Migrante’, que es la que está llevando a cabo la pinta de los murales.
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Sin embargo, a la par de esta nueva política de espacios “abiertos”, y de que se están mejorando las instalaciones con nuevas plantas eléctricas y de agua potable y se están pintando los centros con “colores de esperanza”, como señala el INM en eventos y comunicados, la política migratoria mexicana continúa traduciéndose en miles de detenciones: con casi medio millón de capturas en tan solo cinco meses de este año, se rompieron todos los récords desde que se lleva un registro oficial a inicios de los 2000.
De hecho, para el término del sexenio de López Obrador se superará muy probablemente la cifra de 2 millones de detenciones, récord histórico.
Ante estas cifras, otras organizaciones civiles consideran que la política migratoria de México no ha cambiado desde la salida del excomisionado del INM, Tonatiuh Guillén, de corte académico, por la de Francisco Garduño, que era el encargado de las prisiones del país, y la militarización de todo el aparato de contención migratoria. Por lo que denunciaron que la pinta de murales “solo es algo cosmético”.
“Le están lavando la cara al comisionado y al INM después del incendio en Juárez, porque la política migratoria sigue siendo la misma: detener migrantes por todos los medios”, expuso en entrevista Lorena Cano, de la organización civil Instituto para las Mujeres en Migración, el IMUMI.
Además, otras organizaciones civiles denuncian que el INM está llevando a cabo de manera “viciada” la aplicación de la ley para “darle la vuelta” a la prohibición de no retener por más de 36 horas a las personas y, por el contrario, mantenerlas atrapadas en un tortuoso ‘circuito’ de detenciones que terminan la mayoría de las veces con los migrantes abandonados en la frontera sur de México, para que ahí, o se “autodeporten” de vuelta a sus países por sus medios, o continúen con su camino, pero ya de regreso en la ‘casilla de salida’; a miles de kilómetros de la frontera norte y con todos los riesgos y el desgaste que eso conlleva.
Asimismo, organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Fray Matías, si bien admiten algunos avances en el mejoramiento de infraestructura en estaciones como la Siglo XXI de Tapachula, rechazan que estos centros ya sean espacios “abiertos” y “amigables”, y critican que la pinta de murales, o el retirado de puertas y algunas candados, no cambia de manera significativa la situación de las personas ahí retenidas.
“Las estaciones no son albergues ni espacios abiertos. Continúan siendo lo que eran: cárceles para migrantes”, denunciaron.
De un modelo carcelario, a uno más humano
En marzo de 2023 tuvo lugar en Ciudad Juárez un suceso que fue noticia internacional: 40 personas extranjeras fallecieron en un incendio en la estación del INM de esa ciudad fronteriza del norte. Estaban presos en celdas y murieron porque los custodios no les abrieron los candados de las puertas y los abandonaron. Un hecho, expuso la integrante del IMUMI, Lorena Cano, que es el ejemplo claro de que “la política de detención migratoria en México mata”.
Dos meses después del suceso, por el que el actual comisionado del INM, Francisco Garduño, continúa imputado por el presunto delito de ejercicio indebido del servicio público (un delito menor y de carácter administrativo, no penal, y que el comisionado está intentando solventar mediante una reparación del daño), Eunice Rendón, de la organización civil Agenda Migrante, explica en entrevista que elaboraron un decálogo de medidas para la no repetición de casos similares, y lo propusieron ante la cámara de diputados y el propio INM.
A partir de un primer encuentro con el Instituto, Rendón dice que se acordó, por ejemplo, que las personas migrantes ya no puedan estar retenidos por más de 36 horas, en concordancia con lo que ya había establecido antes del incendio la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una jurisprudencia, en mayo de 2022.
Asimismo, se acordó “una transformación” de los espacios físicos de las estaciones.
“Acordamos con el INM que se quitara todo lo que se pudiera quitar del diseño carcelario. En la estación de Tapachula, por ejemplo, quitamos 38 puertas, y en la de Zacatecas, que es más pequeña, se quitaron cuatro y las rejillas de las ventanas”, apunta Rendón.
Asimismo, la coordinadora de Agenda Migrante explica que se compraron extintores nuevos para las estaciones, alarmas anti-incendio, y se están instalando nuevas plantas de agua potable y de electricidad, además de que se modificaron espacios y dormitorios a partir de las recomendaciones de Protección Civil, y que organizaciones como la Cruz Roja Internacional están apoyando con la atención en salud mental.
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Todo ello, a la par de que, en colaboración con artistas locales, han elaborado murales en diez estaciones migratorias del país, donde se están creando “espacios coloridos envolventes”.
“La teoría del color y el impacto que tiene en las emociones de las personas funciona. Los colores se eligen a propósito, nada es casualidad. Nosotros elegimos una paleta de colores que genera alegría, amabilidad, luz, y los migrantes así lo perciben y están satisfechos como lo prueba sus testimonios”, asegura Rendón, que también subraya que el decálogo de acciones que acordaron con el INM cuenta con el respaldo de más de 350 organizaciones civiles mexicanas y de Estados Unidos.
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“Aunque sea una jaula de oro, sigue siendo una prisión”
Sin embargo, Yuriria Salvador, coordinador del área de injerencia en el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, organización civil que accede periódicamente a la estación Siglo XXI de Tapachula, dice en entrevista que “las condiciones son prácticamente las mismas que antes, solo que ahora se pintaron algunos murales”.
“Nos han hecho mucho hincapié en que quitaron 38 puertas dentro de la estación, pero sigue habiendo un doble muro, uno más bajito y otro más alto con alambres de púas. Y seguimos viendo cuerpos de protección federal y cuerpos de seguridad privada, cuya actuación no está regulada al interior de estos espacios”, plantea la activista, que insiste en que, a partir de lo que el Fray Matías documenta en sus monitoreos, “siguen sin cumplirse derechos básicos al interior de las estaciones”.
Por ejemplo, asegura que documentaron casos de familias migrantes que viajan con niños, niñas, y menores de edad que, a pesar de que la ley mexicana establece que deberían pasar por las procuradurías de protección a la niñez y recibir una tarjeta de visita por razones humanitarias para que puedan permanecer en el país durante el tiempo que la procuraduría analiza el caso de cada menor, son separadas tras la detención del padre o la madre migrante.
Blanca Navarrete, directora de la organización civil Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), con base en Ciudad Juárez, corrobora que algo muy parecido sucede en la frontera norte. Por ejemplo, expone que a finales de junio pasado el INM emitió un comunicado en el que informó que en un punto a las afueras de Juárez rescató a más de 60 personas que iban traficadas y hacinadas en un camión de carga a 40 grados de temperatura.
“Pero a todos los retornaron al sur. Le preguntamos a los consulados y estos nos dijeron que no habían sido notificados, y que no pudieron verificar las condiciones en las que fueron retornados. Y lo que no entendemos es que si el propio INM dijo que se trataba de una situación de tráfico de personas, por qué no le dio tampoco aviso a la Fiscalía General de la República (FGR), y por qué no le dio a los migrantes las tarjetas humanitarias”, cuestiona la activista.
Precisamente, esta situación de migrantes detenidos y retornados no a sus países de origen, sino al sur del país, a estados como Tabasco o Chiapas que están a miles de kilómetros de la frontera con Estados Unidos, es otro de los temas que las organizaciones entrevistadas coinciden en denunciar que sucede desde 2020 con el inicio de la pandemia de Covid 19 y el cierre de fronteras, especialmente con migrantes de nacionalidades que no son de Centroamérica, como la venezolana, cubana, o de países de África y Asia.
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“Ahora el INM dice que ya no mantiene a las personas detenidas por más de 36 horas. Pero lo que sucede es que rotan a las personas migrantes de estación en estación, y entonces, claro, nunca hacen las 36 horas en una misma estación. Pero esto no se traduce en que realmente una persona no esté detenida más de 36 horas”, señala Lorena Cano, del IMUMI, que al respecto denuncia que esa “rotación circular” provoca que los abogados de las organizaciones civiles no pueden tampoco dar representación legal a los migrantes.
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“Es decir –precisa–, a muchos migrantes los detienen en el norte del país, y de ahí los van bajando ‘en cascada’ en bus hacia la Ciudad de México, que es donde está la estación ‘concentradora’, y de ahí los mueven en buses a Chiapas o Tabasco, que ha sido una ruta muy importante para el INM en este sexenio”.
“Y ya en Tabasco –agrega la activista–, a muchos los sueltan y los dejan a su suerte. Esto provoca que tampoco haya certeza jurídica, porque así como los pueden mandar a la frontera sur y los abandonan ahí, los pueden mandar de vuelta a su país deportados. Va a depender mucho de la nacionalidad de la persona y de si pudo tener la ayuda de alguna asociación civil o de su consulado. Todo se ha vuelto muy relativo e incierto”.
Por ello, las organizaciones y las activistas entrevistadas coincidieron en recalcar que “no ha habido ninguna transformación” en la política migratoria, recordando las cifras récord de detenciones, y la militarización del aparato de detenciones (entre septiembre de 2020 y junio de 2021, la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina participaron en el 80% de las 128 mil detenciones que hizo el INM en ese periodo de tiempo, tal y como documentó Animal Político en esta nota).
“Se quiere dar a entender que las estaciones ya no son espacios cerrados y que ahora están bonitas porque pintaron unos murales, pero la verdad es que siguen siendo espacios retrógrados de los derechos humanos de los migrantes y de su derecho a la movilidad. Porque, así estén en una jaula de oro, no dejan de estar en una prisión”, resume Yesenia Valdez, coordinadora de defensa integral de la Fundación para la Justicia, organización civil que acompaña a algunas de las 40 víctimas del incendio en Ciudad Juárez y las 29 personas que resultaron heridas.
Cuestionada por las críticas de las organizaciones civiles, Eunice Rendón responde que ella ha sido también “muy crítica” de la política migratoria mexicana en este sexenio, y admite que aún persisten “muchos retos, y más con la probable vuelta de Donald Trump al poder”. Sin embargo, insiste en que sí se están produciendo avances y mejoras tanto en la infraestructura de las estaciones, como en el trato a los migrantes por parte del INM.
“Hay una presión muy grande de Estados Unidos sobre México, y sí, por eso se redujo la llegada de migrantes al norte, y por eso tenemos esta política de desgaste, de cansancio, de te voy a detener y te voy a regresar al sur ocho veces para ver cuándo te cansas”, plantea.
“Y pues claro que hay que ser crítico con eso, pero también se vale decir cuando se está haciendo un esfuerzo y se están haciendo bien las cosas. Y yo he visitado al menos diez estaciones y sí he visto un esfuerzo y una instrucción directa del comisionado (Francisco Garduño) para cambiar la actitud del personal del INM por una perspectiva respetuosa con los derechos humanos, y un esfuerzo también en la parte física para que la estancia de los migrantes en las estaciones sea lo más digna posible”, concluye Rendón.
Posdata: “no somos los malos de la película”
La aduana de la estación migratoria de Ciudad de México, en la alcaldía Iztapalapa, ya no es un espacio gris y repleto de puertas, candados y rejas. Desde hace poco más de un año, un enorme mural de colores azul y amarillo recibe a los migrantes indocumentados que llegan a diario.
La activista Eunice Rendón y el director de la estación, Omar Beltrán, explican que se pintó la aduana porque es el primer espacio que ve una persona que ha sido detenida por transitar sin documentos. De alguna forma, explican, con esos colores y con los mensajes que abogan por el respeto a los derechos humanos, se busca dar algo de “tranquilidad” a los migrantes. Es decir, subrayan, el objetivo es que se sientan más en un albergue, que en un centro carcelario.
Sin embargo, ya al interior de la estación, en el patio de recreo donde hay una cancha remodelada y un gimnasio al aire libre, los murales que hay en las paredes que hablan de libertad y sueños contrastan directamente con las vallas de alambre de púas que rodean todo el perímetro, que también está vigilado por policías capitalinos.
Los funcionarios de migración, al percatarse quizá de ese contraste, justifican que el inmueble fue diseñado, en efecto, como un centro de detención décadas atrás, y que adecuar ciertas infraestructuras no es posible.
“Lo que se busca es que el tiempo que estén aquí los migrantes sea un alejamiento sano, con la calidad humana que se merecen y con todos los servicios que estén dentro de las posibilidades del Instituto”, insiste el director del centro, Omar Beltrán.
“Sí, pero la mayoría de los migrantes no quieren estar aquí, ni quieren ser ‘rescatados’ —se le plantea al funcionario federal—. ¿Entiende que, de alguna forma, ustedes son vistos como los ‘malos de la película’?”.
El director de la estación sonríe tímido y asiente con la cabeza.
“Lo que le tratamos de hacer ver al migrante cuando entra aquí es que nosotros, el INM, no somos el enemigo. Ni mis compañeros ni yo somos personas que estemos bloqueando o que estemos truncando un sueño o un anhelo”, plantea el director de la estación.
“Yo, más bien, lo veo desde otro punto de vista —contrapone a colación para concluir—. Somos quienes llegaron para salvar a los migrantes que cruzan por el desierto, y quienes llegan para evitar que los migrantes en su trayecto sean violentados. No somos los malos de la película”.
