Yahoo Noticias Las claves y amenazas del decreto de Trump sobre la separación de familias migrantes en la frontera
El decreto que firmó el presidente estadounidense Donald Trump para mantener unidas a las familias indocumentadas detenidas cuando cruzan irregularmente la frontera era, en realidad, innecesario y luce como una etapa más en el juego de presión política y propaganda que el actual gobierno ha emprendido en el contexto del endurecimiento de su política migratoria.
Era innecesario porque la separación de familias indocumentadas y el arrancar a los hijos de sus padres mientras se les mantiene en reclusión fue una decisión del propio gobierno, motivada en un afán de recrudecer la política de persecución y criminalización de inmigrantes para tratar de disuadir la llegada de más indocumentados, sobre todo de familias centroamericanas, y por ello bastaba una decisión del mismo gobierno, una llamada telefónica o un memo de Trump a sus secretarios de Justicia y Seguridad Nacional para revertirla.
Decreto innecesario pero mediático
La noción esgrimida por el entorno de Trump de que el presidente no podía detener la separación de familias indocumentadas sino que eso correspondía a la acción legislativa se derrumbó con el propio decreto presidencial. Pero servía mejor a Trump, y no necesariamente a la justicia ni mucho menos a las familias indocumentadas, captar los reflectores mediáticos con la firma de su orden ejecutiva y con la realización de declaraciones de tono compasivo que, en realidad, se contradicen con la rudeza y la inhumanidad del trato que ha dado a los cerca de 2,300 menores separados de sus padres.
Por otro lado, la orden ejecutiva curiosamente titulada “Permitir al Congreso la Oportunidad de Atender la Separación Familiar” resulta, como su propio título sugiere, una solución de corto plazo y que trata de lavarse las manos para desplazar del Ejecutivo al Legislativo la responsabilidad y las culpas en el tema de la separación de familias indocumentadas.
Alto a separaciones pero sin reunificación
En principio, el decreto supone dejar de separar a las familias indocumentadas en la frontera, lo que implica que si padres o madres con sus hijos menores cruzan irregularmente y se entregan o son detenidos por las autoridades fronterizas, ya no serán separados como sucedió desde que el gobierno federal comenzó su política de “tolerancia cero” hace varias semanas. Pero nada dice de los menores ya separados, los que por lo que se conoce hasta ahora permanecerán en albergues o bajo custodia de padres de acogida o, en el mejor de los casos, de familiares ‘patrocinadores’.
La reunificación de ellos con sus padres es hasta ahora muy improbable, pues el decreto de Trump aunque dice que preservará a las familias indocumentadas unidas (en realidad a aquellas detenidas después de la firma de esta orden) implica que el gobierno continuará procesando penalmente a los indocumentados adultos que cruzaron la frontera irregularmente. Y si son hallados culpables, los padres y madres ya separados de sus hijos pasarán tiempo en prisión y, presumiblemente, serán deportados tras cumplir sus sentencias.
La probabilidad de que logren reencontrarse con sus hijos dentro de Estados Unidos por ello parece hasta ahora ínfima.
La criminalización sigue y las separaciones podrían reiniciarse
Además, dado que la política de “tolerancia cero” persiste, y ese es un aspecto muy punzante, el esquema de mantener a las familias detenidas juntas tiene un límite legal que puede volverlo efímero: el Acuerdo Flores, establecido por fallo judicial en 1997, obliga al gobierno federal a no mantener en detención a menores indocumentados por más de 20 días. Por ello, dado que la administración Trump está procesando penalmente a sus padres y mantendrá a las familias juntas pero en reclusión, si los adultos deben permanecer retenidos por más de 20 días en lo que se dilucidan sus casos, sus hijos menores tendrán que serles retirados después de ese plazo.
En realidad, el Acuerdo Flores está orientado a proteger a los menores de abusos y de ser sujetos a condiciones de prisión y ordena que niños y adolescentes sean mantenidos en las condiciones de detención menos restrictivas posibles (para mitigar el efecto de ese encarcelamiento) y que sean entregados sin demoras innecesarias a parientes o amigos de la familia en Estados Unidos.
Pero el gobierno federal busca suspender el Acuerdo Flores, para poder mantener a las familias indocumentadas detenidas juntas por más de 20 días (y en realidad por un tiempo indefinido), lo que si bien propiciaría mantener la unidad familiar dentro de esos centros de reclusión podría alargar de modo sustantivo el tiempo en que los menores son expuestos al encarcelamiento y sus rigores. Una situación que también resulta inhumana.
Y, al final, si los padres son sentenciados a cárcel y deben pasar más tiempo en prisión, de todos modos los menores podrían ser entonces separados.
La ominosa ‘tolerancia cero’
En realidad, aunque es el afán de Trump y varios republicanos, suspender el Acuerdo Flores (o revertirlo vía legislación) es muy problemático y ominoso, pues ese esquema en realidad protege a los menores indocumentados de abusos de la autoridad y de sufrir condiciones de encarcelamiento. Y es posible que no sea factible suspenderlo ni revertirlo, ya sea por rechazo judicial o por incapacidad de lograr un cambio legal en el Congreso.
Sea como sea, el hecho de que una de las vía a seguir por el gobierno federal sea convencer a las cortes que la detención indefinida de familias indocumentadas debe ser legal o tratar de llegar a ese resultado vía legislativa tiene poco de compasivo, y es meramente una arista más de la ruda política antiinmigrante.
Así, es la criminalización de los indocumentados adultos, la ‘tolerancia cero’, lo que provoca la inestabilidad y rudeza de todo el esquema y ello parece mucho más motivado por consideraciones ideológicas y electoreras que en la disposición a aplicar las leyes migratorias de modo justo y humano. El decreto de Trump mantiene la ‘tolerancia cero’ y por ello, en realidad, no soluciona de fondo el problema de la separación de familias. A lo más la pospone por unos días y no tiene provisiones para reunificar a los menores ya separados con sus padres ni para prevenir que se den separaciones futuras o para ofrecer alternativas al encarcelamiento.
El trauma persiste
Con todo, el trauma infligido a los menores ya separados de sus padres, y al que se someterá también a aquellos mantenidos juntos pero en reclusión, ha sido considerado cruel, inhumano y una forma de abuso sancionado oficialmente. Y el impacto de ello puede ser muy duradero y devastador para los menores, que como han explicado expertos pueden sufrir padecimientos físicos y mentales por mucho tiempo. Ese factor convierte a todo el esquema de encarcelamiento de indocumentados en un mecanismo que vulnera los derechos humanos básicos de esos menores. Tiene por ello una severa carga de injusticia que debe ser revertida.
Y cabría mencionar que la Octava Enmienda de la Constitución explícitamente prohíbe que sean aplicados “castigos crueles o inusuales”. Muchos consideran que la separación y reclusión de familias, y el trauma que sufren los niños, sería en efecto un castigo “inusual y cruel”.
Una reforma migratoria integral, compasiva y justa, y el alto a la actitud y a las políticas xenófobas y antiinmigrantes del gobierno federal son pasos muy necesarios, pero desafortunadamente improbables en el crispado escenario actual.
Más que mantener a las familias indocumentadas detenidas juntas, debe buscarse que sean liberadas juntas con una oportunidad de rehacer sus vidas en Estados Unidos, a donde llegaron huyendo de la violencia y la miseria.
