El laberinto del votante: la sinrazón de la pureza

México ha tenido muy pocas elecciones federales tan importantes como la de 2024 y ninguna en la que el futuro institucional del país y el contenido de los derechos civiles y políticos estuviera en juego de manera tan crítica.

Durante la larga trayectoria del priismo revolucionario, México fue testigo del empuje de la oposición -conformada por partidos de izquierda, socialistas, comunistas y también por el panismo-, para construir reglas y procedimientos electorales que permitieran una organización de las elecciones que garantizara tres cosas: que el gobierno no metiera mano a favor de su candidato, competencia pareja y resultados creíbles, sin que nada ni nadie modificara lo que las ciudadanas y ciudadanos decidían con sus sufragios.

Durante esas siete décadas, México también fue testigo de un partido hegemónico -el mismo PRI- renuente y dilatorio en la construcción de dichas reglas y en la apertura de canales democráticos, de prensa libre, de diseño de contrapesos en el Estado que garantizaran la división de poderes y su autonomía frente al poder del presidente. Sin embargo, ese mismo priismo (a raíz de la crisis de legitimidad que supuso la elección de 1976 en la que López Portillo concurrió al proceso electoral como único candidato, ya que los demás partidos o no se les otorgaba el registro para competir o no percibían en las elecciones organizadas por el aparato oficial la garantía mínima de imparcialidad, credibilidad y transparencia), comenzó en 1977 -gracias a la reforma política de Reyes Heroles- un lento proceso de apertura democrática que culminó con la creación del IFE plenamente autónomo, en 1996. Desde entonces, la pluralidad política del país se ha manifestado una y otra vez en cada proceso electoral. Prueba irrefutable es la alternancia que desde entonces ha estado presente en todos los órdenes de gobierno.

De manera paralela a ese proceso, la clase política mexicana reconoció que hay funciones de Estado esenciales para la vida democrática -y muy especialmente para dar contenido, realidad y eficacia a derechos civiles y políticos- cuya dependencia del poder las ponía en riesgo: fortaleza e independencia del Poder Judicial, autonomía de la institución encargada de organizar los procesos electorales y autonomía constitucional para órganos de Estado que sirvieran de contrapeso al fortísimo imperio presidencial y acotaran el alcance, la secrecía, la discrecionalidad y el carácter potencialmente electorero de sus decisiones.

Ese abanico institucional ha sido modificado a través de muchas reformas constitucionales. A veces con claroscuros, a veces progresistas y con sentido garantista, esas reformas paulatinamente construyeron un andamiaje instrumental para hacer efectivos y mejor garantizar derechos civiles y políticos.

Así, el INE obtuvo la autonomía indispensable para organizar procesos electorales, para monitorear y fiscalizar la procedencia de recursos y su comprobación en precampañas y campañas, para impulsar la igualdad de género en las candidaturas a cargos de elección popular, para monitorear spots y que los medios informativos y especialmente los medios de difusión estatales den una cobertura pareja a los contendientes durante los procesos electorales; así, también, se legisló para permitir candidaturas independientes (y romper el monopolio partidario de la representación política).

Así, la Suprema Corte fue fortalecida y se mejoraron y fortalecieron sus capacidades para realizar el control constitucional que tribunales constitucionales realizan en muchos países del mundo. Esa es una de las funciones esenciales del Poder Judicial: revisar que los actos del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo sean apegados a lo que dice la Constitución; pero así, también, se superó la noción de interés jurídico y se introdujo el interés legítimo para hacer más fácil que las personas afectadas por actos de la autoridad pudieran defenderse mediante juicios de amparo. Esta innovación ha sido muy importante para defender derechos colectivos y difusos como el medio ambiente; y, así también, se amplió el catálogo de instituciones que pueden presentar ante la corte acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales cuando algún poder invade la esfera de otro o cuando algún acto legislativo o ejecutivo vulnera los contenidos constitucionales. La lógica ha sido que más actores, incluído el ciudadano común y corriente, puedan defender la Constitución.

Y así, también, fue creado el IFAI, hoy INAI, para someter los actos de todo servidor público -desde el presidente de la república hasta el más modesto funcionario municipal- al escrutinio de las personas, de los periodistas, de organizaciones civiles. Se dotó a las personas de un instrumento muy potente para saber qué se hace con los recursos públicos, a dónde van a dar, qué efectos tienen las decisiones de las autoridades. Este derecho ha servido para develar excesos, deshonestidades, corrupción, ineficiencia, nepotismo de gobiernos de todo el espectro político. Por eso es un derecho de las personas, porque por definición es incómodo para el poder político, para cualquier administración, para cualquier gobierno.

Desde que en 1977 se aprobó la reforma política, nunca habíamos sido testigos de un embate para modificar la Constitución y desmontar este andamiaje institucional, para desbaratar e inhabilitar derechos esenciales para las personas y para la convivencia democrática. Nunca un presidente, candidato o candidata a la presidencia había manifestado el propósito (hecho programa de gobierno) de sustituir estas garantías (léase instrumentos y mecanismos para hacer efectivos derechos humanos) por una lógica de cooptación de todo poder, de todo contrapeso, de toda regla o institución diseñada justamente para evitar la concentración, la discrecionalidad y el monopolio del poder por parte de un individuo o grupo.

Por eso, la elección de 2024 no se parece a ninguna anterior. Por eso lo que se decide no es un gobierno sino la pervivencia de las reglas democráticas más esenciales: división de poderes efectiva, contrapesos al poder político, protección de la Constitución, escrutinio público, transparencia y, sobre todo, la centralidad de los derechos de las personas en el diseño y funcionamiento del Estado. Sin estas reglas los derechos, la seguridad y la libertad de las personas sufrirán un menoscabo de alcances y profundidad insospechados e inéditos.

Hay, para fines prácticos, dos opciones para elegir mediante el voto en las elecciones de este año. Seguramente muchas personas, desencantadas de todo el espectro político, perciben desde las vísceras el acto de ir a las urnas. ¿Qué candidata no tiene peros? ¿Qué candidata no tiene detrás un partido con una historia llena de excesos y desaciertos? ¿Qué candidata gusta y cae bien? ¿Qué candidata simboliza lo que cada votante quiere que simbolice la persona que va a recibir su voto? ¿Qué candidata satisface los deseos de pureza que cualquier votante quisiera inyectar a la política con su voto? La política, nos guste o no, es como el sexo: se hace con quien está, no con quien uno quisiera que estuviera.

El votante que se abstenga, el que anule su voto y, por supuesto, quien respalde al oficialismo que busca desmantelar los derechos que tanto trabajo ha dado construir, el votante que no vea que en esta elección se juega mucho más que el color del gobierno, se situará voluntariamente en un México antidemocrático y entregará a la nada derechos conquistados. Papel picado.

* Sergio López Menéndez (@serlomen) es egresado de la UNAM (Ciencia Política). Consultor  interesado en derechos humanos, instituciones y política. Actualmente estudio la licenciatura en derecho en la UNAM.