La extraña forma del PP para luchar contra la corrupción

Hasta hace unos meses nada se sabía del trabajo de los fiscales Anticorrupción, los agentes del grupo especializado UCO de la Guardia Civil, y los policías de la UDEF. Trabajaban de forma silenciosa y anónima. Por debajo del radar. Pero desde hace un tiempo ya no es así. ¿Por qué? Porque interesa desacreditarlos.

Todo comenzó con la exministra de Sanidad, Ana Mato, quien montó en cólera tras conocerse su vinculación, y la de su marido, con la trama Gürtel a raíz de la entrega de muy diversos regalos. Movió tantos hilos que todo aquel agente por cuyas manos hubiera pasado el informe policial acabó siendo interrogado por asuntos internos para tratar de descubrir al topo.

Desde entonces ha pasado con Rodrigo Rato, ex vicepresidente del Gobierno en la era Aznar; Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior; Pedro Antonio Sánchez, presidente de Murcia… y recientemente con Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, y el marido de Cospedal, Ignacio López del Hierro.

En todos estos casos ha mediado un denominador común: un informe policial que perjudicaba a un miembro del PP por supuestas irregularidades. Pero la respuesta ha sido la contraria, la de apuntar que las supuestas irregularidades las han cometido los funcionarios de la investigación.

Así la presidenta de la Comunidad de Madrid lamentó el “ruido” y el “daño” que le ha provocado el relato “sin fundamento jurídico” de la UCO sobre su participación en las adjudicaciones irregulares de varios contratos de trama Púnica.

Y ayer mismo Ignacio López del Hierro envió una carta al director de la Policía Nacional para exigir una rectificación y una disculpa por el informe que lo vincula con las actividades empresariales de la familia Pujol en Angola o República Dominicana.

Si se fijan las quejas no suelen ser porque los informes son erróneos. Las quejas vienen por las filtraciones.

Y si se pregunta del lado de los fiscales e investigadores, la versión más repetida es que las filtraciones pueden estar debiéndose a que, de lo contrario, las citadas investigaciones acaban frenadas por el Gobierno. Este es el ejemplo más claro. El ya exfiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, ordenó frenar dos días antes la Operación Lezo contra Ignacio González. ¿Qué hubiera pasado de no haberse filtrado esta decisión? Probablemente Ignacio González estaría desviando recursos públicos y durmiendo en su casa en lugar de tener las cuentas congeladas y estar preso en la cárcel.

Pero aún hay más. De hecho, desde Podemos se han enumerado las trabas del Gobierno a la Comisión de Investigación sobre la finanaciación del PP:

-Solicitan que antes de que se inicien los trabajos se delimite el ámbito temporal de la investigación -eliminando los años más negros del PP-. Los populares defienden que los trabajos deberían circunscribirse desde 2015, fecha en la que el Código Penal tipificó la financiación ilegal como delito.

-Que se dejen al margen procedimientos abiertos judicialmente –esto es dejar las tramas Gürtel y Púnica fuera de la investigación-

-Retrasar la puesta en marcha de la comisión, para ver si escampa la tormenta tras varias semanas con escándalos diarios.

-Reducir el ámbito institucional de la comisión -tratando de reducir el estudio de las cuentas del PP en ayuntamientos, diputaciones y comunidades-.

-También ha solicitado reducir al máximo la lista de responsables públicos llamados a declarar, especialmente los que ostentan un cargo en la actualidad.

Con todo ello el PP ha amenazado con recurrir a los tribunales si la oposición no acota los trabajos. Sí, el PP que se vanagloria de su compromiso por la transparencia y su lucha contra la corrupción.