Yahoo Noticias La deportación súbita de la mexicana Guadalupe García es una ominosa señal para millones de indocumentados
El gobierno de Donald Trump modificó las prioridades y criterios con los que se decide y ejecuta la deportación de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, y por ello más personas están actualmente en riesgo de ser expulsadas del país que las que estaban en esa situación durante la parte final de la administración de Obama.
Guadalupe García de Rayos, una mexicana de 35 años que es madre de dos hijos y residía en Arizona, fue uno de los primeros casos de esa nueva actitud, más ruda y persecutoria, de las autoridades federales contra los indocumentados. Un caso especialmente doloroso y que ha recibido intensa atención mediática.
García acudió, como muchos otros inmigrantes que en algún momento tuvieron problemas legales, a su cita anual con las autoridades de Inmigración y Aduanas (ICE). Como explicó la cadena CNN, en diciembre de 2008 ella fue detenida durante una redada en el lugar donde trabajaba, y fue acusada y sentenciada del cargo de usurpación de identidad, presumiblemente porque ella laboraba allí usando números de identificación del Seguro Social de otra persona.
Fue una de las primeras redadas contra indocumentados en centros de trabajo emprendida en Arizona por el entonces sheriff de Maricopa, Joe Arpaio.
Ella pasó tres meses detenida en la prisión del Condado y otros tres meses en un centro de ICE antes de ser liberada y desde entonces había comparecido periódicamente ante las autoridades de inmigración, pero nunca se le había sometido, hasta ahora, con las nuevas normas impulsadas por Trump, a deportación. Incluso pese a que, desde 2013, contra ella pesaba una orden para ser removida del país.
Así, el pasado miércoles García se presentó para su cita anual con ICE en Phoenix, Arizona, con temor pero con la esperanza de que fuese sólo un trámite más como en los ocho años anteriores. Pero fue detenida y deportada a México casi de inmediato.
Se habría tratado, como indicó The Washington Post, de momentos de fuerte tensión, pues activistas pro inmigrantes temían que García fuera detenida por ICE y mientras ella estaba dentro del edificio público afuera se desarrolló una manifestación contra las deportaciones que habría reunido a unas 200 personas, entre ellas los hijos de García.
Los intentos desesperados de algunas de los manifestantes por impedir que una camioneta saliera del edificio de ICE llevándose, presumiblemente hacia la frontera, a García y otros indocumentados fue infructuosa. Al menos siete personas que intentaron ese bloqueo fueron retiradas del lugar y arrestadas por la policía, si bien la protesta fue mayormente pacífica.
Durante la etapa final del gobierno de Obama se estableció que sólo los indocumentados con graves antecedentes penales u ofensas repetidas y que fueron sentenciadas por ello, o aquellos que ingresaron al país en fechas recientes, serían prioridad en los esfuerzos de deportación de ICE, lo que dio a personas como García un tenso respiro. Pero los nuevos lineamientos de Trump amplían esos criterios de deportación a más circunstancias: como comenta The New York Times, personas indocumentadas que fueron sentenciadas por cualquier clase de delito, e incluso algunas que fueron acusadas aunque no se les halló culpables, están incluidas dentro de las prioridades de deportación actuales.
Aunque ilegal, usar un número de seguro social ajeno o falso –la razón por la que García fue sentenciada y que ahora la colocó dentro de los criterios de deportación– no es un crimen violento de gravedad mayor. Y García decidió usar esa identificación ajena no por afán criminal sino por la necesidad de obtener un trabajo y un ingreso para sostener a su familia.
Ella ingresó al país sin documentos migratorios a los 14 años por la frontera entre Sonora y Arizona, y años después se casó (con una persona que también es indocumentada) y tuvo a sus dos hijos, que tienen actualmente 16 y 14 años y serían ciudadanos estadounidenses.
El caso de García, de acuerdo a defensores de los derechos de los inmigrantes, sería el primero en el país en el que una persona indocumentada que comparece voluntariamente a su cita anual ante Inmigración es detenida y deportada. Autoridades citadas por los periódicos mencionados dijeron que el caso de García fue evaluado por las instancias competentes y que por sus antecedentes y por tener una orden de deportación en su contra se procedió a su deportación con base en los lineamientos vigentes, establecidos por las recientes órdenes ejecutivas de Trump.
Tras ello, es de suponer que muchas personas que estaban en la obligación y disposición de acudir a su cita anual dejarán de hacerlo y optarán por volver a las sombras ante el alto riesgo de ser deportadas si se presentan ante ICE.
García hoy se encuentra en México, un país que dejó más de dos décadas atrás, súbitamente separada de su familia y con un futuro incierto. Y su caso es un una ominosa amenaza que pende sobre miles y miles de indocumentados.
