La cloaca millonaria que destapó el terremoto en la Ciudad de México

La Ciudad de México ha sido rehén de los políticos sin escrúpulos en el transcurso de su vida. Hoy, la historia de repite y vemos un episodio más de lo negativo que es para la sociedad que los políticos gocen del fuero que utilizan para obtener la impunidad que les permite abusar del poder, sin que por ello asuman las consecuencias.

El suceso actual se refiere a la renuncia de Ricardo Becerra Laguna a la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, creada a partir de los sismos de septiembre de 2017, que trajeron como consecuencia la afectación de 11 mil 200 inmuebles con distintos grados de daño y decenas de miles de damnificados.

A la Comisión se le planteó el siguiente objetivo: “Permitirá asegurar la implementación efectiva y coordinada de las acciones de reconstrucción, recuperación y transformación de la ciudad a través de un organismo transparente, ágil y calificado para proveer una acción inmediata y efectiva.”

La renuncia de Becerra Laguna fue presentada al Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera, en ella argumenta que se debe a que los diputados autorizaron de manera directa y saltándose a la Comisión, el uso de 8 mil millones de pesos que inicialmente estaban destinados para los damnificados del sismo del 19 de septiembre.

“Ignoro las justificaciones o las prioridades que han orientado el gasto de los casi 8 mil millones de pesos expresados en sendos escritos. No solo eso, sino que no tiene relación alguna con el diagnóstico de las necesidades de las personas afectadas por el sismo y el orden de prioridades que la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México ha identificado después de más de 150
visitas a lugares críticos”.

Otros integrantes de la Comisión también se fueron. Mauricio Merino, a cargo de la transparencia en la aplicación de los recursos para reconstrucción, renunció y expuso, mediante un comunicado, que su posición quedó sin capacidad de vigilancia y monitoreo sobre la autorización recursos destinados a los damnificados del sismo.

Señaló que tanto el Fondo para la reconstrucción como la Comisión fueron creados “con el fin de facilitar el ejercicio de recursos con una lógica de participación de múltiples actores y evitar, sobre todo, el uso de los recursos para fines político electorales”, tarea que, dice, no se está cumpliendo.

Renunciaron a la Comisión Fernando Tudela y la periodista Katia D´Artigues quien argumentó que su salida se debía a que tres diputados habían autorizado el manejo de 8 mil 200 millones de pesos, lo que en su criterio significa “un limbo jurídico que no da claridad ni certeza a nadie”.

Los diputados perredistas Leonel Luna y Mauricio Toledo y el panista Jorge Romero, miembros de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, fueron los que decidieron darse facultades ejecutivas siendo un órgano legislativo y disponer que con base en el artículo 14 de la Ley de Reconstrucción, la Asamblea fuera la encargada de “revisar y aprobar los planes de acción que elaboren las dependencias e instituciones del gobierno de la CDMX, a fin de validar la adecuada coordinación y asegurar el máximo beneficio público de los recursos”.

De esta forma, retiraron facultades a la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, tanto operativas como de manejo de recursos.

Hoy la situación de los miles de damnificados es incierta pues al quedar sin responsables la Comisión para la Reconstrucción y ante la inminente renuncia de Miguel Ángel Mancera que corre tras una posición que el PAN le “regala” en el Senado de la República, con la que accederá al fuero y la impunidad para lo que se venga en su futuro, sobre todo en el caso de que el partido de López Obrador tome el poder en la Ciudad de México.

Lo que menos le interesa a los políticos es la gente que ha quedado sin protección de parte del gobierno que, en los laberintos de la burocracia, mantiene estancada la situación legal de los damnificados, muchos de los cuales todavía esperan que les sea autorizado el acceso a sus inmuebles que no han sido dictaminados, para su demolición o reconstrucción.

Lo único cierto es que los tres diputados, operadores del PRD y del PAN, ya buscan otras posiciones, ahora en el Poder Legislativo Federal para continuar su “carrera” política, a cualquier precio, no importa el bienestar de los ciudadanos.

Este evento confirma que la Ciudad de México sigue siendo rehén de las camarillas políticas de los partidos, se reparten los recursos públicos a manos llenas con el discurso hueco de que es para mejorarla y madurar la democracia.

En lo que son maestros es en la simulación. Tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo.