Anuncios

La justicia de El Salvador condena por enriquecimiento ilícito a expresidenta del Congreso

SAN SALVADOR (AP) —

La justicia de El Salvador condenó el martes a la expresidenta del Congreso, Lorena Peña, y a su hija a restituir al Estado más de 150.000 dólares por enriquecimiento ilícito durante su periodo de diputada del del exguerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional entre 2012 a 2018.

El fiscal especializado en delitos de corrupción que llevó el caso alegó que, tras analizar el patrimonio familiar de la exdiputada, se detectaron inconsistencias en “algunos movimientos financieros, compras de inmuebles y pagos de obligaciones financieras, las cuales son inconsistentes o desproporcionales con los ingresos legítimos conocidos”.

Una sala de lo Civil de San Salvador falló contra Peña y su hija, Ana Virginia Peña, condenándolas a devolver 133.746,60 dólares y 17.016,26 dólares, respectivamente. También inhabilitó a ambas para ejercer cargos públicos por 10 años, una vez la sentencia esté en firme, y les impuso el pago de los costos procesales.

Lorena Peña, alta dirigente del FMLN, fue condenada por no poder justificar el origen del dinero en cinco de las siete irregularidades que fueron encontradas por la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. Su hija no logró desvanecer tres de las ocho irregularidades que le imputaban.

La exdiputada, cuyo paradero se desconoce, reaccionó en su cuenta oficial de la red social X, antes Twitter, y afirmó que fue condenada sin pruebas.

“Sin pruebas, sin tomar en cuenta las aclaraciones que su mismo perito aceptó como válidas. Repito FGR (Fiscalía General de la República) no documentó sustracción de fondos públicos. Ni incremento del patrimonio. La verdad nos asiste, seguiremos luchando hasta que (esta) prevalezca”, manifestó Peña.

Su abogada defensora Hazel Alvarado adelantó que apelarán la resolución judicial, pese a que “ha sido un fallo bastante favorable porque se logró reducir en gran manera las irregularidades atribuidas a mis representadas”. Aseguró, no obstante, que tienen pruebas “tanto documentales y periciales” para justificar las otras irregularidades por las que les atribuyen enriquecimiento ilícito.

La demanda inicial contra Peña era por más de 140.000 dólares por su periodo como diputada entre 2012-2015 y 2015-2018. En el caso de la hija, por un monto de casi 137.000 dólares.

La exdiputada del FMLN ha rechazado las imputaciones y dice que se trata de un ataque político.