Llevar ante la justicia a quienes organizaron los vuelos de migrantes desde Florida tendría obstáculos jurídicos

SAN ANTONIO — Cuando hace poco un avión privado contratado por el gobierno de Florida llevó a migrantes latinoamericanos desconcertados en un par de vuelos de Texas a California, el gobernador Gavin Newsom lo describió como un posible “secuestro” y pidió una investigación.

Había un precedente: esta semana, un alguacil de Texas anunció que recomendaba la presentación de cargos penales en relación con dos vuelos similares el año pasado, también organizados por el estado de Florida, en los que se transportaron a 49 inmigrantes venezolanos de Texas a Martha’s Vineyard, Massachusetts, dejando en manos de las atónitas autoridades locales la decisión de qué hacer con ellos.

Pero, según los analistas jurídicos, responsabilizar civil o penalmente a alguien por los vuelos puede resultar difícil y lo más probable es que dependa de si los migrantes fueron engañados antes de abordar los aviones.

“Sospecho que procesar esto va a ser difícil”, afirmó Jon Taylor, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Texas en San Antonio familiarizado con las leyes penales del estado. “Puede ser difícil lograr una condena”.

Los funcionarios estatales dijeron que los migrantes que llegaron a Sacramento el viernes y el lunes tenían documentos que indicaban que “la División de Gestión de Emergencias de Florida” y su contratista con sede en Florida, Vertol Systems, se encargaron de gestionar los vuelos.

Newsom, demócrata, sin duda culpaba a su homólogo republicano en Florida, el gobernador Ron DeSantis, quien se ha quejado durante mucho tiempo de que las políticas fronterizas demócratas han hecho que Florida tenga que lidiar con un aumento en la inmigración que ha afectado las escuelas y otras infraestructuras públicas en su estado.

“Hombre pequeño y patético”, escribió Newsom en Twitter, dirigiéndose a DeSantis. “Esto no es Martha’s Vineyard. ¿Cargos por secuestro?”.

Los funcionarios de Florida confirmaron el martes que los vuelos se llevaron a cabo con base en el programa de reubicación de 12 millones de dólares del estado, pero insistió en que fueron “voluntarios” y que sus organizadores obtuvieron consentimiento verbal y escrito de los migrantes que, según dijeron, querían ir a California.

Varios analistas jurídicos comentaron que se podría hablar de una responsabilidad civil o penal si resultara que el consentimiento no se dio con pleno conocimiento de causa, como al parecer sucedió con algunos de los migrantes que fueron llevados en avión a Massachusetts en 2022. Algunos de esos hombres y mujeres comentaron que se les había dicho, sin ser cierto, que tendrían trabajo al llegar, además dijeron que no habían entendido del todo los descargos de responsabilidad que habían firmado.

Pero habría defensas: los empleados contratados para reclutar migrantes en Texas para que abordaran los vuelos podrían decir que se les dijo que solo iban por voluntarios que quisieran viajar a otro estado, comentó Taylor.

E incluso si se estableciera que los migrantes fueron engañados por personas en ese momento, dijo, DeSantis o aquellos en su círculo íntimo podrían alegar que no habían dado instrucciones a sus empleados o contratistas para engañar o coaccionar a nadie.

“Es la idea de las manos limpias. No son directamente responsables”, dijo Taylor. “Es una negación plausible”.

Los investigadores de Texas que examinaron los vuelos de Martha’s Vineyard consideraron al principio una amplia gama de posibles delitos, pero tras una minuciosa investigación, la oficina del alguacil del condado de Bexar recomendó procesarlos por retención ilegal, un delito menor en la mayoría de los casos y un delito grave cuando se trata de niños.

Las personas que reclutaron a los inmigrantes podrían enfrentar penas de hasta dos años en prisión porque varios menores fueron parte del grupo que se llevó a Massachusetts, afirmaron los investigadores.

“Esto es lo que hace a este caso tan extraordinario, sobre todo porque es exagerado llamarlo tráfico de personas”, dijo Taylor.

Gran parte de la atención en el caso de Texas se ha centrado en una exagente de contrainteligencia del Ejército, Perla Huerta, que se reunió con varios migrantes fuera de un refugio en San Antonio, les entregó tarjetas de regalo de McDonald’s y un folleto cuya portada proclamaba: “Massachusetts te da la bienvenida”. Los migrantes, que en su mayoría escapaban de la pobreza extrema y la desesperación en su país de origen, firmaron renuncias de responsabilidad en las que aceptaron los vuelos y se embarcaron en dos aviones operados por Vertol Systems con destino a Martha’s Vineyard, un oasis para ricos de izquierda.

Los abogados que representan a Huerta en las demandas relacionadas no respondieron a una solicitud de comentarios. En documentos legales, han dicho que los migrantes solo se quejaron de sus viajes porque no están de acuerdo con la política de DeSantis. Se mostraron receptivos a los viajes gratuitos, según los documentos, porque estaban hambrientos, agotados y tenían pocas opciones de ayuda cuando se pusieron en contacto con ellos.

El alguacil de San Antonio no recomendó cargos más graves, como el secuestro, ni expandió su red para incluir a figuras políticas de alto nivel en Florida, como a DeSantis. Los analistas jurídicos dijeron que tal vez esto se debía a que las autoridades locales de procuración de justicia sintieron que su función tenía un alcance limitado. Desde el principio, el alguacil Javier Salazar hizo énfasis en que iba tras las personas que pudieran haber infringido la ley en su propia jurisdicción.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, no ha protestado como Newsom en California: Abbott emprendió su propio programa de reubicación, que le ha permitido enviar en autobús a una gran cantidad de migrantes a ciudades gobernadas por demócratas como Nueva York, Washington y Chicago.

La cuestión en California podría ser de jurisdicción, ya que los vuelos no se originaron allí, pero el estado podría hacer valer su autoridad dado que al menos parte del delito tuvo lugar allí, siempre y cuando se pueda demostrar que los migrantes fueron llevados allí contra su voluntad, enfatizó Gerardo Menchaca, abogado migratorio en San Antonio que ha manejado con frecuencia casos criminales.

Ser llevado a algún lugar con engaños puede “equipararse a un secuestro”, dijo Menchaca. Y debido a que los migrantes fueron llevados de un estado a otro, tanto el gobierno estatal como el federal tendrían derecho a abrir una investigación, comentó. “No tiene por qué ser donde empezó el delito, siempre que acabara allí”, añadió.

Rob Bonta, procurador general demócrata de California, dijo que los investigadores estaban analizando si se había cometido algún delito.

c.2023 The New York Times Company