Jurado de instrucción de Florida centrado en niños migrantes no acompañados arremete contra federales en nuevo informe

En un sorprendente informe que puede desencadenar nuevas hostilidades entre la administración del presidente Joe Biden y el gobernador Ron DeSantis, la fiscalía estatal de la Florida acusó explícitamente el jueves a las autoridades federales de inmigración de “tráfico de personas” en su supervisión de los niños migrantes no acompañados en el estado.

La Fiscalía Estatal publicó un áspero informe de 46 páginas de un jurado de instrucción que denuncia a la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR) del Departamento de Seguridad Nacional federal, por dejar a los niños migrantes vulnerables con cuidadores no verificados, o “patrocinadores”, y luego renunciar a toda supervisión de su bienestar. El informe sugiere que esta política es un delito de negligencia infantil.

El Jurado de Instrucción Estatal, que es una rama de la oficina de la procuradora general Ashley Moody, también acusa al gobierno federal de encubrir sus presuntas fechorías.

“Se hace creer al público que el proceso descrito por nuestro gobierno federal en documentos y relatos populares de los medios de comunicación al menos se parecía a la verdad”, dice el informe. “La ORR afirma que los niños que huyen del peligro son adecuadamente identificados, adecuadamente atendidos y reunidos con su familia en este país.

“En realidad, la ORR está facilitando la migración forzada, la venta y el abuso de niños extranjeros, y algunos de nuestros habitantes en la Florida están (en algunos casos sin saberlo) financiándolo e incentivándolo por razones principalmente económicas”.

Al igual que el gobernador, Moody ha criticado duramente la política federal de inmigración. En marzo, un juez federal —al dictaminar en un caso presentado por la oficina de Moody— ordenó a la administración de Biden que anule y modifique una política que ha concedido la libertad condicional a decenas de miles de inmigrantes indocumentados.

El informe del jurado de instrucción, llamado presentación, que fue supervisado por el fiscal estatal Nick Cox, es la última salva en una larga disputa entre DeSantis y otros líderes estatales y los administradores federales de inmigración sobre la custodia y el cuidado de los niños, en su mayoría centroamericanos y sudamericanos, que cruzan la frontera sur sin supervisión familiar o de un adulto.

En los últimos meses, cientos de niños cubanos no acompañados también han cruzado la frontera sur tratando de asentarse aquí.

Más de 13,000 niños enviados a la Florida

El año presupuestario pasado, según el informe, la Patrulla Fronteriza se hizo cargo de la custodia de 127,447 niños migrantes no acompañados, un aumento de casi cinco veces en comparación con 2015. De ellos, 13,195 fueron entregados a patrocinadores en la Florida.

En diciembre, DeSantis ordenó a los administradores de bienestar infantil del estado que dejaran de emitir o renovar licencias a las instalaciones que albergan a niños migrantes bajo contrato con el gobierno federal, una medida que los operadores de refugios advirtieron que podría obligarlos a reubicar a miles de niños. La orden dejó vigentes las licencias existentes.

En junio pasado, DeSantis pidió a la Corte Suprema del estado que convocara un jurado de instrucción estatal para investigar a los migrantes indocumentados.

“El propósito del jurado de instrucción será investigar a individuos y organizaciones que están trabajando activamente con extranjeros, carteles de la droga y coyotes para contrabandear ilegalmente a menores, algunos de tan solo dos años de edad, a través de la frontera y hacia la Florida”, dijo DeSantis en una conferencia de prensa en Pensacola.

Atacar el historial de la administración de Biden en materia de seguridad fronteriza ha sido un elemento básico de la estrategia nacional del Partido Republicano, y DeSantis, que se espera que sea candidato a la nominación republicana a la presidencia, ha calificado de “fracaso abyecto” las políticas fronterizas del presidente demócrata.

Al “incentivar” la migración ilegal, escribió el jurado de instrucción, la administración de Biden ha animado a los niños “a emprender y/o ser sometidos a una angustiosa travesía hasta nuestra frontera, abandonando a un número significativo de los que sobreviven al viaje a un destino incierto con personas que en su mayoría no han sido investigadas.

“Este proceso expone a los niños a horribles condiciones de salud, amenazas criminales constantes, tráfico laboral y sexual, robos, violaciones y otras experiencias a las que no se hace justicia con meras palabras”, añaden los miembros del jurado de instrucción.

El informe denuncia la incapacidad del estado para influir en la política de inmigración, que es competencia exclusiva del gobierno federal, pero sugiere que el estado “puede y debe regular a quienes viven entre nosotros y buscan la responsabilidad de criar a un niño que no es suyo”.

Jurado de instrucción formula recomendaciones

La presentación emite una serie de recomendaciones, aunque es probable que susciten poca resistencia por parte de una Legislatura, actualmente en sesión, que goza de una supermayoría republicana y ha evidenciado una inmensa lealtad a DeSantis, cuyos dos mandatos como gobernador han visto un dramático aumento del peso republicano.

Entre las recomendaciones:

▪ Exigir a los refugios y patrocinadores que informen a las autoridades de bienestar infantil de todos los niños no acompañados que viven en el estado, y que inicien procedimientos legales para determinar su custodia legal. No hacerlo constituiría un delito grave, cuya investigación estaría encabezada por la Policía Estatal de la Florida (FDLE) y perseguida por la Fiscalía Estatal.

▪ Exigir a las organizaciones que colocan a niños inmigrantes indocumentados con un “supuesto padre biológico” que documenten la relación con un certificado de nacimiento o pruebas de ADN.

▪ Los legisladores deberían crear nuevas sanciones penales por acoger a inmigrantes indocumentados, una recomendación que la Legislatura, liderada por los republicanos, está estudiando este año con el respaldo del gobernador.

Además de la recomendación del jurado de instrucción, la propuesta legislativa pretende aumentar las penas para las empresas que contraten a trabajadores indocumentados, exigiría a las fuerzas del orden que recojan muestras de ADN de los inmigrantes que se encuentren en centros de detención y obligaría a los hospitales a recopilar datos sobre si los pacientes son indocumentados.

La propuesta avanza lentamente en la Legislatura, pero se espera que gane fuerza en las próximas semanas, a pesar que grupos religiosos dicen que la propuesta legislativa sería un ataque a su “libertad religiosa”, ya que afectaría a los servicios que ofrecen a los migrantes.

Bryan Griffin, secretario de Prensa del gobernador, dijo lo siguiente sobre el trabajo del jurado de instrucción en diciembre: “Agradecemos y continuamos monitoreando el trabajo del Jurado de Instrucción Estatal, y esperamos que se emitan más presentaciones en el futuro. Estamos de acuerdo en que es necesario actualizar el lenguaje estatutario sobre el contrabando de personas para que sea mucho más contundente y, por tanto, un mayor elemento disuasorio de esta actividad delictiva. Esperamos con interés las recomendaciones adicionales del Jurado de Instrucción”.

“El gobernador se compromete a actuar dentro de su autoridad para contrarrestar la crisis fronteriza de Biden y reducir la carga del descuido de funciones de la administración en la frontera sobre el pueblo de la Florida”, añadió.