Juicios de policías de Hialeah acusados de golpiza pudieran dar un giro legal inusual: jurados paralelos

Los juicios penales en los que interviene más de un sospechoso son acontecimientos cotidianos en el sur de la Florida. Los que cuentan con dos jurados separados son raros.

Pero el juez que preside el juicio de dos policías de Hialeah y otros dos acusados del secuestro y maltrato de un indigente y de su posterior encubrimiento se inclina por ese arreglo: convocar a dos jurados en la misma sala, al mismo tiempo.

Sería inusual, pero no inaudito. De hecho, la Florida fue uno de los primeros estados en respaldar una opción introducida hace medio siglo en el sistema judicial federal. Y el compromiso del estado con los jurados gemelos se consolidó en un notorio caso de 1992 relacionado con el asesinato, dos años antes, de un policía de Miami-Dade.

El razonamiento es sólido: los jurados gemelos pueden ser más económicos en sistemas judiciales con dificultades financieras. Un jurado pudiera verse contaminado por el resultado de un juicio anterior. Y en la mayoría de los casos en que dos personas son acusadas del mismo delito o similares, es habitual que los testigos coincidan.

Los argumentos en contra son igual de sólidos: una persona acusada de un delito tiene derecho a un juicio individual. Hay demasiadas oportunidades para que los jurados de ambos casos discutan los temas. Y sacar y meter a los jurados de las salas para impedirles escuchar ciertas partes de los testimonios puede ser complicado.

El jueves, el juez de Circuito de Miami-Dade Robert T. Watson dijo que se “inclinaba fuertemente” a seguir adelante con jurados gemelos que pudieran estar sentados por separado o divididos por una cortina en la sala más grande del tribunal. El juez dijo que tener juicios consecutivos “pudiera ser peor” y mencionó cómo es probable que los jurados vean la cobertura de los medios o hablen con amigos y familiares. Además, dijo, está convencido que el juicio contra los cuatro hombres pudiera terminar en dos semanas.

Su opinión, sin embargo, no fue muy respaldada por tres de los abogados que representan a los cuatro hombres acusados en el incidente del 17 de diciembre que involucra a un indigente quien según los fiscales fue llevado por dos policía de un pequeño centro comercial de Hialeah a una zona boscosa a varias millas, golpeado y abandonado. Después, según los investigadores, los hombres intentaron encubrir el delito.

Los policías Rafael Quiñones Otaño, de 27 años, y Lorenzo Rafael Orfila, de 23, están bajo arresto domiciliario desde el 14 de febrero. Otaño enfrenta cargos de secuestro a mano armada y lesiones. Orfila, secuestro a mano armada, lesiones y mala conducta oficial. Ambos enfrentan posibles cadenas perpetuas si son declarados culpables. También están acusados de delitos relacionados con el presunto secuestro de José Ortega Gutiérrez el notario Juan Prietocofino, de 51 años, acusado de autentificar fraudulentamente una declaración jurada destinada a exculpar a los agentes, y el investigador privado Ali Amin Saleh, de 45 años, quien según la Policía intentó comprar el silencio de Gutiérrez y fue acusado de manipulación de testigos.

Los abogados que representan a los dos agentes y a Saleh argumentaron que sus clientes estarían mejor atendidos en juicios individuales, ya que los jurados enfrentados crearían demasiadas oportunidades para que los jurados hablaran entre sí.

“Se crea un mayor riesgo de envenenar el pozo”, dijo el abogado de Otaño, Michael Pizzi.

Si los acusados acaban compartiendo sala, es probable que el destino de Orfila, Prietocofino y Saleh sea determinado por un jurado y el de Otaño por otro, según un plan entregado al juez por la Fiscalía Estatal de Miami-Dade. Esto se debe a que un testigo del caso afirmó que Orfila dijo a otros agentes que los policías habían maltratado a Gutiérrez. Y como Otaño tiene derecho a confrontar a su acusador, esa declaración no se permitiría en el juicio de Otaño.

El plan del estado que el juez Watson está estudiando también prevé la eliminación de un grupo de jurados cuando el juez haya excluido determinados testimonios contra un acusado, pero no contra los demás. Es probable que Watson tome su decisión en algún momento de junio. Los abogados tienen hasta el final de la semana para presentar mociones relacionadas con el plan y el estado tiene hasta el 30 de mayo para responder.

A pesar de las objeciones de los abogados, Watson dijo que cree que es “logísticamente posible” y que planeaba discutirlo con otros jueces en las próximas dos semanas.

El sistema de dos jurados fue aprobado en Miami-Dade en 1992, durante la condena de Samuel Vélez por el asesinato del policía de Miami-Dade Joseph Preston Martin. Aunque Vélez nunca fue acusado de apretar el gatillo, fue condenado por homicidio involuntario de un agente de la ley, intento de homicidio, hurto mayor y robo a mano armada. Martin fue asesinado después que Vélez y otras dos personas que habían cometido varios robos fueron detenidos por el agente en North Miami Beach. El testimonio en el juicio demostró que uno de los compañeros de Vélez dijo que nunca volvería a la cárcel y empezó a disparar cuando Martin se acercó. Un tribunal de apelaciones rechazó la alegación de Vélez de que los jurados gemelos le perjudicaron en el juicio.

Otaño y Orfila, que fueron despedidos en Hialeah tras el supuesto secuestro, fueron acusados de secuestrar a Gutiérrez, un hombre bien conocido por los inquilinos de un centro comercial de Hialeah. Los policías, que fueron llamados inicialmente por alguien en Los Tres Conejitos Bakery en 1912 W. 16 St., encontraron a Gutiérrez, lo esposaron y le dijeron que lo llevaban a la cárcel por ebriedad y desorden público, dicen los fiscales.

Los fiscales dicen que los sistemas GPS de los agentes muestran que Gutiérrez fue llevado a una zona boscosa a 6.6 millas de distancia en NW 94 Avenue y 174 Street, y luego golpeado. Unas horas más tarde, un policía de Hialeah fuera de servicio encontró a Gutiérrez vagando por la calle. Gutiérrez le dijo al agente que había quedado inconsciente y que se había despertado con cortes y magulladuras.

Menos de dos semanas después, según los investigadores, Saleh se presentó en el mismo centro comercial del que los agentes se habían llevado a Gutiérrez y el investigador intentó convencerlo de que aceptara $1,350 y firmara una declaración jurada en la que decía que no había sido maltratado y que los policías no habían hecho nada malo. Prietocofino está acusado de certificar ante notario la declaración jurada falsa.

Se fijó una fecha provisional para el juicio de los cuatro hombres en julio, aunque es probable que se retrase.