Juicio político a la Corte: el kirchnerismo citó al fiscal Stornelli y accedió a que el registro de llamadas sea otorgado con previa autorización judicial

En una tensa reunión, cruzada por acusaciones entre el oficialismo y la oposición, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados citará como testigo al fiscal Carlos Stornelli en el proceso que lleva adelante contra los cuatro jueces de la Corte Suprema por supuesto mal desempeño en sus funciones y posible comisión de delitos.

El pedido fue formulado por el jefe del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, y aprobado por la mayoría oficialista en la comisión, que preside la entrerriana Carolina Gaillard. Los diputados de la oposición, que en el arranque de la reunión habían denunciado que el proceso impulsado por el oficialismo está “viciado de nulidad” por las medidas de prueba solicitadas y los testigos convocados, se opuso.

Los airados planteos de la oposición, que a partir de ahora dosificará su participación en la Comisión de Juicio Político para no legitimar con su presencia todo el proceso, impactaron en el oficialismo. En efecto, si bien el Frente de Todos está decidido a ir a fondo en su embestida contra la Corte, accedió al reclamo opositor para que el registro de llamadas entrantes y salientes solicitada a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) sea otorgada previa autorización judicial.

“No queremos darle argumentos a la oposición que deslegitimen esta investigación”, explicaron en el oficialismo.

En lo que no darán marcha atrás es en el listado de testigos citados. Stornelli, quien fue el fiscal del caso de los cuadernos de las coimas durante el kirchnerismo, fue convocado como testigo luego del testimonio que brindó el juez federal Alejo Ramos Padilla en la comisión. Ante los legisladores, el magistrado cuestionó la decisión del fiscal Stornelli de solicitar el archivo de las denuncias sobre mensajes cruzados que involucran a Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte Horacio Rosatti, y el ministro porteño de Justicia y Seguridad, Marcelo D’Alessandro. Esos mensajes se habrían producido en vísperas del fallo con el que el máximo tribunal benefició al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en la devolución de fondos coparticipables.

Al no haber acusación fiscal, el juez federal Sebastián Ramos dispuso el archivo de las actuaciones el mes pasado con el mismo argumento que esgrimió el fiscal: que las denuncias formuladas por los gobernadores de La Rioja, Ricardo Quintela, y de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, se basan en elementos obtenidos de manera ilegal. El oficialismo, que intenta demostrar la connivencia política entre la Corte y el gobierno porteño, convocó a Ramos a la comisión y lo bombardeó a preguntas.

Los diputados oficialistas, críticos de la actitud de Ramos, insistieron en conocer por qué dispuso, en plena feria judicial, el archivo de las actuaciones sin haber investigado previamente. El magistrado repitió una y otra vez el mismo libreto: la ley y la Constitución le prohíbe a los jueces proponer medidas de prueba por encima de aquéllas que manda el Ministerio Público Fiscal. En este caso puntual, el fiscal Stornelli solicitó el archivo de las actuaciones por lo que, previo control de razonabilidad, actuó en consonancia, sostuvo Ramos.

El magistrado defendió la resolución del fiscal. “Fue un dictamen legal, razonado y fundamentado, no solamente en hechos que aportó, sino en jurisprudencia y doctrina”, enfatizó Ramos quien, ante una pregunta de Martínez, negó todo vínculo con D’Alessandro y Robles. “No señor”, enfatizó.

No conformes con el testimonio de Ramos, quien en todo momento se remitió a la resolución firmada, los oficialistas buscaron encontrar respuestas en el siguiente testigo, el juez federal Ramos Padilla, a quien la oposición lo ubica cercano al kirchnerismo. El mes pasado este magistrado, tras recibir una denuncia del gobernador bonaerense Axel Kicillof contra Robles y D’Alessandro, se declaró incompetente pero, a contramano del juez Ramos y el fiscal Stornelli, sostuvo que debía investigarse la denuncia sobre los mensajes cruzados.

“Si lo que se debate en esta Comisión es la utilización de escuchas ilegales en un juicio político, les traigo este precedente, que es mi caso. Usaron escuchas ilegales en mi contra en el pedido de enjuiciamiento que debí enfrentar durante tres años”, sostuvo Ramos Padilla. El magistrado se refirió a la denuncia -finalmente archivada- que presentó la Coalición Cívica en la que aparecía mencionado en escuchas telefónicas realizadas en la cárcel de Ezeiza, en las que exfuncionarios kirchneristas se referían a maniobras para perjudicar la investigación del caso de los cuadernos de la corrupción.

Asimismo, el magistrado cuestionó la decisión de Ramos y de Stornelli de archivar las denuncias contra Robles y D’Alessandro. “Es muy poco común decidir el archivo (de un expediente) durante la feria”, sostuvo, e instó al máximo tribunal a que establezca reglas claras sobre el uso judicial de las escuchas. “Estaría bueno que la Corte ponga limites claros sobre las escuchas, porque a veces se usa en las causas y a veces, no se usa”, dijo.

Acto seguido fue el turno del tercer testigo, Sergio Rubén Romero, subdirector de Gestión Interna y Habilitación, dependiente de la Secretaría General de Administración de la Corte Suprema. El diputado oficialista Leopoldo Moreau le preguntó sobre una filtración de agua que afectó el mes pasado a un sector del Palacio de Tribunales. Romero confirmó que uno de los despachos dañados fue el de Robles, cuyas computadoras se vieron afectadas.

Moreau tomó nota de la respuesta. En el oficialismo sospechan que, tras la filtración de los mensajes con D’Alessandro, Robles buscó eliminar todo rastro de ese vínculo. “Está claro que hubo una importante inundación que abarcó exclusivamente el despacho de señor Robles y tuvo la desgracia que dejara inutilizadas sus computadoras. Pudo ser una casualidad, después sacaremos nuestras conclusiones”, deslizó, suspicaz.