Juez decidirá si deben devolverse millones de sobrecargo por estacionamiento en Miami. La ciudad lo refuta

Las dos partes implicadas en una disputa legal sobre un importante recargo por estacionamiento que la ciudad de Miami ha estado recaudando durante dos décadas pidieron el miércoles a un juez que fallara a su favor, mucho antes incluso que comience el juicio.

El sobrecargo de estacionamiento de 15% en todos los garajes y estacionamientos de Miami ha reportado a la ciudad decenas de millones de dólares desde que los habitantes votaron a favor en 2003. Pero había un inconveniente: una ley estatal que tiene precedencia ante el referendo solo permite a las ciudades complementar los ingresos con el impuesto si más del 20% del valor de sus bienes inmuebles está exento de impuestos.

La ciudad dice que así es. Los demandantes, tres trabajadores de Miami que han pagado sobrecargo en estacionamientos en varios barrios de Miami, no están de acuerdo.

La ciudad quiere que el sobrecargo continúe. Los abogados de los demandantes en el caso de acción colectiva —que potencialmente representan a miles de personas a quienes se les reembolsarían millones— llaman ilegal al sobrecargo y dicen que debe ser devuelto a todos los que han pagado para estacionarse, habitantes de la ciudad o no. Las partes se presentaron ante el tribunal solicitando que el juez Thomas J. Rebull del Tribunal de Circuito de Miami-Dade conceda a su parte un juicio sumario, es decir, que emita un fallo incluso que comience el juicio.

Pies cuadrados vs. valor de la propiedad

El miércoles por la mañana, durante una audiencia de poco más de dos horas repleta de confusa jerga jurídica contractual, los abogados Peter Homer y Robert Stein, contratados por la ciudad, argumentaron que la exención de impuestos en la ciudad debe basarse en los pies cuadrados, no en el valor de la propiedad. Explicaron al juez que varias parcelas enormes de la ciudad, como Virginia Key y los parques Bayfront y Maurice A. Ferré, están exentas de impuestos. Dijeron al juez que hay unos $9,000 millones de exenciones de impuestos sobre la propiedad en Miami, que según el tasador de la propiedad tiene $28,000 millones en propiedades gravables.

Los abogados de Miami también sostienen que no hay ningún lenguaje en el estatuto de sobrecargo que obligue a una fecha final para su aplicación. Y, argumentó Homer, una vez que el sobrecargo se aplica, no hay nada en el estatuto que sugiera que la ciudad tiene que poner fin al mismo, incluso si ciertos criterios ya no se cumplen.

“Aquí no hay ambigüedad”, dijo Homer. “La Legislatura podía haber exigido que se siguiera cumpliendo”.

Los demandantes, encabezados por los abogados Rachel Furst, Alex Arteaga-Gómez y Stuart Grossman, dijeron que Miami comenzó a incumplir la disposición del 20 por ciento en 2017, cuando la participación de la ciudad en la exención de impuestos de propiedades de escuelas, iglesias y residentes de viviendas cayó por debajo del umbral. Desde entonces, la construcción y los valores de las propiedades se han disparado y el estatus de exención de impuestos de la ciudad ha caído aún más. También argumentan que la ciudad se inventa sus propias normas cuando se trata de exenciones.

Por ejemplo, el abogado demandante Frank Maderal dijo que una casa que pudiera venderse por $10 millones en el mercado abierto, pero que solo está valorada en $6.5 millones por el tasador de propiedades, debería ser gravada con $3.5 millones adicionales.

“Han recaudado injustamente un sobrecargo por estacionamiento de $18 millones a $20 millones al año”, dijo Maderal.

Tras la audiencia, Rebull dio de plazo hasta el 5 de enero para que las partes presentaran sus propuestas de resolución. Entonces se espera que tome partido y renuncie a un juicio o que fije una fecha para el mismo. Sea cual sea su decisión, es probable que se recurran las mociones.

La demanda colectiva fue presentada por tres personas que trabajan habitualmente en Miami y han pagado el impuesto en barrios de la ciudad como Brickell, Coconut Grove y Wynwood.

Richard Klugh, Sara Wolfe y Josh Kaiser afirman que Miami lleva años “imponiendo y recaudando ilegalmente” la tasa de estacionamiento. La demanda también señala que Miami es la única gran ciudad elegible en el estado para imponerlo. La ley estatal dice que el dinero del sobrecargo se puede usar para reducir la tasa del impuesto de propiedad, así como para calles, aceras y otras mejoras en las vías.

Incluso con un reciente revés de $25 millones derivado de los reguladores estatales que dijeron que la tasa impositiva de la ciudad no era válida debido a una votación cuestionable, Miami ha estado en una situación financiera relativamente sólida. Los fondos para paliar la pandemia y unas proyecciones mejores de lo esperado han ayudado a la ciudad a reducir su tasa impositiva en los últimos años.

Incluso así, la ciudad ha tenido que pagar su parte de los acuerdos legales, sobre todo por los conflictos laborales y una lucha en torno a una importante urbanización frente al mar. Y tiene que recuperar millones en pagos por recortes de pensiones a policías y bomberos durante la Gran Recesión.