Jueces españoles dicen que la amnistía en Cataluña podría poner en peligro el Estado de Derecho

Por Belén Carreño y Joan Faus

MADRID, 8 nov (Reuters) - El máximo órgano del poder judicial español se ha metido de lleno en la polémica sobre una posible amnistía para los independentistas catalanes a cambio de su apoyo a un nuevo Gobierno liderado por el Partido Socialista, argumentando que sirve a los intereses del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, pero no a los del país.

La ley de amnistía ha sido propuesta por Sánchez, que intenta formar Gobierno después de que las elecciones de julio no arrojaran un ganador absoluto, a cambio del respaldo de dos partidos independentistas catalanes.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano que elige a los jueces, dijo el lunes por la noche que indultar a los políticos, altos cargos y activistas catalanes procesados por el fallido intento de independencia de la región en 2017 anularía las decisiones tomadas por los tribunales y pondría en peligro el Estado de Derecho.

El consejo "expresa con esta declaración su intensa preocupación y desolación por lo que la proyectada ley de amnistía supone de degradación, cuando no de abolición, del Estado de derecho en España", dijo.

"A partir del momento en el que se adopte (un acuerdo de amnistía) pasará a ser una mera proclama formal que inevitablemente tendrá que producir consecuencias en perjuicio del interés real de España".

La declaración institucional del CGPJ fue aprobada con 9 votos a favor, 5 en contra y uno en blanco, según indica el organismo.

La intervención de los jueces se produce en el contexto de las negociaciones en Bruselas entre los líderes socialistas y el líder autoexiliado del partido independentista Junts, Carles Puigdemont, que se enfrenta a cargos por el intento de independencia y podría ser el beneficiario más destacado de una amnistía.

Los socialistas tienen poco menos de tres semanas para llegar a un acuerdo y lograr apoyo parlamentario para que el nuevo Gobierno de Sánchez continúe en funciones antes de que se convoquen nuevas elecciones.

Las negociaciones con Junts se habían estancado debido a las exigencias poco realistas del partido sobre a quién debía aplicarse la amnistía, según una fuente con conocimiento de las conversaciones, que no dio más detalles.

Mientras tanto, las protestas de miles de personas en varias ciudades españolas contra la amnistía de las últimas semanas se están volviendo violentas.

Por segunda noche consecutiva, miles de personas se manifestaron frente a la sede del Partido Socialista en Madrid, lo que provocó disturbios y cargas policiales.

El martes se congregaron unas 7.000 personas, según cifras policiales recogidas por medios españoles, en una concentración convocada por grupos vinculados a la extrema derecha. La concentración se dividió y varios centenares de personas marcharon hacia el Congreso de los Diputados, aunque no pudieron llegar a él debido a la fuerte presencia policial.

Los manifestantes lanzaron papeleras y botellas y empujaron las barreras improvisadas por la policía que, inusualmente en España, respondió con gases lacrimógenos.

(Reporte de Belén Carreño y Joan Faus; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)