Yahoo Noticias Jueces elegidos por voto popular y nueva integración de la Corte Suprema: los cambios al sistema judicial que López Obrador haría con la mayoría de Morena en el Congreso
(CNN Español) – El pasado viernes 7 de junio, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que Morena –su partido político– con mayoría en el Congreso buscará aprobar la reforma al Poder Judicial en el próximo periodo parlamentario de sesiones, que se iniciará el 1 de septiembre.
La iniciativa recibió el respaldo de Claudia Sheinbaum, candidata ganadora de las elecciones presidenciales, quien tras una reunión con López Obrador este lunes, dijo que acordaron abrir un amplio debate sobre el tema que incluya a múltiples actores para tener una propuesta plural. “Que lo discuta el pueblo de México”, fueron sus palabras.
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La reforma al sistema judicial forma parte de un paquete de 20 reformas presentadas por el mandatario en febrero pasado para modificar diversas partes de la Constitución del país. La propuesta contempla cuatro cambios importantes que te explicamos a continuación.
Jueces y magistrados elegidos por voto popular
El documento de la reforma presentado por el Gobierno de México propone modificar el artículo 95 constitucional para elegir a jueces por voto directo y secreto por un periodo de 12 años y no de 15 como es actualmente.
En caso de que la reforma se apruebe, en 2025 se llevará a cabo una elección extraordinaria para renovar a ministros, magistrados y jueces y que quienes actualmente ocupan estos cargos puedan ser candidatos, informó en febrero la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde.
Para ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los elegidos durarían en el cargo ocho, 11 y 14 años, dependiendo de los resultados de la votación.
Actualmente, los ministros son propuestos por el presidente mediante una terna, y el ganador debe ser respaldado por al menos dos terceras partes de los senadores al momento de la votación, mientras que los magistrados y los jueces son nombrados por el Consejo de la Judicatura Federal.
Nueva integración de la SCJN
Se prevé reformar el tercer párrafo del artículo 94 de la Constitución a fin de reducir de 11 a nueve los ministros de la Suprema Corte y la duración en su encargo pasaría de 15 a 12 años.
Las dos salas que tiene actualmente el máximo tribunal serían eliminadas y solo se realizarían sesiones en el pleno que deberán ser públicas y transparentes para que todos tengan acceso a los temas que se discuten.
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Contempla también la eliminación de la pensión vitalicia para actuales y futuros ministros y un ajuste a sus remuneraciones al tope máximo establecido para el presidente de México que, según el Gobierno federal, es de unos US$ 8.000 mensuales.
Sustituir el Consejo de la Judicatura Federal (CJF)
Entre los cambios se plantea la sustitución del CJF, que se encarga de la administración de la Judicatura y de la vigilancia de la actuación de los jueces. La propuesta busca que sea reemplazado por dos instituciones: el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial.
El primero estará encargado de las funciones administrativas, de carrera judicial y de control interno, así como de elaborar el presupuesto del Poder Judicial, según el documento de la reforma.
El Órgano de Administración Judicial estaría integrado por cinco personas designadas para un periodo de seis años. El Poder Ejecutivo nombraría a uno; el Senado, a otro; y la SCJN, a tres.
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Sus funciones contemplan la recepción de denuncias de cualquier persona u autoridad e investigar a ministros, magistrados, jueces y personal judicial por actos contrarios a la ley o a la Administración de Justicia.
Actualmente, el Consejo de la Judicatura Federal está integrado por siete miembros, uno de los cuales es el presidente de la Suprema Corte y también del Consejo; tres de entre los magistrados y jueces de Distrito, designados por el pleno de la Corte por mayoría de cuando menos ocho votos; dos consejeros designados por el Senado, y uno por el presidente de México.
Nuevas reglas procesales
La reforma propone cuatro nuevas reglas:
Justicia expedita: propone un plazo máximo de seis meses para la resolución de asuntos fiscales, y de un año para asuntos penales. Suspensiones: se prohíbe otorgar suspensiones contra leyes con efectos generales en amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Justicia local: los poderes judiciales de las entidades federativas deberán establecer reglas para la elección directa de sus magistrados, y jueces, así como órganos de administración y disciplina independientes. Fideicomisos del Poder Judicial: cuando hayan finalizado los juicios pendientes, deberán reintegrarse al Fondo de Pensiones para el Bienestar, respetando los derechos y prestaciones de los trabajadores. Críticas a la reforma
Aunque López Obrador y Morena aseguran que los cambios al sistema judicial buscan responder al reclamo del pueblo para tener una institución de impartición de justicia austera, independiente y ajena a intereses privados, la reforma ha sido blanco de críticas de diversos actores.
El Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de Stanford y la Barra Mexicana de abogados advirtieron que las propuestas “constituyen una amenaza directa a la independencia judicial, violan estándares internacionales y socavan la democracia en México”.
En un informe publicado en mayo pasado, señalan que “muy pocos países del mundo eligen a jueces por votación popular. De los cuales solo Bolivia y Estados Unidos utilizan elecciones judiciales para seleccionar a jueces de tribunales con jurisdicción constitucional. La experiencia de estos dos países confirma que las elecciones judiciales comprometen la independencia y la imparcialidad judicial”.
El magistrado Daniel Sánchez Montalvo, integrante de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, dijo anteriormente a CNN que esta reforma judicial propuesta por el Gobierno representa "un ataque directo a la división de poderes".
Sánchez Montalvo opinó que el riesgo más importante, en caso de ser aprobada, "es la afectación a la independencia judicial que tiene que regir y privar en todos los países". Agregó que esto significa "que no debe existir ninguna influencia externa, ni interna, al momento de que los juzgadores resuelvan o emitan sus resoluciones".
López Obrador ha defendido la reforma en distintas ocasiones. Este martes, en su conferencia matutina, afirmó que los únicos que se oponen a la ella son los “machuchones” –término con el que se refiere a personas poderosas– quienes, según sus palabras, han beneficiado a presuntos delincuentes.
“Los verdaderos empresarios quieren un Estado de derecho, los especuladores quieren un Estado chueco, ellos son los que no quieren una reforma para limpiar de corrupción al Poder Judicial”, señaló el mandatario.
Las reformas constitucionales requieren el voto de las dos terceras partes de las Cámaras de Diputados y Senadores, así como la mayoría de los Congresos estatales.
Con información de Natalia Cano.
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