Yahoo Noticias Inusual ataque en región chilena y asesinato de policías sacude a la nación
El ataque el pasado sábado a una patrulla de la policía militarizada Carabineros de Chile en la región de La Araucanía, en el centro-sur de Chile, supone un hecho inusual cuyo alcance y origen se están investigando ya que el “modus operandi” no coincide con el conflicto ancestral que sacude a esa zona.
Expertos consultados por EFE subrayan que esta zona, en conflicto entre el Gobierno, el pueblo originario mapuche y los latifundistas, y las multinacionales forestales que explotan tierras y bosques milenarios, ha visto, al igual que todo el país, un aumento exponencial del crimen organizado y el cultivo de drogas.
También, ha aumentado la presencia de Compañías Privadas de Seguridad Militar (MPSC, en sus siglas en inglés), un fenómeno de privatización de los conflictos que se repite todo el planeta.
Estas son algunas de las claves para tratar de explicar y entender un incidente armado en el que murieron tiroteados y calcinados tres agentes de Carabineros en una área rural próxima a la localidad de Cañete, que no ha sido reivindicado por organización alguna, que se ha politizado y que está aún bajo investigación secreta:
Modo de actuar inusual. Según las primeras pesquisas, Carabineros de Chile recibió una llamada de alerta la noche del viernes sobre un supuesto incidente y la patrulla que arribó al lugar fue tiroteada en el interior del vehículo y desposeída de sus armas reglamentarias antes de que la camioneta fuera incendiada.
La región de Cañete es una de las áreas de acción de los grupos de resistencia Mapuche, que desde hace años exigen la devolución de unas tierras ancestrales de las que el Estado les desposeyó para venderlas y entregarlas a latifundistas y empresas forestales para su explotación económica.
Los grupos mapuches han actuado en el pasado contra la propiedad, incendiando fundos, maquinaria agrícola y forestal, e incluso robando camiones de madera, acciones que solían reivindicar, pero son inusuales los ataques directos a las fuerzas de Seguridad.
La zona está bajo “ley de emergencia” desde mayo de 2022, una medida restrictora de los derechos fundamentales que permite el despliegue del Ejército y que fue exigida al Gobierno por grupos de presión de las compañías forestales y latifundistas y por la oposición de derecha y de ultraderecha.
Desde la entrada en vigor de la ley de emergencia las estadísticas muestran un descenso importante de los sabotajes incendiarios. El ataque, no obstante, se produjo escasos días después del anuncio de condena a Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), una de las organizaciones de oposición mapuche. Estas organizaciones suelen reivindicar sus ataques con lienzos en el lugar.
El ataque está aún bajo investigación secreta. Este mismo lunes, la ministra de Interior, Carolina Tohá, aseguró que se sigue una línea de pesquisas y que se tienen “pistas”, sin desvelar más detalles.
En los últimos años, el crimen organizado -que suele utilizar formas de operar más brutales y directas- se ha infiltrado en Chile, principalmente en el norte y la zona metropolitana, pero también en el centro sur, apoyada por algunos grupúsculos mafiosos locales dedicados al cultivo de marihuana, el tráfico de armas, drogas y personas, la extorsión y el robo y venta ilegal de madera.
Al mismo tiempo, expertos en seguridad internacionales alertan a EFE de que en la zona ha crecido igualmente la presencia de Compañías Privadas de Seguridad Militar (PSMC), contratadas por empresarios locales, en particular del sector forestal, que incluyen mercenarios y que suelen integrar antiguos miembros de los servicios de Seguridad, tanto del cuerpo de Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ejército.
Tras conocerse la tragedia, la oposición de derecha y ultraderecha pidió eludir la renuncia y exigir la permanencia del controvertido jefe de Carabineros de Chile, general Ricardo Yáñez, quien será formalizado (imputado) por un juez el próximo 7 de mayo por su presunta responsabilidad en la sangrienta represión y violación de los derechos humanos durante el “estallido social”, la protesta popular masiva que sacudió a Chile en octubre de 2019.
Asimismo el perdón para todos los carabineros señalados por la violencia que en aquellos días de octubre segó la vida de más de una treintena de personas y dejó heridas a miles más, varias de ellas con lesiones permanentes.
El Gobierno, por su parte, ha defendido la dotación de los Carabineros y ha insistido en que no cejará en la búsqueda de los autores de este crimen.
