Inseguridad rural. Reclaman firmeza para frenar la ola delictiva que agobia al campo

Ya se contabilizan más de 150 roturas de silobolsas, miles de hectáreas de campos incendiados intencionalmente, el número exacto de ganado robado es imposible de precisar y el hurto de la maquinaria agrícola raras veces termina en una denuncia policial.

Esos son solo algunos de los delitos que aquejan a los productores agropecuarios y que por la falta de una respuesta certera por parte de las autoridades no interponen la denuncia. En esto coinciden los dirigentes de la Mesa de Enlace quienes se reunieron en el último mes con la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, el ministro de Agricultura, Luis Basterra, para exponer las situaciones que viven a diario en el campo.

Lo que más preocupa a las entidades del agro son los delitos que atentan contra la integridad física. En lo que va del año fueron asesinados tres productores en sus campos en supuestos intentos de robo.

Siembra en un pueblo de un solo policía y ya le robaron granos por $1,5 millones

"Lo primero es preservar la vida. Es importante que los casos de asesinatos de los productores que se dieron sean atendidos y que se fije la condena, el resto de los delitos, son todos importantes en la misma escala, pero es importante que sean todos prevenidos y condenados. Generan daño, no solo al dueño, sino también al Estado y a los beneficiarios de los planes sociales del mismo Estado", dice Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA).

El titular de la entidad ruralista sostiene que la prevención de la delincuencia en el campo es un tema que viene en agenda desde hace tiempo, sin embargo, con la creciente ola de ataques a silobolsas, este año se volvió a poner foco en este flagelo. Durante la entrevista online con la ministra Frederic, los dirigentes le presentaron un proyecto de capacitación, investigaciones y estadísticas para poder ejecutar en conjunto, pero hasta ahora no tuvieron respuestas desde el Ministerio.

"La propuesta consiste en armar un protocolo para todo lo que tiene que ver con las denuncias que se han realizado. Sacar estadísticas básicas para tener información porque hacer esa inteligencia puede resultar engorrosa, pero nos dijeron que ya tenían un protocolo armado que se nos iba a mostrar en la segunda reunión que aún no llegó", dice Pelegrina.

La necesidad de las entidades para resolver los problemas pasa por conocer de fondo qué es lo que sucede con los incendios, llegar al origen de los ataques a los silobolsas y disminuir el robo de ganado en todas las provincias.

Desde la entidad ruralista, dicen que trabajan de cerca en propuestas esquemáticas de patrullas, sectorización de mapas para relevar datos de los productores y motivarlos a realizar las denuncias de robos para que se conozca y se lleve registro del flagelo. "No hemos avanzado prácticamente en nada desde ese lado. Se empezó a trabajar en cursos, a crear un comité mixto con el Consejo Federal Agropecuario, el Consejo de Seguridad de Interior, pero no vimos demasiados avances todavía. De hecho, los delitos se siguen cometiendo", remarca.

Pelegrina insiste en que por el perfil de las víctimas que han sufrido las roturas de silobolsas, quema de campos y de rollos de alimento para ganado, el escenario no deja duda a "que son situaciones políticas".

Lo que preocupa al dirigente es que desde el Ministerio de Seguridad terminen enfocándose solo en cuatro provincias, que según ellos eran las más afectadas por los delitos rurales, si no que se aborde la problemática a nivel nacional. Insisten, dice, que "las provincias más afectadas son las de la zona núcleo, sin embargo,el abigeato se da a lo largo y ancho de la Argentina con la particularidad de que es un robo por goteo".

En ese contexto, Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), sostuvo que siguen insistiendo para que se llegue al trasfondo de todo con las investigaciones y conocer quién está detrás de lo que sucede en los campos.

"Es necesario que se vote una ley que penalice estos delitos de forma urgente; que cubra todas las situaciones y que no quede nada al azar porque sigue faltando la decisión de protección y cobertura que necesita el productor en este momento", afirma.

Leyes

El presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, hace poco más de un mes presentó un proyecto de ley junto con su par Ramiro Gutiérrez (también del Frente de Todos) que busca establecer penas claras que van desde los tres a los diez años para quienes atentan con la producción agrícola y hasta 15 si está en peligro la vida del productor. En tanto, los diputados de la Unión Cívica Radical, Atilio Benedetti, y Ricardo Buryaile, acompañados por Paula Oliveto (Coalición Cívica) y Francisco Sánchez (PRO), también presentaron iniciativas similares, pero ambos están en proceso de análisis en la Comisión Penal y "con suerte" irían al recinto a fines de 2020.

"Se incluyó más que nada una aclaración sobre los delitos rurales con penas más contundentes y severas. El proyecto es bastante bueno, tiene una gran cobertura para lo que se necesita. Después, con el tiempo habrá que hacerle reformas, pero tiene características de delitos actuales del campo que en el Código Penal no están contempladas", afirma Chemes.

La falta de una voz decisiva para abordar este problema, para los dirigentes es evidente. Mencionan que con el ministro Basterra mantienen diálogo, pero no les da muestras claras de que haya interés mutuo para solucionar una situación que los pone a ellos como las caras visibles. "No hemos tenido ninguna charla concreta profunda en el tema con él y nos hace sentir muy mal porque somos los receptores de lo que pasan los productores de este flagelo. Nos sentimos responsables de no conseguir resultados positivos", confiesa.

Desde CRA habían diseñado "el mapa del delito" con datos relevados hasta finales de mayo, sin embargo, los casos siguieron multiplicándose en todo el país. Según Chemes también hacen un trabajo de investigaciones internas en el mercado negro de productos agrícolas para conocer detalles de quiénes están detrás de los robos.

En tanto, Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), reafirmó la postura de sus pares. "Se deben intensificar los rastrillajes de patrulleros y dentro de lo que ellos encuentran se le tiene que dar celeridad a la parte jurídica y los delitos penalizados. Es un esfuerzo que se tiene que subsanar, si no hay pena, los delitos suceden a diario", opinó.

Para el titular de la FAA, hay una clara evidencia que, por la falta de tecnología, accesibilidad a internet y telefonía celular en el campo se imposibilitan las tareas de investigación, incluso, para proveerse de equipos de seguridad y vigilancia. La cantidad de hectáreas de rastrillaje que los patrulleros deben cubrir en los pueblos, también juega en contra a la hora de resolver los delitos.

Las entidades, además, tienen a disposición de los productores asociados, un grupo de abogados que ante la urgencia de una situación en sus propiedad, puedan pedir asesoría legal en el instante para saber cómo actuar en un momento de tensión.

Proyecto de la Sociedad Rural

Desde hace 15 años, la Rural integra una mesa de prevención de delitos rurales junto a una dependencia del Ministerio de Seguridad que buscaba, en su momento, impulsar el uso de las patrullas y jerarquizar los delitos contra el campo.

Este año, el Comité realizó capacitaciones a personal de mandos intermedios, jefes de policías y fiscales de las provincias de Tucumán y Buenos Aires para prevenir los delitos contra el campo.

"Evidentemente, el delito rural tiene el carácter depredatorio, la gente que vive en el campo tiene miedo, y ese miedo genera que migre hacia los pueblos de las zonas y deja los campos solos y esto termina en una desinversión", señaló Héctor Hernández Vieyra, encargado del proyecto que comanda la entidad ruralista.

"Los funcionarios no entienden mucho de lo que hablamos. El delito rural no solo se distingue por la sensación, se requiere información por parte de quien lo va a combatir", amplió. A partir de este proyecto, según dijo especialista, se han esclarecido un 20% de los delitos, lo que se convierte en un pequeño paso si se sostiene la iniciativa a largo plazo.

Además, cuentan con una tecnología para identificar el ADN de las razas de los animales que fueron carneados en los campos y que van a poner a disposición de las autoridades provinciales para intensificar las búsquedas. "Tenemos una tecnología que compara los restos que dejan los ladrones con la carne de las carnicerías y acá el aporte de la Justicia es fundamental", dijo Pelegrina.

No obstante, para que esto funcione es necesario intensificar la capacitación en temas de identificación de restos para que el personal a cargo pueda generar un sistema de investigación y reporte eficiente.