Los palestinos exigen en La Haya el fin de la ocupación israelí

Por Anthony Deutsch y Stephanie van den Berg

LA HAYA, 19 feb (Reuters) -El ministro palestino de Asuntos Exteriores, Riyad al-Maliki, exigió el lunes el fin inmediato de la ocupación israelí de los territorios palestinos al inicio de las audiencias sobre el estatuto jurídico de las tierras en disputa en el máximo tribunal de las Naciones Unidas.

Más de 50 Estados presentarán sus argumentos ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya hasta el 26 de febrero, a raíz de una petición formulada en 2022 por la Asamblea General de la ONU para que se emitiera un dictamen consultivo, o no vinculante, sobre la ocupación.

Los dirigentes israelíes llevan mucho tiempo negando que los territorios estén formalmente ocupados, basándose en que fueron capturados a Jordania y Egipto durante una guerra en 1967 y no a una Palestina soberana.

Al-Maliki acusó a Israel de someter a los palestinos a décadas de discriminación y apartheid —acusaciones que Israel ha rechazado— argumentando que se les había dejado elegir entre "el desplazamiento, el sometimiento o la muerte".

"La única solución coherente con el derecho internacional es que esta ocupación ilegal llegue a su fin de forma inmediata, incondicional y total", afirmó.

Se ha pedido al conjunto de los 15 jueces de la CIJ que se examinen "la ocupación, los asentamientos y la anexión [...] por parte de Israel, incluidas las medidas encaminadas a alterar la composición demográfica, el carácter y el estatuto de la Ciudad Santa de Jerusalén, y de su adopción de legislación y medidas discriminatorias conexas".

Se espera que los jueces tarden unos seis meses en emitir un dictamen sobre la petición, en la que también se les pide que examinen el estatuto jurídico de la ocupación y sus consecuencias.

Los dirigentes israelíes llevan mucho tiempo negando que los territorios estén formalmente ocupados, basándose en que fueron arrebatados a Jordania y Egipto durante una guerra y no a un Estado palestino soberano.

Las Naciones Unidas consideran que los territorios están ocupados por Israel desde 1967 y exigen que las fuerzas israelíes se retiren, alegando que es la única forma de garantizar la paz. Sin embargo, su resolución de 1967 no la calificaba específicamente de ilegal.

"La mejor y posiblemente la última esperanza para la solución de los dos Estados, tan vital para las necesidades de ambos pueblos, es que el Tribunal declare ilegal el principal obstáculo para esa solución: la actual ocupación israelí de Palestina", dijo a los jueces Paul Reichler, abogado de los palestinos.

Israel no asistirá a las vistas, pero ha enviado observaciones por escrito.

Aunque Israel ha hecho caso omiso de dictámenes jurídicos en el pasado, éste podría aumentar la presión política sobre su guerra en Gaza, en la que han muerto unos 29.000 palestinos, según resposables de sanidad de Gaza, desde que Hamás atacó Israel el 7 de octubre.

Israel se retiró de Gaza en 2005, pero, junto con el vecino Egipto, sigue controlando sus fronteras. También se ha anexionado Jerusalén este, una medida no reconocida por la mayoría de los países.

IMPERATIVO MORAL, POLÍTICO Y JURÍDICO

Las audiencias forman parte de la presión palestina por conseguir que las instituciones jurídicas internacionales examinen la conducta de Israel, que se ha intensificado desde la guerra de Israel en Gaza y los ataques del 7 de octubre de Hamás en Israel, en los que murieron 1.200 personas, según los recuentos israelíes.

Al-Maliki reiteró las acusaciones de genocidio israelí en Gaza que Israel rechazó en distintas audiencias celebradas en La Haya el mes pasado, en las que la CIJ ordenó a Israel que hiciera todo lo que estuviera en su mano para impedir actos de genocidio.

"El genocidio que se está produciendo en Gaza es el resultado de décadas de impunidad e inacción. Poner fin a la impunidad de Israel es un imperativo moral, político y jurídico", afirmó al-Maliki.

Israel ha afirmado que se enfrenta a una amenaza existencial por parte de militantes de Hamás y otros grupos y que actúa en defensa propia.

Entretanto, está aumentando la preocupación por una ofensiva terrestre israelí contra la ciudad gazatí de Ráfah, último refugio de más de un millón de palestinos que huyeron al sur del enclave para evitar los ataques israelíes.

Es la segunda vez que la Asamblea General de la ONU solicita a la CIJ, también conocida como Tribunal Internacional de Justicia, una opinión consultiva relacionada con los territorios palestinos ocupados.

En julio de 2004, el tribunal dictaminó que el muro de separación israelí en Cisjordania violaba el derecho internacional y debía desmantelarse, aunque a día de hoy sigue en pie.

Ahora se ha pedido a los jueces que revisen "la ocupación, los asentamientos y la anexión [...] por parte de Israel, incluidas las medidas encaminadas a alterar la composición demográfica, el carácter y el estatuto de la Ciudad Santa de Jerusalén, y de su adopción de legislación y medidas discriminatorias conexas".

Entre los países que tienen previsto participar en las audiencias se encuentran Estados Unidos —el mayor defensor de Israel—, China, Rusia, Sudáfrica y Egipto. Israel no participará, aunque ha enviado observaciones por escrito.

Desde 1967, Israel ha expandido enormemente los asentamientos judíos en Cisjordania, una acción que, según los palestinos, dificulta la creación de un Estado palestino viable. Israel también se ha anexionado Jerusalén Este; una medida no reconocida por la mayoría de los países.

La Asamblea General también pidió al panel de 15 jueces de la CIJ que asesorara sobre cómo estas políticas y prácticas "afectan al estatus legal de la ocupación" y qué consecuencias legales se derivan de este estatus para todos los países y las Naciones Unidas.

El procedimiento de opinión consultiva es independiente del caso de genocidio que Sudáfrica presentó ante el Tribunal Mundial contra Israel por sus presuntas violaciones en Gaza de la Convención sobre el Genocidio de 1948. A finales de enero, la CIJ ordenó a Israel que hiciera todo lo que estuviera en su mano para evitar actos de genocidio en Gaza.

El resultado de la opinión consultiva no sería jurídicamente vinculante, pero tendría "gran peso jurídico y autoridad moral", según la CIJ.

(Reporte de Anthony Deutsch, Stephanie van den Berg y Dan Williams; editado por Angus MacSwan, Michael Perry y Philippa Fletcher; editado en español por José Muñoz, Javi West Larrañaga y Mireia Merino)