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Informe delegada ONU: Fiscalía obstaculizó al Tribunal de Paz en caso de exlíder FARC

BUCARAMANGA, Colombia (AP) — La Fiscalía colombiana obstaculizó la labor del Tribunal de Paz cuando debía decidir sobre la extradición de uno de los principales negociadores del acuerdo con la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que terminó por rearmarse, concluyó el martes un informe de la delegada del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

El caso de Seuxis Hernández —mejor conocido por su nombre de guerra de Jesús Santrich— ha sido polémico en Colombia. El gobierno del presidente Gustavo Petro, el primero de tendencia izquierdista en el país, ha denunciado que hubo un engaño al Tribunal de Paz por opositores al acuerdo de paz que firmó el Estado con la antigua guerrilla FARC en 2016.

Antonia Urrejola, experta internacional de Derechos Humanos a la que la ONU pidió identificar los obstáculos para la implementación del acuerdo de paz en Colombia, aseguró a la prensa que no considera que hubo un engaño, pero sí que la Fiscalía hizo un “uso abusivo” de su función de persecución judicial en el caso de “Santrich”.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal encargado de juzgar y sancionar los crímenes del conflicto armado en Colombia, denunció hace un año ante la Fiscalía las presuntas acciones y omisiones de funcionarios de esa entidad para obstaculizar el trámite para definir sobre la garantía de no extradición de “Santrich”, uno de los beneficios que tenía por haber dejado las armas.

Urrejola aseguró que al cierre del informe no se conocían avances de la investigación de la Fiscalía, aún en una etapa de indagación preliminar, por lo que pidió celeridad.

La experta dijo a The Associated Press que en el caso “Santrich” recomienda que la Fiscalía, que se investiga a sí misma, sea acompañada por expertos independientes que coadyuden y den líneas de investigación.

Luego de firmar el acuerdo de paz, Santrich fue capturado en 2018 con fines de extradición hacia Estados Unidos por presuntos delitos de narcotráfico luego de una investigación del Ejército, la Fiscalía y la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos. La Fiscalía autorizó un agente encubierto y una entrega vigilada de cocaína.

El informe advierte que se podría haber recurrido al “agente provocador”, una figura que consiste en emplear agentes que inducirían a las personas investigadas a cometer conductas delictivas, lo cual está prohibido en Colombia.

Urrejola puntualizó a la AP que no tiene pruebas fehacientes de que se haya usado un “agente provocador”, pero recibió testimonios que lo sugieren —dentro de las 80 entrevistas que realizó para el informe— y que será finalmente la investigación penal que realiza Colombia la que lo corrobore.

Santrich permaneció más de un año en la cárcel sin ser condenado, tiempo en el que el Tribunal de Paz trataba de decidir si se le daba o no la garantía para no ser extraditado. Según Urrejola, la Fiscalía no entregó a tiempo al Tribunal de Paz la información que necesitaba para determinar la fecha del presunto delito por narcotráfico.

La fecha de la comisión del delito era clave porque los exguerrilleros que firmaron la paz obtenían beneficios, que incluían la libertad, siempre y cuando no delinquieran más.

“El asunto relativo a “Santrich” ejemplifica el uso abusivo de la acción penal para debilitar la confianza ciudadana en el acuerdo y en el sistema de justicia transicional. Se reforzó el estigma sobre las personas firmantes de paz, se aceleró su división interna, y habría afectado la reincorporación”, indicó Urrejola.

Poco después de salir de la cárcel en Colombia, por orden de la Corte Suprema, alias “Santrich” anunció que retomaba las armas junto a alias “Iván Márquez”, otro de los exlíderes de las FARC, con lo que nació la disidencia guerrillera Segunda Marquetalia.

Según informó el mismo grupo armado en 2021, se presume que “Santrich” está muerto.

Para Urrejola es difícil determinar si el caso “Santrich” derivó en la existencia de las disidencias de las FARC, sin embargo, a su juicio pudo haber acelerado la creación de la Segunda Marquetalia.

Los obstáculos en el caso de “Santrich” se dieron en un contexto político “hostil”, señala el informe, dado que para entonces estaba en el poder el presidente Iván Duque (2018-2022), crítico del acuerdo de paz, lo que se tradujo en “poca voluntad política para implementarlo”.

El gobierno de Petro abrió las puertas a la negociación con las disidencias de las FARC y otros actores armados que se disputan el control de los territorios antes ocupados por la guerrilla y las economías ilícitas que incluyen el narcotráfico y la minería ilegal.