Influyente sobrino de Maduro mantuvo esquema de corrupción que atribuyen a ex zar de Petróleo

Carlos Erik Malpica Flores, conocido como el sobrino favorito de la esposa del gobernante Nicolás Maduro, Cilia Flores, participó en la operación que extrajo cientos de millones de dólares de la estatal PDVSA y que está en el centro de uno de los más sonados casos de corrupción venezolana investigados en el Sur de la Florida, segun documentos obtenidos por el Nuevo Herald..

Los documentes muestran que Malpica Flores autorizó el esquema de préstamos en bolívares pagaderos en dólares que generó cientos de millones de dólares en ganancias a funcionarios venezolanos y sus socios, quienes son acusados en la Corte Federal del Sur de Florida de intentar lavar hasta $1,200 millones obtenidos ilegítimamente.

Curiosamente, las operaciones están siendo investigadas por la fiscalía del propio régimen, organismo que presentó cargos contra el ex Zar de Petróleo, Rafael Ramírez, quien es considerado como un enemigo del régimen tras haber sido apartado por Maduro.

Pero en vez de detenerlas, Malpica Flores continuó con las operaciones cuando se desempeñaba como tesorero de la empresa estatal tras la salida de Ramírez de PDVSA en septiembre del 2014.

En un documento firmado en abril del 2015, Malpica Flores certifica la aprobación del establecimiento de una línea de crédito en la que PDVSA recibiría 7,200 millones de bolívares de la empresa Rantor, crédito que luego fue pagado en moneda extranjera.

El préstamo en bolívares debía ser pagado en divisa extranjera en base al tipo de cambio oficial de 6.30 bolívares por dólar, muy por debajo del tipo de cambio flotante de 186 bolívares con el que la divisa estadounidense era comprada en la calle por la gran mayoría de venezolanos en esa época.

La brecha entre el tipo de cambio oficial y el del mercado paralelo de 186 bolívares significaba que el costo en dólares de un préstamo de 7,200 millones de bolívares era en realidad de $38.7 millones y no los $1,142.85 millones a los que se había comprometido pagar PDVSA en el contrato que firmó con Rantor Capital, muestran documentos obtenidos por el Nuevo Herald.

“Esto en realidad no fue un préstamo, esto fue un regalo”, comentó el abogado y experto financiero venezolano Juan Ignacio Riquezes. “Esto es lo que llaman en Estados Unidos un sham transanction, una transacción ficticia”.

Para la época, los prestamistas sólo tenían que vender 40 millones de dólares a empresas venezolanas, hambrientas por obtener la divisa estadounidense para poder importar productos, para poder conseguir los $1,200 millones en cuestión de un par de días, explicaron expertos.

Riquezes, quien analizó los documentos bajo pedido de el Nuevo Herald, dijo que las características de la operación dejan en evidencia su carácter fraudulento.

La secuencia de las fechas que aparecen en los contratos confirman que las operaciones iniciadas cuando Ramírez se encontraba al mando de PDVSA continuaron después que Flores Malpica asumiera el control de la tesorería de la empresa.

Ramírez, quien fuera uno de los dirigentes más importantes del chavismo durante los años del fallecido presidente Hugo Chávez, fue el encargado de manejar por años los ingresos petroleros y las finanzas del país, pero su influencia fue socavada por Maduro al morir Chávez, y terminó siendo apartado del régimen y forzado a abandonar el país.

El régimen de Maduro arrestó a finales de agosto al ex vicepresidente de finanzas de PDVSA Victor Aular, un día después de acusar a Ramírez de encabezar una mega red de corrupción que desfalcó a la petrolera estatal de casi $5,000 millones.

La vinculación de Malpica Flores con el esquema de corrupción ha llevado a dirigentes venezolanos del Sur de la Florida a instar a la administración Biden a que vuelva a incluir al sobrino de Cilia Flores dentro de la lista de sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros.

“Nosotros le hemos solicitado al Departamento del Tesoro que Erik Malpica Flores sea colocado nuevamente dentro de la lista de sancionados”, dijo Jose Colina, presidente de la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio.

“Lo solicitamos porque hay informaciones de que él tomó decisiones bajo los mismos esquemas de corrupción por el cual se le acusa a Rafael Ramírez y en los que se encuentran involucrados los mismos elementos que siguen siendo investigados y judicializados por Estados Unidos”, dijo.

La administración lo había sacado de la lista de sanciones previamente este año en un gesto de buena fe que buscaba establecer una línea de diálogo con el régimen de Caracas.