Yahoo Noticias El INE ‘perdona’ a los partidos políticos; les reduce las multas por irregularidades en sus gastos de campaña
Iban a ser las multas más altas de la historia de la fiscalización del Instituto Nacional Electoral, pero de último momento las consejeras y consejeros electorales modificaron sus criterios de sanción y, con ello, redujeron en al menos 300 millones de pesos las multas aplicadas a los partidos por irregularidades y omisiones en sus reportes de ingresos y gastos en las campañas de 2024.
En el proyecto elaborado por la Unidad Técnica de Fiscalización, las multas ascendían a mil 564 millones de pesos; de los cuales mil 420 millones correspondían a partidos políticos nacionales y 143 millones a partidos con registro local.
De esos mil 563 millones de pesos, 785 millones correspondían a multas en el ámbito federal y 778.9 millones al ámbito local, pues corresponde al INE hacer la fiscalización de todas las campañas.
Eran cifras inéditas, si se comparan con los 872.6 millones de pesos que sumaron las multas aplicadas en las elecciones de 2018, y los mil 203 millones de pesos del proceso electoral 2021.
Sin embargo, durante la sesión, las consejeras y consejeros modificaron los criterios para sancionar las conductas que generaban los montos más altos de sanción.
En el caso de “gastos no reportados” se proponía sancionar con el 150 por ciento del monto involucrado, lo que implicaba sanciones por un total de 519.3 millones de pesos. Pero este criterio cambió en la mesa a sólo el 100 por ciento, por lo que las multas por esta conducta se redujeron en una tercera parte.
El rubro “gastos no comprobados” iba a sancionarse con multas del 100 por ciento del monto involucrado, para sumar 130.2 millones de pesos en sanciones a todos los partidos. Pero el criterio se modificó al 50 por ciento, lo que implicó una reducción de las sanciones a la mitad de lo originalmente previsto.
La tercera causa de sanción era el egreso no reportado para pagar a representantes de casilla (por omisión de firma en los comprobantes de pago), que implicaba multas por un monto total de 129.7 millones de pesos. Pero, en este caso, las consejeras y consejeros concluyeron que era demasiado severo sancionar con el 100 por ciento del monto involucrado, y decidieron dejar la sanción en una UMA para recibos reportados como gratuitos y tres UMA para recibos onerosos.
Sólo por este cambio de criterio, una multa que iba a aplicarse al PRI por 85.3 millones de pesos se redujo en 60 millones.
Los rubros cuatro y cinco de sanción, con las multas más elevadas, eran “eventos registrados extemporáneamente” (90.6 millones de pesos) y “eventos no reportados en la agenda, pero detectados por la autoridad electoral” (84.8 millones de pesos). Estos montos también tendrán reducciones significativas con los nuevos criterios aprobados en el Consejo.
Otra multa significativa que no fue confirmada por el Consejo General ascendía a más de 40 millones de pesos a Movimiento Ciudadano por “omitir presentar alguno de los informes de campaña de los periodos a fiscalizar”; sin embargo, ésta se enviará a un procedimiento oficioso de la UTF para investigar probables fallas técnicas del Sistema Integral de Fiscalización.
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Una sesión confusa y caótica
La sesión en la que se concluyó el proceso de fiscalización del “proceso electoral más grande de la historia” inició a las 10:00 horas, y fue interrumpida por un receso de 4 horas para que consejeras y consejeros resolvieran dudas sobre el contenido de los proyectos de resolución que iban a votar.
Durante la sesión reinó la confusión, pues después de los proyectos de resolución se hicieron circular decenas de erratas y adendas que confundieron a los integrantes del Consejo. Su cometido era desahogar mil 124 quejas de fiscalización, un dictamen consolidado de los informes de los partidos por las campañas federales, y un dictamen con más de 80 puntos sobre las campañas locales, pero la mayoría ignoraba detalles sobre lo que iba a votarse.
Incluso, en la sesión se reveló que la Secretaría Ejecutiva incluyó 61 proyectos de resolución sobre quejas que no fueron analizadas ni votadas en la Comisión de Fiscalización, por lo que éstas fueron bajadas de la discusión para resolverse en una próxima sesión.
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Al reanudarse la sesión, cerca de las 17:00 horas, las consejeras y consejeros votaron en unos cuantos minutos los expedientes de las mil 124 quejas y, sin mayor discusión, los dictámenes consolidados de los informes presentados por los partidos.
Paradójicamente, la necesidad de modificar los criterios, que daría paso a reducciones importantes en las sanciones, no fue una demanda de los representantes de los partidos, quienes ni siquiera debatieron en un tema que se preveía ríspido.
Fueron los integrantes del Consejo General quienes, motu proprio, fueron modificando los criterios de la Unidad Técnica de Fiscalización plasmados en los proyectos de resolución.
Ni los consejeros saben cómo quedaron las multas
Al final, ni las consejeras y consejeros tuvieron claridad sobre cómo quedaron los montos de las multas, una vez aplicadas las rebajas por el cambio de criterios de sanción.
Al final de la sesión, el consejero Jorge Montaño, presidente de la Comisión de Fiscalización, dio a la prensa cifras aproximadas de las reducciones. Dijo que, en el caso de las sanciones del ámbito federal, que en el proyecto ascendían a un monto global de 785 millones de pesos, se reducirían en más de 300 millones de pesos.
Y en el caso de las multas del ámbito local, que ascendían a un monto global de 778.9 millones de pesos, dijo que podrían reducirse en montos similares, pero evitó dar una cifra.
El consejero explicó que en tres días deberán estar listos los engroses de los acuerdos aprobados por el Consejo General, y será hasta entonces cuando se conozcan las cifras exactas de las irregularidades cometidas por los partidos y las sanciones a las que se hicieron acreedores.
“Las cifras finales se darán a conocer una vez que la Unidad Técnica de Fiscalización haya impactado todas estas erratas y adendas, y se hayan realizado los engroses respectivos, los cuales serán notificados a los sujetos obligados, para los efectos conducentes”, dijo Montaño.
