MAR DEL PLATA.– La batalla legal por Punta Mogotes entre la comuna y la Provincia, que toma potencialidad política desde los nombres del intendente Guillermo Montenegro y el gobernador Axel Kicillof, sumó un nuevo capítulo con el rechazo de la administración bonaerense a una propuesta de pago para saldar una deuda, cancelación que permitiría avanzar con un proyecto para la municipalización del emblemático complejo de balnearios.

“Es un disparate jurídico que el deudor quiera pagar y el acreedor no quiera cobrar”, disparó el jefe comunal de General Pueyrredón luego de recibir respuesta negativa desde la Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires a su carta documento de días atrás en la que proponía un pago inmediato de algo más de 14 millones de pesos, correspondientes al saldo de cuotas del plan de pagos de un préstamo tomado por la Administración Punta Mogotes en 1984 ante el Banco Provincia (Bapro).

Montenegro considera que el pago de esa deuda implicaría la disolución de la citada Administración de Punta Mogotes, conformada con 70% de representación provincial y 30% comunal, y la devolución de esas unidades fiscales al municipio.

“Me importan nada sus chicanas legales”, advirtió Montenegro desde su cuenta en la red social X y confirmó que esta misma mañana firmó un decreto para reasignar partidas presupuestarias y “realizar la consignación judicial de la deuda”.

“Me dijeron que si pago me denuncian”, insistió el intendente que, a mediados de agosto en conferencia de prensa, presentó su proyecto de recuperar el complejo de Punta Mogotes para que sea administrado por el municipio, como el resto del frente de playa en donde funcionan balnearios.

En coincidencia con este anuncio, trascendieron los proyectos que se han realizado en procura de realizar un aggiornamiento de ese sector. Como publicó LA NACION, hay uno que fue encargado por los actuales concesionarios que deberán afrontar en dos años la renovación de sus contratos. Otro máster plan lo evalúa el gobierno bonaerense desde la Administración de Punta Mogotes a partir de una propuesta presentada por la Universidad Atlántida.

La carta documento enviada días atrás por Montenegro tuvo respuesta de la subsecretaria de Turismo bonaerense, Yanina Martínez, bajo cuya órbita se encuentra esta Administración de Punta Mogotes que se ocupa de concesionar los paradores del complejo, cobrar las expensas y el mantenimiento de las áreas verdes, paseos y espacios comunes que rodean la oferta de playa.

“Carece de competencia administrativa para afectar recursos del erario municipal para realizar pagos y/o subrogarse en el ejercicio de las obligaciones de la Administración de Punta Mogotes”, le advierte al intendente e incluso lo intima a que “se abstenga de realizar cualquier pago sin causa a esta Administración, reservando los derechos de notificar tal novedad al Honorable Tribunal de Cuentas de esta Provincia”.

El decreto, que lleva el número 2077/24, contempla que se pueda ajustar el monto mencionado originalmente como total de aquella deuda y también autoriza a la Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda a realizar “todas las actuaciones judiciales y extrajudiciales necesarias para cumplir con lo instruido”.

Este conjunto de 24 balnearios en Punta Mogotes son casi la única porción de playa que la provincia administra en el distrito de General Pueyrredón. El otro tramo, de casi similar extensión, es lindero hacia el norte y es parte de la jurisdicción portuaria, donde hay playas públicas y un balneario privado.

“Punta Mogotes es de los marplatenses”

“Punta Mogotes es de los marplatenses. No hay debate posible. Lo es en términos patrimoniales, lo es en términos simbólicos, lo es en referencia a su valor turístico y urbanístico”, afirmó el diputado provincial Diego Garciarena, que salió a respaldar la postura de Montenegro. Es quien, además, presentó un proyecto en la Legislatura bonaerense para que se concrete la municipalización de este proyecto.

Un decreto provincial de 1979 fue el que dispuso originalmente la creación del ente “Proyectos Especiales de Mar del Plata Sociedad de Estado”, con participación de la Provincia con 70% del capital y 30% del municipio de General Pueyrredón. Fue el punto de partida de la construcción de la infraestructura de cemento que cambió la original postal de esa zona, que hasta entonces estaba dominada por una escenografía agreste, plena de juntos, cañas y lagunas que había que sortear antes de llegar al mar.

En los fundamentos del decreto firmado hoy por Montenegro, se recuerda que en varias oportunidades el Concejo Deliberante local se expresó por “la conveniencia de asumir la jurisdicción del sector” porque por fin podría recuperar la administración del “único enclave” provincial en la costa del partido, posibilitando así un manejo integral e integrado de su franja costera”.

“No queda otra alternativa más que proceder a hacer efectivo el apercibimiento comunicado y proceder a abonar la deuda en cuestión por medio del pago por subrogación consignando el importe correspondiente”, ratifica el Ejecutivo municipal.

El gobierno local insiste en que ese monto exiguo que hoy aparece como deuda de la Administración de Punta Mogotes con la Provincia no puede ser limitante para acceder a la municipalización. Esos poco más de 14 millones de pesos que el municipio insiste en saldar equivalen a lo que se pagaría hoy por 10 alquileres de carpa durante toda la próxima temporada. O unos 200 por día.

Como se dijo, la historia de esa deuda se remonta al retorno de la democracia, ya avanzada la década del ‘80. Aquel ente original llamado “Proyectos Especiales de Mar del Plata Sociedad de Estado” tomó crédito con el Banco de la Provincia de Buenos Aires para financiar las obras del complejo de balnearios.

Ese proceso, se recuerda siempre, estuvo pleno de irregularidades en la disposición y uso de los fondos. El organismo se disolvió y así nació la actual Administración de Punta Mogotes, hace cuatro décadas. El gobierno bonaerense saldó el pago pendiente con la entidad bancaria y cobra en la actualidad a la Administración de Punta Mogotes una cuota que, según pudo confirmar LA NACION, con intereses no supera los 60.000 pesos por mes.