Yahoo Noticias Imponen nueva sanción a expresidenta del Instituto Electoral de Oaxaca; enfrenta proceso por desvío en arraigo domiciliario
A un mes de la jornada electoral, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) vive una situación sui generis debido a que la consejera presidenta Elizabeth Sánchez González fue inhabilitada nuevamente por el Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del estado por un presunto desvío de recursos; hoy enfrenta un juicio penal en arraigo domiciliario.
Esta no es la primera vez que el órgano local de Oaxaca enfrenta esta situación. Desde el 13 septiembre de 2023, la Contraloría General del IEEPCO determinó la suspensión temporal de la consejera presidenta como medida cautelar o infracción administrativa, derivada presuntamente de un mal manejo del presupuesto del órgano electoral local.
La consejera Dania Ravel, de la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales, explica en entrevista que desde ese momento surgió una alerta, ya que desde la reforma del 2014 el INE es el único facultado para designar, pero también para remover a las consejerías los organismos locales.
“Más allá de cualquier otra cosa, estamos hablando de la autonomía e independencia de los organismos públicos locales electorales… es una de las razones de ser de las reformas del 2014, para evitar que sufrieran presiones por entes externos, llámese gobierno del estado o poderes fácticos”.
INE presenta juicio electoral
Por ese motivo, el INE presentó un juicio electoral ante la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación el 18 de septiembre del año pasado, con número de expediente 14502023. Cuando la Sala Superior resolvió esa impugnación, reafirmó que únicamente el INE tiene la facultad de remover a una Consejería.
La Sala dijo de manera explícita: “tratándose de las personas que ocupe el cargo de consejero o consejera presidenta o las consejeros y consejeras electorales, sólo por infracciones que constituyan conductas graves el Contralor notificará al INE, no puede tomar una determinación para remover a la Presidencia, tiene que notificar al INE”.
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De acuerdo con la consejera Dania Ravel, la Sala Superior ordenó a la Contraloría que se abstuviera de hacer cualquier tipo de actividad que redundara en remover a la consejera presidenta. La consejera del IEEPCO fue restituida en ese mismo periodo.
Sin embargo, de todas maneras, el contralor notificó al Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del estado, el cual determinó el 2 de abril una inhabilitación por un año en contra de la consejera presidenta Elizabeth Sánchez González.
Una parte de la resolución PRAG 009/2023 de la Segunda Sala Unitaria de dicho Tribunal fue difundida en redes sociales y algunos medios de comunicación locales. La consejera fue inhabilitada inmediatamente después de ser notificada.
Unos días después el IEEPCO anunció que la noche del miércoles 17 de abril, en una sesión extraordinaria urgente, se nombró como consejero presidente provisional a Alejandro Carrasco Sampedro.
De acuerdo con Elizabeth Sánchez González, la inhabilitación empezaría a correr hasta que haya agotado los medios de impugnación, pero dentro de la misma hay una aclaración en la que indica “empieza a correr al momento de la notificación”, lo cual es contraria a la ley.
“Ya es un acoso”: presidenta del Instituto Electoral de Oaxaca promueve amparo
Dania Ravel explica que nuevamente el INE acudió a la Sala Superior a denunciar la inejecución de la sentencia que ya había dictado. “Lo que nosotros decimos es: están inobservando una sentencia firme. Hay que recordar que estas sentencias son inatacables. No hay otra instancia para ser revisadas”.
La consejera presidenta inhabilitada promovió un amparo ante esa sentencia en el Juzgado Tercero de Distrito. El miércoles 24 de abril pasado logró la suspensión provisional, pero ese mismo día, horas después, le notificaron que fue inhabilitaba nuevamente por el mismo Tribunal, esta vez por tres años.
Al mismo tiempo el Juez de Control del Penal de Tanivet la llamó a una audiencia para notificarle de una causa penal promovida por Salvador Cruz Rodríguez en su contra, presuntamente por uso ilícito de atribuciones. Lo que ella calificó como el cuarto y más reciente intento de obstruirla.
“Estoy agobiada”, admite. Teme que este 1 de mayo se resuelva la vinculación a proceso y resuelvan la prisión preventiva.
“Ya es un acoso, están haciendo uso de la Administración de Justicia, de la Fiscalía, del Tribunal Administrativo cuando mi remoción es únicamente atribución del Instituto Nacional Electoral”, dice la consejera, quien en distintos pronunciamientos responsabilizó al contralor.
Cómo comenzó el conflicto
Sánchez González narra que todo comenzó con la contratación de los servicios para el proceso electoral 2022, específicamente del PREP.
“Él (contralor) me presionó para que contratara a una empresa, aunque era la que tenía el monto más alto. La decisión no era mía y obviamente el Comité de Adquisiciones decidió por la empresa que tenía un costo menor, pero que garantizaba la eficacia del programa durante el proceso. A partir de ahí él empezó con el acoso”, declara.
En 2023, el contralor le impuso la suspensión provisional sin término por supuestas faltas graves, en las que menciona desvío de recursos. Para ella esta acción representó una remoción de facto pues los recursos a que él se refiere, dice, están comprobados.
“El fondo del asunto es que no se siguió la ley de adquisiciones, sino el reglamento de adquisiciones, que se usa de manera interna como órgano autónomo”, señala la exconsejera.
Narra que el contralor le hizo observaciones sobre la gasolina y la renta de cuatro camionetas que se necesitaban de manera urgente; por la reparación un muro y un bono electoral que se dio al personal por organizar las elecciones de los Sistemas Normativos.
“Argumentó que no hay sustento para ese bono, aunque un hay un documento de acuerdo. Tenemos las facturas de la gasolina, el muro está. En elecciones esas cuestiones son urgentes, las camionetas las necesitábamos y se contrataron de manera directa, no había tiempo para la licitación e hicimos uso del reglamento de elecciones”.
“Hace unas semanas cuando comenzaron las adquisiciones él empezó a presionar para que no se contratara a Talleres Gráficos, yo lo sometí a votación, pero la mayoría decidió que fuera una empresa privada. Solo tres personas votamos porque fuera Talleres Gráficos”, cuenta.
Sánchez González dice que ella no es la representante legal del Instituto, no maneja recursos, no hace las contrataciones ni firma los cheques, pero como preside el Comité de adquisiciones sabe del presupuesto, dice que el total para el material y la documentación era de 48 millones, pero al optar por una empresa privada finalmente se contrató material por 100 millones de pesos.
“Una diferencia de 52 millones, una cuestión gravosa para un estado como Oaxaca con tanta pobreza y tantas necesidades. El argumento de la Contraloría para que no usáramos los servicios de Talleres Gráficos fue que no daban fianza y que podíamos no tener el material a tiempo. Lo que está resultando es que ellos (Talleres Gráficos) ya están entregando materiales y documentación en otros estados y en Oaxaca apenas estamos en la elaboración del material electoral.
“Dentro de la propia resolución dice que no hice uso de los recursos públicos ni hice daño al erario. Es decir, no es falta de comprobación, no es que se haya usado para algo que no está permitido sino que fue la forma en que se aplicó, la normatividad”, indica.
La consejera considera que estas acciones, en las que incluye esta nueva inhabilitación de tres años, ponen en riesgo la certeza de este proceso electoral.
Al respecto, Dania Ravel dice que la situación tiene dos vertientes: la protección de los derechos políticos de una persona, en la que confluyen características identitarias que la hacen más susceptible a sufrir discriminación. Y la otra vertiente es la institucional. “Este no es un precedente para una persona, es un precedente que se podría marcar para todo el sistema nacional. Es muy preocupante que se invadan las competencias en pleno proceso electoral”.
Elizabeth Sánchez González señala que las acusaciones en su contra constituyen violencia política de género, por lo que está dispuesta a llevar el caso a la CIDH y al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW).
“Es la primera vez que una mujer indígena está al frente del Instituto, pero no soy de una elite política, mis abuelos fueron campesinos, panaderos, me costó mucho llegar, presenté un ensayo, hice una entrevista, me costó mucho y voy a defenderme, no solo por mí, sino por las mujeres indígenas y también por la autonomía de los órganos autónomos locales”, dice en entrevista.
