Qué implicaciones conllevan las nuevas prohibiciones del aborto para las pacientes más jóvenes

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Una clínica de aborto en San Luis, el 17 de junio de 2022. (Jamie Kelter Davis/The New York Times).
Una clínica de aborto en San Luis, el 17 de junio de 2022. (Jamie Kelter Davis/The New York Times).

Tenía apenas 10 años, tan joven que muchas personas se horrorizaron al escuchar la historia, otros se negaron a creerlo. Pero la terrible experiencia de la víctima de violación infantil en Ohio que tuvo que cruzar fronteras estatales para practicarse un aborto, y la desagradable lucha política que vino a continuación, han puesto de manifiesto dos hechos incómodos: ese tipo de embarazos no son tan raros como la gente piensa, y es probable que la nueva prohibición del aborto tenga un fuerte impacto en las niñas embarazadas más jóvenes.

Las nuevas prohibiciones en casi una docena de estados no estipulan excepciones por violación o incesto, lo que deja a las jóvenes adolescentes, que ya se encuentran en el grupo con más restricciones en cuanto a opciones de aborto, con menos acceso al procedimiento. Incluso en estados con exenciones por violación e incesto, los requisitos relacionados con informes policiales y el consentimiento de los padres pueden ser inaccesibles para niños y adolescentes.

“La situación de Ohio no es única”, dijo Katie McHugh, obstetra y ginecóloga en Indiana y miembro de la junta directiva del grupo Physicians for Reproductive Health, que apoya el derecho al aborto. “Esta es una situación que todos los proveedores de servicios de aborto han visto antes”.

La cantidad de embarazos en Estados Unidos entre niñas menores de 15 años ha disminuido drásticamente en las últimas décadas debido a un mayor acceso a la anticoncepción y un descenso en la actividad sexual adolescente. Pero los datos estatales y federales sugieren que todavía hay miles de casos de este tipo cada año. Y casi la mitad de estos embarazos terminan en abortos, según el Instituto Guttmacher, que apoya el derecho al aborto y realiza encuestas en clínicas con regularidad.

En 2017, el último año del que había datos disponibles, el instituto concluyó que hubo 4460 embarazos entre niñas menores de 15 años, de los cuales alrededor del 44 por ciento terminaron en aborto. Solo en Ohio, 52 niñas menores de 15 años se sometieron a un aborto en 2020, un promedio de uno por semana, según el Departamento de Salud del estado.

No está claro con qué frecuencia estos embarazos son el resultado de incesto o violación. Las niñas en este grupo de edad generalmente están por debajo de la edad en que se puede dar consentimiento sexual, aunque el contacto sexual entre dos jóvenes adolescentes de la misma edad no siempre se considera un delito. Y algunos estados permiten que los niños se casen con el permiso de los padres.

En Ohio, tener una relación sexual con una persona menor de 13 años es un delito grave de primer grado. El aborto ahora está prohibido en el estado después de aproximadamente seis semanas de embarazo, sin excepciones por violación o incesto.

La desconcertante edad de la víctima de violación en Ohio ayudó a generar dudas sobre su historia, que se transformó con rapidez en un torrente de controversia política después de que reportara al respecto el diario The Indianapolis Star. Los defensores del derecho al aborto y el presidente Joe Biden señalaron la experiencia de la niña como la trágica consecuencia de la prohibición del aborto. Los conservadores cuestionaron si la niña de verdad existió, e incluso el fiscal general de Ohio dijo en un inicio que no encontró evidencia de tal víctima.

Esas preguntas se disiparon cuando un hombre de 27 años fue acusado de violar a la niña, y los registros mostraron que la médica que realizó el aborto en Indiana lo informó al estado.

Esa doctora, Caitlin Bernard, luego tuiteó: “Se me rompe el corazón por todos los sobrevivientes de agresión y abuso sexual. Estoy tan triste de que nuestro país les falle cuando más nos necesitan”.

Lauren Ralph, investigadora de salud pública de la Universidad de California, campus San Francisco, dijo que su investigación muestra que las adolescentes que buscan interrumpir su embarazo tienden a ser firmes en su decisión, pero enfrentan barreras como la falta de transporte y las leyes de notificación y consentimiento de los padres, que existen en la mayoría de los estados. Las menores que buscan evitar la notificación a los padres, como en el caso de incesto o cuando uno de los padres busca forzar el embarazo, a menudo deben presentar un informe policial o comparecer ante un juez.

Esas son barreras altas y, a veces, imposibles de superar, dijeron los expertos, especialmente para las personas sin asistencia legal y las víctimas jóvenes que pueden haber sido lastimadas por los adultos más cercanos a ellas.

En Oklahoma, una ley que prohíbe el aborto casi por completo hace excepciones para los casos de violación o incesto, pero solo si esos delitos han sido denunciados ante las fuerzas del orden.

Wendi Stearman, una legisladora republicana detrás de esa ley de Oklahoma, defendió las altas barreras para las excepciones.

En cuanto a la niña de 10 años en Ohio, “es horrible lo que sucedió allí”, afirmó. “Pero aún más horrible es quitarle la vida a otro niño”.

Spearman dijo que las leyes no deberían atenerse a los peores casos.

“Las leyes deben hacerse para lo general, y ese es un caso increíblemente raro”, aseguró.

No es raro que algunos legisladores y organizaciones antiaborto se opongan a las excepciones por violación en las prohibiciones del aborto, a veces incluso en el caso de víctimas infantiles. En un comunicado que elogiaba la detención de un sospechoso de 27 años en el caso de Ohio, Ohio Right to Life expresó su preocupación por la joven y su familia, pero calificó su aborto como una “solución superficial” que “solo aumentó el dolor y la violencia perpetuada contra ella. La víctima merecía algo mejor”.

Kristan Hawkins, presidenta de Students for Life of America, dijo: “La violencia de la violación no se curará con la violencia del aborto. El amor y el apoyo que esta niña necesita serán continuos, no momentáneos”.

En Madison, Wisconsin, Jennifer Ginsburg, directora ejecutiva del Safe Harbor Child Advocacy Center, comentó que estaba triste pero no sorprendida de escuchar la historia de la víctima de Ohio.

Apenas unos meses antes, su centro, que trabaja con víctimas de abuso infantil, había remitido a una niña de 10 años, embarazada de su padrastro, para que le practicaran un aborto en Planned Parenthood.

Ginsburg y su equipo brindan asesoramiento y apoyo a las víctimas jóvenes de abuso y sus familiares, al tiempo que se aseguran de que las evaluaciones forenses realizadas para las investigaciones policiales no agraven el trauma de un niño. Si una víctima quisiera un aborto, el centro la ayudaría a conectarla con proveedores cercanos.

Pero poco después de que la Corte Suprema anulara la sentencia del caso Roe contra Wade, los médicos de Wisconsin suspendieron los servicios de aborto. El gobernador Tony Evers, un demócrata, está luchando contra la legislatura liderada por los republicanos sobre la validez de una ley centenaria que penaliza casi todos los abortos, incluidos los que son el resultado de una violación e incesto. Evers y su fiscal general presentaron una demanda en un intento de bloquear la prohibición.

Ginsburg dijo que Safe Harbor no estaba esperando los resultados de la demanda del gobernador, sino que estaba planeando con otras organizaciones locales ayudar a las víctimas jóvenes a viajar fuera del estado para realizarse un aborto, un plan al que recurren los defensores cada vez más a medida que más estados prohíben el procedimiento.

“¿Cómo vamos a ayudar a las niñas embarazadas?”, preguntó Ginsburg.

© 2022 The New York Times Company

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