Ignoran cientos de denuncias de fraude. Disciplinan a dos en la fiscalía de Miami-Dade

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MH

Dos empleadas de la Fiscalía Estatal de Miami-Dade fueron degradadas después que sus supervisores descubrieron un retraso de más de 700 denuncias de fraude que se remontaban a años atrás. El resultado: cientos de casos no pueden ser presentados porque las acusaciones son demasiado antiguas, y los contribuyentes han perdido potencialmente millones en restitución.

Las denuncias habían sido remitidas a los fiscales por la División de Fraude a la Asistencia Pública de la Florida, que investiga a las personas sospechosas de abusar de los programas que ayudan a las familias a comprar alimentos y fórmula láctea para bebés, a obtener prestaciones por discapacidad y a recibir beneficios del Medicaid.

Un portavoz de la fiscal estatal dijo que la oficina todavía está revisando “cajas y cajas” de quejas para ver cuántas no fueron revisadas por la asistente legal Tracy Davis, de la Unidad de Delitos Económicos, cuyo trabajo era revisar las quejas y enviarlas a los fiscales. Según un memorando disciplinario del 6 de julio, Davis tenía “más de 700 casos pendientes” que aún no habían sido procesados.

Es posible que ahora los fiscales no puedan presentar cientos de esos casos penales porque el delito prescribió, lo que suele suceder de tres a cinco años después según la acusación. Todavía están tratando de averiguar exactamente cuántos casos se perderán.

Un análisis de la Fiscalía Estatal, por ejemplo, mostró que 226 casos de 2017 se perdieron por ser demasiado antiguos, casos que podían haber obtenido $2.3 millones en restitución a través del sistema judicial penal. Otros 185 casos expiraron en 2019, dijo el estado.

“En la aplicación de la ley siempre es decepcionante tener empleados de confianza que no hacen su trabajo de manera responsable”, dijo Ed Griffith, portavoz de la fiscal estatal.

La Fiscalía Estatal no puso a Davis ni a su supervisora, quien también fue degradada, a disposición de los medios para que hicieran declaraciones. Ambas fueron degradadas a un nivel inferior de funciones y se les redujo el sueldo.

Con sede en Tallahassee, la División de Fraude a la Asistencia Pública investiga las reclamaciones de abuso a varios programas financiados con fondos federales y administrados por dependencias estatales. Entre ellos: el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), a veces conocido como cupones de alimentos, y la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF).

A menudo, eso puede incluir a alguien que no declara sus ingresos durante un período de dos años, durante el cual recibió asistencia alimentaria y el Medicaid. Los procesamientos suelen dar lugar a que los acusados sean aceptados en un programa de “derivación previa al juicio”, en el que pagan una restitución y toman cursos a cambio de que se retiren los cargos más adelante.

Cada año, la división de fraudes, que depende de la oficina del Oficial Principal de Finanzas de la Florida, Jimmy Patronis, suele remitir unas 650 denuncias de fraude a las oficinas de los fiscales de todo el estado y lleva aproximadamente otras 800 a los tribunales administrativos.

Desde 2015, la oficina ha remitido casi 1,200 casos de presuntos delitos a los fiscales de Miami-Dade, según el Departamento de Servicios Financieros de la Florida. En esos casos, los pagos en exceso a los beneficiarios ascendieron a $15,737,706.

Durante ese período, la Fiscalía Estatal de Miami-Dade presentó solo 263 casos, por sobrepagos de $3,922,226.

No se sabe exactamente cuánto se perdió en restituciones. Además de procesos penales, el Departamento de Servicios Financieros también puede buscar la restitución a través de audiencias administrativas, aunque esos registros no se mantienen en una base de datos central.

La Fiscalía Estatal dice que los problemas de retraso comenzaron en 2016. Fue entonces cuando el fiscal que revisaba esos casos, Bill McGee, se retiró y las responsabilidades de una revisión inicial se trasladaron a los asistentes jurídicos.

Según el memorando disciplinario, Davis dijo a los supervisores que había dejado de remitir los expedientes a los fiscales porque no le devolvían los casos para que los procesara “de manera oportuna”. En 2022, ella solo había proporcionado a los fiscales seis casos para su revisión, “dejando la gran mayoría de los casos en espera en su extremo, lo cual, en última instancia, hizo que la situación empeorara”, decía el memorando.

También admitió haber ignorado los correos electrónicos del Departamento de Servicios Financieros sobre el retraso.

Su supervisora, Taline Starr, también fue degradada porque conocía el retraso “desde hace varios años” y el problema no hizo más que empeorar. Su incapacidad para “capacitar u orientar” a Davis hizo que la “carga de trabajo pendiente creciera a un nivel inmanejable”, según su nota disciplinaria.

Los fiscales dicen que han vuelto a contratar a McGee, el fiscal, para ayudar a reducir el retraso y manejar nuevas quejas.

El portavoz Griffith sugirió que los servicios financieros nunca señalaron el problema a los supervisores de la fiscalía. “Si bien es desconcertante que los Servicios Financieros nunca solicitaron la intervención de los supervisores para resolver este problema de acumulación antes que se fuera de las manos”, dijo, “eso no excusa cualquier acción perjudicial por parte de un empleado de la Fiscalía Estatal”.

La oficina del Oficial Principal de Finanzas expresó en una declaración dijo que “toma en serio el fraude a la asistencia pública y continúa trabajando con las fiscalías estatales y otras entidades en todo el estado para presentar casos para su procesamiento y proteger mejor los fondos que están designados para asistir a las familias que más necesitan la asistencia pública”.

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