Una iglesia de EE. UU. prosperó en Nicaragua. Luego, sus pastores fueron encarcelados

Los pastores evangélicos dirigidos por un misionero de Texas en Nicaragua fueron acusados de lavado de dinero, en una ofensiva generalizada contra los grupos religiosos.

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A medida que Nicaragua se ha visto sometida a un gobierno cada vez más autoritario, los líderes religiosos han sido uno de los principales objetivos. Han sido acosados, detenidos y obligados a exiliarse.

Sin embargo, los misioneros estadounidenses de la iglesia Mountain Gateway (conocida en español como ministerio “Puerta de la Montaña”) habían conseguido escapar de la represión.

La familia Hancock, cristianos evangélicos de Texas quienes fundaron la iglesia, oraron con oficiales de la policía nicaragüense y miembros del Congreso e inspiraron artículos elogiosos en los medios de comunicación del gobierno.

Con miles de seguidores y millones de dólares en donaciones, Mountain Gateway creció en tamaño, finanzas e influencia en Nicaragua, donde atrajo a casi un millón de personas a una serie de resurgimientos evangélicos que llenaron plazas y estadios de todo el país.

Todo fue posible porque la iglesia contaba con la bendición del gobierno.

Hasta que dejó de tenerla.

“El Señor tocó mi corazón por Nicaragua”, dijo Jon Britton Hancock, de 59 años, fundador de Mountain Gateway.

Luego, dijo, la gente que respondió a su liderazgo fue a la cárcel.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa, Rosario Murillo, quien es la vicepresidenta, han emprendido una amplia campaña contra las organizaciones sin fines de lucro y los grupos religiosos. Solo en el último mes han cerrado más de 1600 organizaciones, muchas de ellas iglesias evangélicas.

Mountain Gateway se convirtió en blanco de esa campaña.

A finales del año pasado, solo cuatro semanas después de que Mountain Gateway celebrara una serie de enormes eventos evangélicos, 11 pastores que los Hancock habían reclutado fueron encarcelados por cargos de lavado de dinero y fraude. Sus familias no los vieron ni supieron nada de ellos desde su detención en diciembre.

En marzo, los pastores fueron condenados a penas de entre 12 y 15 años de prisión y a pagar una multa de 80 millones de dólares cada uno.

Incluso los dos abogados que los representaban fueron encarcelados. Se confiscaron propiedades de la iglesia por valor de más de 5 millones de dólares.

Los pastores fueron finalmente liberados el jueves en una excarcelación negociada por el Departamento de Estado de EE. UU. que incluyó a más de otros 100 presos políticos. Todos los liberados llegaron en avión a Ciudad de Guatemala.

Según los expertos, la persecución de grupos religiosos y de otro tipo que en el pasado mantenían una relación cordial con el gobierno indica los esfuerzos del gobierno de Ortega por clausurar cualquier espacio cívico que no esté completamente bajo su control.

Hancock, su esposa Audrey, su yerno y su nuera también han sido acusados públicamente de lavado de dinero por el gobierno de Nicaragua, pero se encontraban fuera del país durante la redada.

Pasaron el año en Washington presionando a miembros del Congreso, el Departamento de Estado, otras agencias y grupos religiosos en favor de los pastores encarcelados.

“No hay duda de que lo que estamos viendo bajo Ortega y Murillo va más allá de un viraje hacia el autoritarismo”, dijo Stephen Schneck, presidente de la Comisión de EE. UU. para la Libertad Religiosa Internacional, que supervisa este tipo de casos en todo el mundo. “Es autoritarismo en toda regla, y tal vez un viraje hacia el totalitarismo”.

Además de los pastores recientemente liberados, otras 25 personas estaban detenidas o encarceladas por motivos religiosos en Nicaragua, dijo la comisión.

El caso contra Mountain Gateway es especialmente digno de mención porque las iglesias protestantes de Nicaragua se habían mantenido normalmente al margen de los asuntos políticos, incluso cuando los sacerdotes y obispos católicos se mostraron cada vez más activos en temas de justicia social.

Varios sacerdotes católicos formaron parte de los revolucionarios que ocuparon cargos cuando los políticos de izquierda sandinistas tomaron el poder en la década de 1980. Decenas de ellos han sido encarcelados en los últimos años por su oposición a Ortega y su esposa.

La Iglesia católica desempeñó un papel clave en la protección de los manifestantes y en la denuncia de los abusos contra los derechos humanos tras las protestas de 2018, que buscaban derrocar al gobierno de Ortega. El presidente consideró el movimiento como un intento de golpe de Estado y encarceló a cientos de personas, incluidos clérigos.

Más de dos decenas de sacerdotes católicos fueron expulsados de Nicaragua el año pasado.

Pero mientras un reconocido obispo católico era condenado a 26 años de prisión, el gobierno, deseoso de demostrar que la libertad religiosa seguía prosperando en Nicaragua, dio luz verde el año pasado a Mountain Gateway para lanzar “Buenas Nuevas Nicaragua”, una cruzada de resurgimiento religioso de 15 noches.

“Nos sorprendió mucho que obtuviéramos el permiso en medio de la represión contra los católicos”, dijo Hancock.

Los Hancock, misioneros de larga data que criaron a sus hijos en México, viajaron en 2012 a Nicaragua, donde establecieron iglesias en 15 comunidades rurales y remotas.

Los Hancock dijeron que, cuando el gobierno puso en su punto de mira a otros líderes religiosos, prefirieron guardar silencio y “no tomar partido”, porque si lo hacían seguramente les expulsarían.

Compraron una finca de café y se enorgullecían de pagarle a los recolectores un 48 por ciento más del salario mínimo. Vendían sacos de café frente a su sede en Dripping Springs, Texas, a media hora al oeste de Austin.

A medida que la operación crecía, Mountain Gateway compró una casa por 600.000 dólares en la capital, Managua, para los misioneros itinerantes. Pronto llegaron a ser propietarios de 47 vehículos.

Para un evento evangélico de dos noches en Managua, la organización gastó 800.000 dólares —una suma enorme en el segundo país más pobre del hemisferio— y contrató 3000 autobuses para transportar a los pasajeros hasta allí. Se calcula que asistieron unas 325.000 personas.

“Nuestra base se motivó”, dijo Hancock. “Nuestra base de donantes explotó”.

Tras la celebración de 15 eventos en ocho ciudades, cuya organización costó un total de 4 millones de dólares, había planes para celebrar al menos una decena más.

Marisela Mejía, de 34 años, y su esposo, Walner Blandón, eran pastores que dirigían las operaciones de Mountain Gateway. Su hermano, Carlos Javier Mejía, dijo que su hermana estaba muy emocionada de la labor social y cristiana, de trabajar con los estadounidenses y ayudar a los productores.

Entonces, sin previo aviso, Mejía, su esposo y otros nueve ministros fueron detenidos y acusados de utilizar la iglesia como fachada para comprar artículos de lujo. El gobierno declaró en un comunicado de prensa que la iglesia movía grandes cantidades de dinero de origen desconocido.

Mountain Gateway, según la policía nacional, reclutaba campesinos e intentaba hacer creer que estaban ayudando a los nicaragüenses y difundiendo “la palabra de Dios”. En lugar de eso, señaló la policía, los pastores se dedicaban a adquirir vehículos, fincas, casas en zonas residenciales y a hacer negocios.

Hancock dijo que el gobierno había supervisado de cerca las actividades de la iglesia todo el tiempo, realizando auditorías mensuales, aprobando compras y grandes transferencias de dinero.

La fiscalía no respondió a la solicitud de comentarios, como tampoco lo hizo Murillo, quien también ejerce de portavoz del gobierno.

“El gobierno desconfiaba mucho de que las organizaciones no gubernamentales tuvieran algo que generara fondos”, dijo Jacob, el hijo de Hancock, quien también fue acusado. “Así que creamos una entidad con fines de lucro en la que todas las ganancias se destinaban directamente a la misión. Íbamos a construir una escuela. Teníamos muchos sueños”.

Los activistas de derechos humanos y las organizaciones de libertad religiosa afirman que el gobierno utiliza los estatutos de lavado de dinero como arma para cerrar organizaciones que no controla.

Aun así, las organizaciones pentecostales aliadas con el gobierno emitieron declaraciones en las que decían que disfrutaban de libertad religiosa, y los partidarios del Frente Sandinista dijeron que el gobierno estaba apuntando a los grupos sin fines de lucro que no llevaban registros precisos.

“La persecución religiosa es única y exclusivamente aquella que, por razones de fe, me impiden expresarme”, dijo Francisco Javier Bautista Lara, exembajador del gobierno sandinista ante el Vaticano.

“Tiene que ser por la razón de fe, porque creo en Cristo Jesús o porque creo en Mahoma, o porque creo en Buda. O porque creo en la Virgen María”, añadió. “Aquí no existe persecución religiosa en absoluto. Aquí lo que existe es un Estado que regula y que establece normas y reglas”.

Ese argumento suena vacío para las muchas personas que han perdido sus propiedades, su ciudadanía y sus organizaciones cívicas sin el debido proceso ni forma alguna de apelar.

La historia del lavado de dinero “no calza”, afirmó Gonzalo Carrión, abogado de derechos humanos que huyó de Nicaragua a Costa Rica hace seis años, fue juzgado en ausencia, se le retiró la nacionalidad y se le confiscó su casa.

Carrión y otras personas que siguen el caso de Mountain Gateway creen que el presidente y su esposa, conocida por controlar todos los aspectos del gobierno, probablemente se pusieron nerviosos al ver las grandes cantidades de persona que acudían a los actos de oración.

Los expertos dijeron que Murillo teme todo lo que pueda convertirse en un movimiento social.

“El gobierno es muy celoso de compartir cualquier tipo de liderazgo”, dijo Kristina Hjelkrem, abogada de Alliance Defending Freedom International, una organización conservadora de defensa religiosa, que está prestando asistencia jurídica a Mountain Gateway. “Fueron cargos falsos, un juicio falso y una condena falsa”.

Alfonso Flores Bermúdez colaboró con reportería.

Frances Robles
es una reportera del Times que cubre América Latina y el Caribe. Lleva más de 25 años informando sobre la región. Más de Frances Robles.

Alfonso Flores Bermúdez colaboró con reportería.

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