Yahoo Noticias “Es histórico para todas las víctimas”: 26 años después, Corte IDH condena al Estado mexicano por desaparición de zapatista
El Estado mexicano es internacionalmente responsable por la desaparición forzada del zapatista Antonio González Méndez, ocurrida en 1999 en el marco de la guerra contrainsurgente en contra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Lo estableció por unanimidad la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), con una sentencia que la familia del militante chiapaneco de etnia chol recibe con sentimientos encontrados, tras casi 26 años de lucha por verdad y justicia.
“Estamos felices y a la vez tristes. Tristes porque nos tocó crecer sin papá, y porque han sido muchos años de lucha y búsqueda, pero todavía no hay rastro de él. Además sabemos que, aunque lo encontremos, será triste”, dice Magdalena González López, hija de Antonio.
Corte IDH reconoce la existencia de una “política estatal contrainsurgente”
“La Corte determinó que la desaparición forzada del señor González Méndez sucedió en el marco del contexto de violencia en el estado de Chiapas, que se intensificó a partir de 1994, con el alzamiento del EZLN”, escribe la Corte IDH en su comunicado.
“En ese marco, tuvieron actuación grupos paramilitares surgidos a partir de una política estatal contrainsurgente, el Plan Campaña Chiapas de 1994. Tales grupos operaban con apoyo, tolerancia y aquiescencia del Estado, con el objetivo de neutralizar fuerzas u organizaciones consideradas enemigas, como el EZLN”.
Antonio González vivía en la comunidad El Calvario del municipio de Sabanilla, en la zona norte de Chiapas, una región donde la guerra contrainsurgente fue especialmente dura. Allí operaba una de las 13 agrupaciones paramilitares que se formaron en la entidad en los ’90: se llama Desarrollo, Paz y Justicia, de afiliación priista y a partir de la década sucesiva algunos de sus integrantes ocuparon cargos públicos en el gobierno municipal y estatal.
Entre sus miembros estaba Juan Regino López Leoporto, un joven de 17 años que era cliente de la tienda cooperativa Arroyo Frío del EZLN, donde la base de apoyo zapatista trabajaba. Fue con él que Antonio salió de su casa el 18 de enero de 1999, y nunca más regresó.
Una sentencia histórica en el caso de desaparición de zapatista
Al reconocer que la desaparición de Antonio González Méndez no fue un hecho aislado sino parte de una política contrainsurgente impulsada por el Estado mexicano, la sentencia es importante para todas sus víctimas.
“El Estado siempre dijo que no tenía relación con los paramilitares y que la violencia de los ’90 fue generada por conflictos intercomunitarios, pero ya no puede recurrir a esta narrativa falsa”, dice Emiliano Vergara Muñoz, abogado del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).
“El fallo de la Corte IDH ordena al Estado mexicano desclasificar los archivos del caso de Antonio, y esclareciendo estos hechos se hace también luz sobre los modos de operación entre el Ejército y los paramilitares. De este modo se amplían las posibilidades para esclarecer otros casos de esa época”.
La sentencia de la CorteIDH obliga al Estado a continuar las acciones de búsqueda del zapatista y a seguir las investigaciones penales para esclarecer y sancionar a los responsables. Según la representación legal de la familia de González Méndez, las investigaciones deben abarcar no sólo las responsabilidades de los antiguos miembros de grupos paramilitares, sino también las de los actores militares y políticos que, de alguna manera, colaboraron con estos grupos o permitieron su actuación con impunidad.
El fallo establece, además, que el Estado implemente un programa de formación de agentes del estado de Chiapas sobre la debida investigación y juzgamiento de presuntos hechos de desaparición, y que cree un registro único y actualizado de personas desaparecidas. Sin embargo, no menciona explícitamente la posibilidad de conformar una Comisión de la Verdad para el Esclarecimiento Histórico sobre la guerra contrainsurgente de los años ’90 en Chiapas, que era una de las demandas de la familia peticionaria.
Búsqueda del zapatista Antonio González: una lucha de 26 años
La búsqueda de Antonio empezó inmediatamente después de su desaparición por parte de su pareja, Zonia López Juárez. Acudió a las autoridades del municipio de Sabanilla, luego viajó a Yajalón y a la capital Tuxtla Gutiérrez. Nadie le hizo mucho caso y en 2000, apoyada por sus tres hijas, su hijo y los abogados del Frayba, decidió acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) para demandar al Estado mexicano por la desaparición forzada de Antonio, y la falta de investigación de los hechos.
Para la hija del zapatista, Magdalena González López, estos 26 años de lucha han sido años de viajes, de esperas, de cansancio. “Pero nunca nos desanimamos, siempre tuvimos fuerza para buscar. Seguiremos caminando y buscando a mi papá, hasta encontrarlo”, asegura.
