Yahoo Noticias Hialeah cobra a un concejal la solicitud de registros públicos. Bovo dice que desconfía de él
La Ciudad de Hialeah a través de la Secretaría Municipal, está cobrando $6,769 al concejal Bryan Calvo por la obtención de registros públicos sobre el funcionamiento del Departamento de llamadas del 911 tras el Nuevo Herald revelar algunas deficiencias en el servicio de emergencia de la municipalidad.
De acuerdo con una carta enviada el 12 de septiembre al concejal Calvo por Marbelys Fatjo, directora de la Secretaría Municipal de Hialeah, tramitar una de las solicitudes que hizo el funcionario representaría 170 horas de trabajo adicionales.
Dicha solicitud incluía la búsqueda de palabras clave sobre el departamento: perdido, abandonado, queja, dotación de personal, escasez, crisis y drástico.
Los términos de búsqueda fueron requeridos en español e inglés, luego de que el alcalde Esteban Bovo Jr. y algunos concejales advirtieran que la situación en el 911 no había generado ninguna queja entre los residentes.
170 horas de trabajo para revisar 10,000 correos
La Secretaría Municipal habría indicado a Calvo que el Departamento de Tecnología encontró 10,242 correos electrónicos con los términos de búsqueda solicitados, por lo que estima que “tomará aproximadamente ciento setenta horas (170) revisar los mensajes en busca de información confidencial o exenta, y redactar estos registros (...) de conformidad con la ley”.
Fatjo aseguró en la misiva que el cargo estimado por “servicio especial” se calculaba de acuerdo a las 170 horas basadas en la tarifa por hora del empleado (salario y beneficios) de $39.82.
El 27 de junio, mismo día que el concejal hizo la solicitud de registros públicos sobre “cualquier documento relacionado con el Centro 911 de la ciudad”, exhortó al resto de concejales a respaldar su propuesta de investigar dicho departamento, pero no recibió su apoyo.
La solicitud frente a la Secretaría Municipal ocurrió un día después de que el funcionario en rueda de prensa solicitara hacer una investigación sobre el 911, que fue descartada posteriormente por el alcalde.
El 10 de agosto, en una rueda de prensa de Bovo sobre el 911, ya había advertido que “los empleados de la Ciudad de Hialeah se han dedicado casi 100 horas en cumplir con todos los récord públicos solicitados por un concejal”.
¿Es inédito el cobro a un concejal por registros públicos?
Información suministrada por la Secretaria Municipal a el Nuevo Herald indica que en los últimos 10 años “no existe récord” sobre algún cobro o facturación hecha a un concejal municipal por solicitar registros públicos.
El alcalde de Hialeah descartó que el cobro de estos registros públicos constituyesen una motivación política.
Al respecto Bovo declaró a el Nuevo Herald: “Si alguien viene de la calle y hace una petición que va a requerir 10,000 documentos y horas de procesamiento, hay otros que lo han pagado y está más que demostrado”, dijo.
“Si quiere cuatro o cinco papeles uno coopera, pero el concejal está iniciando una investigación por su cuenta; no está autorizada por el Concejo y por lo tanto, yo no puedo permitir que amarre (ocupe) a empleados del departamento para cumplir con lo que él quiere”, explicó Bovo.
Sin embargo, Raúl Martínez, exalcalde de la ciudad asegura que antes de él convertirse en concejal (1976-1981), luego en alcalde (1981-2005) y posteriormente salir de la administración pública, “nunca había escuchado que a un concejal le cobraran por hacer su trabajo, que es investigar, averiguar e informarse antes de tomar una decisión sobre un tema específico de la ciudad”.
De acuerdo con el código municipal de Hialeah, una de las funciones del Concejo es “investigar la conducta de cualquier oficina, departamento, agencia o funcionario municipal e investigar los asuntos municipales, y para tal fin, podrá citar testigos, administrar juramentos y obligar a la presentación de libros, documentos u otras pruebas”.
Sin embargo, en la carta Fatjo indica que “la abogada municipal interina (de ese entonces) Elsa Jaramillo-Velez le brindó una opinión legal el 18 de julio de 2023 (a Calvo) en la que le informó que si el Concejo desea realizar una investigación sobre la conducta de cualquier departamento (...) tendría que realizarse como cuerpo legislativo (...) un solo miembro del Concejo no tendrá la autoridad para realizar indagaciones o investigaciones por su propia cuenta”.
Aunque Bovo dijo estar buscando una alternativa para otorgar a Calvo la información que solicitó, comentó que “el concejal ya ha demostrado que no hace las preguntas necesarias, no se reúne con nadie de los departamentos que está tratando de investigar y yo honestamente no le voy a pintar a sus boberías”, enfatizó.
El alcalde Bovo indicó que si Calvo quiere sentarse en un salón de la alcaldía con los documentos, sin llevárselos a casa, se los entregarían, pero, afirmó, “yo tengo que garantizar y proteger la información sensible. El hecho de que él sea abogado no me da la confianza, porque no lo ha demostrado”.
Para el concejal Calvo esta situación afecta la transparencia local.
“Si la ciudad me trata, siendo oficial electo, de esta forma, cuando hago preguntas y pedidos basados en alegaciones bien serias, que merecen ser investigadas, ¿qué pueden esperar los residentes?”, se preguntó Calvo. “Estas son acciones que se esperarían en un país sin democracia. El pueblo merece respuestas”.
El Nuevo Herald consultó a municipalidades cercanas o aledañas de Hialeah, Miami Springs, Miami Gardens, Hialeah Gardens, Doral y North Miami, si en sus registros había quedado inscrito el cobro a concejales por récords públicos durante las dos últimas décadas.
Todas las ciudades respondieron a través de sus secretarías municipales que no encontraron registros de cobros o cargos a concejales por la solicitud de récord públicos en los últimos 20 años.
Un año de conflicto político en Hialeah
La confrontación política entre el concejal Calvo y el alcalde Bovo no es nueva. En los últimos 12 meses, los políticos se han enfrentado públicamente por temas que competen a los residentes: la creación de una agencia de reurbanización, el presupuesto de 2022, el presupuesto actual y el aumento de las tarifas del agua, entre otros.
Pero, más recientemente, la situación sobre el Departamento del 911, su capacidad de respuesta a la hora de atender llamadas, que está por debajo del estándar nacional ha creado un ambiente de desconfianza entre las partes.
Ambos funcionarios públicos fueron electos durante el mismo ciclo electoral de noviembre 2021 y terminaran su primer periodo en 2025.
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