Unos hermanos se recuperan tras sufrir torturas e inanición durante cinco meses en una cárcel de Venezuela

Dos hombres famélicos permanecían hospitalizados el martes por desnutrición severa una semana después de ser liberados de un centro de reclusión temporal en Venezuela.

Los hermanos Eudin Efraín León Ramírez, de 39 años, y José Arnoldo León Ramírez, de 27 años, perdieron 45 kilos y al menos el 70 por ciento de su masa muscular durante los 5 meses y medio que permanecieron detenidos en la Comisaría de San Blas por un intento de robo en Valencia, estado Carabobo, a unos 140 kilómetros al oeste de Caracas.

Las imágenes de los hombres raquíticos y tambaleantes publicadas por medios locales el 11 de junio pusieron rostros a las continuas denuncias sobre la violación de los derechos humanos fundamentales de los privados de libertad.

Además del hacinamiento y las golpizas a las que fueron sometidos los hermanos León, la sistemática negativa de los custodios de permitir el acceso a alimentos pareciera una deliberada intención de matarlos de hambre. “Mi mamá nos llevaba comida pero nos la quitaban”, aseguró Eudin Efraín.

Fue José Arnoldo, el hermano menor, el que llevó la peor parte. Su estado de salud es delicado por un derrame pleural izquierdo, que es la acumulación de líquido entre el pulmón y el tórax.

“Nos daban palos, nos abofeteaban, por lo cual perdí dos dientes, nos daban golpes en las costillas porque no salían moretones”, denunció José Arnoldo, quien en su lecho de enfermo pide justicia. “Deseo que esto sea juzgado y que no se quede así, impune. No es agradable pasar por eso por robar tres panes en una panadería”.

Eudin Efraín se siente mejor, aunque su voz aún es débil debido a la deficiencia calórica a la que fue sometido durante meses.

“Fui recluido el 25 de enero de este año en la Comisaría de San Blas. Era una condición muy inhumana”, relató Eudin. La celda, blindada con barrotes, era demasiado pequeña y sus custodios no les permitían salir ni al baño.

Explicó que en la presentación preliminar la jueza les dijo que se quedarían en la comisaría durante 45 días mientras eran llamados a juicio. Pero esa orden nunca llegó. “Pareciera que todo estuviera trancado por los policías o por el acusante, que no querían que nosotros saliéramos de allí.

“Yo le doy gracias a Dios y a la gente de Carlos Lozano y todos los que nos ayudaron nos ayudaron a salir de allí, porque una semana más y hubiéramos salido muertos”, expresó Eudin Efraín al referirse al presidente de la Comisión Permanente de Cultos y Régimen Penitenciario, quien se involucró en el caso.

Al igual que José, Eudin denuncia que ambos fueron torturados. “Mi hermano está peor que yo. Tiene comprometido el pulmón izquierdo y tiene varios golpes fuertes en la cara. Nos quemaron las manos con cucharillas plásticas, nos metían corriente de 110”, relató.

La condena del hambre

En teoría, la legislación venezolana e internacional garantiza la alimentación e hidratación adecuada de los detenidos. En la práctica, el que cae preso en Venezuela corre el peligro de morir de inanición.

Carlos Granadillo, el abogado penalista que asiste a los hermanos León, dijo que sus defendidos fueron detenidos de una manera infrahumana. “Ellos no salían de su celda, permanecían recluidos dentro a manera de castigo”.

El sistema penitenciario venezolano está colapsado. Sus 51 centros penitenciarios tienen la capacidad de acoger a unos 19.000 privados de libertad, pero para diciembre de 2017 la cifra rondaba los 57.000, según cifras del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

Ante tal hacinamiento de los centros penitenciarios venezolanos, los detenidos deberían permanecer en los calabozos de las comisarías locales durante mes y medio, mientras se celebra la audiencia preliminar de presentación. Pero con el desbordamiento de casos en los tribunales, los detenidos permanecen meses y años en estos lugares ad hoc que no cuentan con las condiciones mínimas de salubridad.

Granadillo dice que en la Comisaría de San Blas trabajan unos ocho funcionarios de la Policía de Carabobo, que se turnan para cumplir una doble función: realizan labores de prevención policial en la comunidad y custodiar a los reclusos cuando están en la sede policial.

Los hermanos León casi mueren de hambre porque en la comisaría no los alimentaban ni les entregaban la comida que a diario llevaba su madre.

“Los mismos funcionarios oficiales que trabajaban de custodios recibían los alimentos que nunca les entregaban. Por eso cayeron en este estado”, asintió Granadillo.

Lo más grave del asunto es que el drama de los León no es un caso aislado. La periodista Tibisay Romero ha documentado la difícil situación de los privados de libertad en Carabobo para la ONG Una Ventana para la Libertad.

“La comida no se le garantiza a los reclusos, ellos comen porque los familiares les traen diariamente la comida”, dijo un funcionario policial a Romero, aunque comprende que es deber y responsabilidad del Estado alimentar a los reclusos. “Desde hace muchos años no se les da la comida”.

La Ong OVP recomendó al gobierno venezolano aumentar el presupuesto de alimentación y salud de la población carcelaria, tras apuntar que en 2017 el estado gastó 0,14 dólares diarios por recluso para alimentar a los 57.096 privados de libertad registrados en el país.

Un número indeterminado de reclusos no ha sobrevivido para contarlo. Alejandro Manuel Mago Coraspe, de 41 años, murió el 24 de abril en una cárcel de Maturín debido a una intoxicación por ingesta de roedores para mitigar el hambre.

Mago Coraspe había sido trasladado a finales de marzo del estado Bolívar, donde fue operado de una obstrucción intestinal causada por huesos y cartílagos no digeridos de una rata a medio cocinar que consiguió en un basurero del Penal de Vista Hermosa después de pasar 4 días sin comer.

Estado Incapaz

Lozano, quien fue electo diputado por el estado Carabobo por la Mesa de la Unidad Democrática en las elecciones parlamentarios del 2015, dijo que el estado venezolano ha demostrado su incapacidad en lo que respecta al régimen penitenciario en Venezuela y viola el artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que establece que es responsabilidad del estado velar por la dignidad y los derechos humanos de los privados de libertad.

“Esas condiciones no se cumplen cuando podemos ver en imágenes que hablan por sí solas de las condiciones infrahumanas a las que es sometido el preso cuando es detenido por el gobierno de Venezuela. No hay condiciones para que éste se reinserte en la sociedad, que es el fundamento del régimen penitenciario actual en el mundo”, declaró Lozano.

Pese a las enormes presiones que ejerce el gobierno sobre el sistema judicial, Granadillo aseguró que ni él ni sus defendidos tienen miedo a denunciar. “Esta semana haremos la denuncia en la fiscalía del Ministerio Público con competencia en derechos fundamentales para que conozcan la violación de derechos humanos y pactos y acuerdos internacionales”.

El abogado dijo que los hermanos León permanecerán en libertad restringida bajo una medida cautelar establecida en el artículo 242 , ordinal 9, del Código Orgánico Procesal Penal venezolano mientras recuperan sus fuerzas. Posteriormente, deberán enfrentar la audiencia oral y pública por los delitos que se le imputan.

Carlos Nieto Palma, coordinador de la ONG Una Ventana para la libertad, lamentó la penosa situación de los hermanos León y dijo que al menos hubo una respuesta parlamentaria.

“Si hay algo bueno que se puede rescatar de esta situación es que por primera vez desde que este problema se viene denunciando en las comisarías policiales, la Comisión de Asuntos Penitenciarios de la Asamblea Nacional le ha puesto atención a la situación, porque hasta ahora esa comisión estaba muerta. Nunca le habían hecho caso a lo que ocurría ni en las cárceles ni en los retenes policiales”, afirmó Nieto Palma a Yahoo.

Un año negro para Policarabobo

El caso de los hermanos León no es el único que pone en entredicho la actuación de la Policía de Carabobo. Al menos 66 hombres y dos mujeres murieron el 28 de marzo en la Comandancia General de Policarabobo en un incendio que habría ocurrido tras un motín por el hacinamiento y falta de insumos básicos como colchones.

La fiscalía acusó al subdirector de la Policía del estado Carabobo, comisionado José Luis Rodríguez Ramírez, por delito de homicidio calificado por medio de incendio en grado de complicidad y a otros 4 funcionarios como coautores del hecho.

Humberto Prado, director del Observatorio Nacional de Prisiones (OVP), pidió la investigación de las responsabilidades a los niveles más altos porque al momento del incendio se encontraban recluidos 180 privados de libertad en calabozos diseñados para 30 personas, lo que arroja una tasa de hacinamiento del 600 por ciento.

El gobernador chupasangre

Entretanto, el gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, no se ha dado por enterado de que en su estado hay presos que corren el peligro de morir de hambre.

Pero sí se mostró dispuesto a viajar en un avión privado de Petróleos de Venezuela a finales de mayo para entregar al pastor estadounidense Joshua Holt, quien fue detenido junto a su esposa Tamara Holt en 2016 y acusado de poseer armas, información logística y equipos para ser usados con fines terroristas.

Fuentes periodísticas señalaron que Lacava intentó negociar la liberación de los Holt a cambio de la libertad de los sobrinos de la esposa del presidente de Venezuela, Cilia Flores, condenados en Estados Unidos por narcotráfico.

Lacava, quien fue electo gobernador de Carabobo en octubre de 2017 aunque ha estado vinculado al gobierno bolivariano en cargos diplomáticos y alcaldías desde hace 10 años, ha acaparado la atención por su extravagante “carro de drácula”, un vehículo negro que persigue a los malhechores y que el mismo Lacava ha definido como “una especie de superhéroe que genera en el ideario y en la psique de la gente la sensación de que el Estado está presente y cumpliendo con su rol”.

Pero investigaciones realizadas por el diario español El País aseguraron que Lacava ocultó fondos en Suiza y Andorra, países que amparaban cualquier transacción financiera bajo el secreto bancario.

En este contexto, hay quienes dudan que algún día llegue la justicia para Eduin Efraín y José Arnoldo, los llamados presos de San Blas.