No es bueno hablar el idioma para obtener la Beca Fulbright-Hays

Veronica Gonzalez, una alumna de doctorado de la Universidad de California, campus Irvine, que demandó al Programa Fulbright por discriminación contra los inmigrantes, en Los Ángeles, el 1.° de febrero de 2023. (Bethany Mollenkof/The New York Times).
Veronica Gonzalez, una alumna de doctorado de la Universidad de California, campus Irvine, que demandó al Programa Fulbright por discriminación contra los inmigrantes, en Los Ángeles, el 1.° de febrero de 2023. (Bethany Mollenkof/The New York Times).

WASHINGTON — Cuando, el otoño pasado, Veronica Gonzalez recibió la noticia de que el Departamento de Educación de Estados Unidos había rechazado su solicitud a una renombrada beca para realizar su investigación de doctorado en el extranjero, revisó la retroalimentación a su petición para saber en qué había fallado.

En cada sección, los evaluadores elogiaban las aptitudes académicas de la estudiante y su propuesta tan bien investigada y rigurosa para estudiar la violencia conyugal en las zonas rurales de México, por lo que le dieron calificaciones casi perfectas en cada categoría, excepto en una (el dominio del idioma), en la cual le sorprendió ver que no había recibido ningún punto.

Pero no fue porque Gonzalez, una candidata a doctorado en ecología social de la Universidad de California, campus Irvine, no contara con las habilidades lingüísticas para llevar a cabo su investigación en español. Los evaluadores concluyeron que gracias a las experiencias descritas en su currículo de ocho páginas, tenía una preparación más que suficiente. El problema fue que se había definido como hablante nativa de la lengua en la que realizaría la investigación por haberse criado hablando español con sus padres, quienes emigraron de México a Santa María, California, donde ella nació.

“Al principio, simplemente no podía creerlo”, recordó Gonzalez en una entrevista. “Después me sentí indignada”.

La solicitud de Gonzalez fue víctima de una normativa de varias décadas de antigüedad —ahora en proceso de reformulación— que hacía que el Departamento de Educación no les concediera puntos a los solicitantes de la Beca Fulbright-Hays para Investigación Doctoral en el Extranjero si se habían criado en contacto con el idioma del país en el que pretendían realizar la investigación o hablando este idioma.

Esta regla tiene su origen en una actualización de 1998 a la normatividad de los programas de becas Fulbright-Hays que el Departamento de Educación ha gestionado desde la década de 1960. El propósito de las becas —el equivalente nacional de los programas de intercambio Fulbright del Departamento de Estado— es promover la investigación y el dominio de idiomas extranjeros entre quienes aspiran a ser profesores y académicos.

Veronica Gonzalez, una alumna de doctorado de la Universidad de California, campus Irvine, que demandó al Programa Fulbright por discriminación contra los inmigrantes, en Los Ángeles, el 1.° de febrero de 2023. (Bethany Mollenkof/The New York Times).
Veronica Gonzalez, una alumna de doctorado de la Universidad de California, campus Irvine, que demandó al Programa Fulbright por discriminación contra los inmigrantes, en Los Ángeles, el 1.° de febrero de 2023. (Bethany Mollenkof/The New York Times).

Con esta regla, las autoridades del departamento quisieron eliminar una aparente ventaja para las personas que se criaron aprendiendo otros idiomas que no fueran el inglés y que se considera injusta cuando compiten por esta beca, la cual asigna decenas de miles de dólares anuales a alumnos de doctorado y es muy codiciada como proyecto de investigación en uno de los programas de doctorado más competitivos del país.

En años anteriores, cuando los estudiantes proponían una investigación en un idioma que ya hablaban, el departamento les pedía que se identificaran como hablantes “nativos” o como hablantes “por herencia”; el departamento define a un hablante nativo como aquel solicitante que ha “hablado el idioma en cuestión desde la primera infancia y sigue hablándolo con fluidez” y define a un hablante por herencia como un estudiante “que se crio en un hogar donde se habla un idioma que no es el inglés” y que “no tiene la misma fluidez de un hablante nativo”.

Antes de las recientes modificaciones a la normativa, a los estudiantes que se identificaban como tales se les restaban hasta quince puntos en la sección de dominio del idioma porque el departamento tenía el propósito de que los solicitantes —que incluían a hablantes nativos del inglés— mejoraran sus habilidades lingüísticas en un idioma que no era el suyo.

Un grupo de derechos civiles del país está calificando como discriminatoria la interpretación del departamento con el argumento de que se aplica a estudiantes con base en su país de origen, sobre todo a los solicitantes que son inmigrantes de países donde no se habla inglés o hijos de esos inmigrantes.

En un par de demandas interpuestas el año pasado, la Nueva Alianza por las Libertades Civiles, un grupo jurídico apartidista sin fines de lucro, representa a los estudiantes que según afirman han sido privados de su ventaja competitiva y su derecho constitucional a una protección igualitaria debido a los criterios del departamento con respecto a las lenguas extranjeras.

Este grupo alegaba que está claro que el idioma de la normativa, el cual también tenía que ver con el debate de los “ciudadanos no nacidos en Estados Unidos o residentes extranjeros”, es una desventaja determinante para estudiantes como Gonzalez, quien se identificó orgullosamente como hablante nativa en su solicitud. Gonzalez es la mayor de seis hijos criados por trabajadores agrícolas que no terminaron la primaria, casi no hablaban inglés y jamás soñaron con enviar a sus hijos a la universidad.

Gonzalez, de 39 años, entró a la universidad en una etapa más avanzada de su vida porque quería encontrar una nueva identidad después de una relación tormentosa.

Para ella, la influencia de su ascendencia en demostrar las “habilidades lingüísticas suficientes en un idioma extranjero” que solicita el programa era igual de importante que otras acreditaciones, como haber tomado clases de español y haber terminado un periodo de prácticas profesionales en México. Con el correr de los años, Gonzalez no dejó de buscar experiencias académicas —entre ellas más de otras diez ayudantías de investigación, así como becas y pasantías— que la prepararan para el proyecto de sus sueños que era estudiar a las comunidades indígenas que moldearon a su familia, pero de las cuales no sabía gran cosa.

Si hubiese recibido los 15 puntos, las puntuaciones de Gonzalez habrían sido 101 y 97 (las solicitudes son evaluadas y calificadas por dos personas distintas), las cuales superan los puntajes que en años anteriores garantizaron la obtención de la beca.

“Había seguido todos estos pasos para asegurarme de realizar una investigación sólida en términos étnicos y retribuirle algo a mi comunidad”, explicó Gonzalez. “Prácticamente nos están diciendo que cualquier forastero puede llegar a nuestro país de origen y al país de nuestros padres, estudiarnos y contar nuestra historia, pero nosotros no podemos hacerlo”.

En su demanda más reciente en representación de Gonzalez, interpuesta en enero, la Nueva Alianza por las Libertades Civiles escribió que el departamento mantenía la “creencia injustificable de que los inmigrantes y sus hijos no podían recibir cursos en su lengua materna de escuelas estadounidenses porque ya la habían ‘adquirido’ de su familia”.

“Parece ser que el departamento no considera que Gonzalez sea una ‘verdadera estadounidense’ porque su lengua materna es el español y no el inglés”, decía la demanda. “En otras palabras, la penalización a la lengua materna está diseñada para aplicarse a las personas que el departamento considera no nativas de Estados Unidos —aunque de hecho hayan nacido ahí— con el objetivo expreso de ‘disuadirlas’ de solicitar la beca de doctorado para ir a algún país en el que se hable su lengua materna”.

El Departamento de Educación se negó a hacer comentarios aludiendo a que el litigio estaba en curso.

En los informes jurídicos, el departamento ha defendido su interpretación de la normativa de 1998. Como respuesta a la demanda de Gonzalez de inicios de este año, la agencia señaló que la normativa fue “motivada por los objetivos no discriminatorios de promover la enseñanza de idiomas en las escuelas estadounidenses”, así como desalentar las solicitudes para llevar a cabo investigaciones en inglés. Según las reglas de la beca, los estudiantes no pueden hacer solicitud para estudiar en Europa occidental.

El departamento, el cual otorgó en promedio 37.504 dólares a 90 estudiantes en el último ciclo de solicitudes, dejó en claro que favorecía a los solicitantes que habían aprendido un idioma extranjero en la escuela y no en el hogar. En su presentación, la agencia señaló que había concluido que sus recursos para la beca “están más encaminados al fomento de la adquisición de habilidades lingüísticas que tienen una mayor probabilidad de aprenderse en instituciones educativas estadounidenses”.

Pero frente a las impugnaciones jurídicas, el departamento ha hecho todo lo posible para tratar de minimizar el daño que los críticos afirman que causó. En la actualidad, el departamento está reformulando la normativa e incluyendo los cambios propuestos sobre “cómo considerar a los solicitantes que dominan su lengua materna”.

En respuesta a otra demanda presentada el año pasado por la alianza por las libertades civiles en representación de dos solicitantes de la Universidad de Georgetown que se identificaron como hablantes “por herencia”, el departamento retiró la penalización contra todos los solicitantes que ese año se identificaron como tales.

Una de las hablantes “por herencia” representada por la alianza, Samar Ahmad, originalmente había perdido puntos en su solicitud para realizar una investigación en árabe porque creció hablando ese idioma. La beca le fue otorgada después de que el departamento cambió sus criterios.

Ahmad comentó que estaba agradecida porque finalmente había recibido la beca, pero que detestaba ser la excepción. “Deberían transformar el sistema en su totalidad porque esto es claramente discriminación”, afirmó.

En respuesta a la demanda de Gonzalez, el mes pasado el departamento anunció de improviso que este año solo asignaría un punto a los criterios relacionados con el dominio del idioma.

El Departamento de Educación sostuvo en un informe jurídico que el nuevo sistema de puntos reduciría la penalización contra los solicitantes de este año. Pero el departamento también ha alegado que eliminar la penalización por completo perjudicaría sus planes para reformular la normatividad.

Mientras tanto, Gonzalez comentó que todavía no decidía si volvería a solicitar la beca, consciente de la frase condenatoria que apareció en sus dos evaluaciones anteriores: “La solicitante es hablante nativa del español y por lo tanto no puede obtener ningún punto en esta categoría”.

“Si los evaluadores no hubieran entendido el proyecto o hubieran considerado que tenía que mejorarse, yo habría regresado a la mesa de trabajo y resuelto lo que tenía que corregir”, comentó. “Pero no puedo corregir lo que yo soy”.

c.2023 The New York Times Company