Yahoo Noticias Guerra interna sobre el enfoque y la defensa de la Primera Enmienda en la ACLU de Florida
Una guerra interna ha estallado en la ACLU, ya que la organización que en su día defendió los derechos de la Primera Enmienda de los nazis y de Ku Klux Klan fue demandada por los miembros de la junta directiva de su filial de la Florida que fueron destituidos porque, dijeron, se resistieron a anteponer la política partidista a la protección de la libertad de expresión.
En una demanda presentada ante un tribunal estatal de Sarasota a última hora del viernes, los siete miembros de la junta —Jeanne Baker, Michael Barfield, James Benjamin, Jeff Borg, Daniel Cook, Marcia Hayden y Martin Novoa— alegaron que fueron destituidos injustamente el año pasado por la organización nacional después de oponerse al cambio de misión de la organización.
La demanda le pide al tribunal que les restituya sus cargos en la junta y dictamine que la organización nacional y el personal de la ACLU de la Florida infringieron la ley cuando destituyeron a la junta por estar “descontenta con las decisiones de gobierno que se oponían a la actividad política partidista, el desvío de la misión de las cuestiones fundamentales de las libertades civiles hacia la justicia socioeconómica y otras funciones de supervisión ejercidas por la junta directiva sobre el personal”.
La demanda llega apenas dos semanas después de que ACLU de la Florida anunciara que iba a despedir al 10% de su personal debido a restricciones presupuestarias.
En un comunicado, la directora ejecutiva Tiffani Lennon dijo que la ACLU de la Florida, una organización sin ánimo de lucro conocida por presentar demandas contra el gobierno, aumentó su personal para enfrentar “una avalancha sin precedentes de ataques contra los derechos y libertades civiles” en el estado, pero ahora se ve en la necesidad de reducir sus gastos en un 20%
Los demandantes no abordan los problemas financieros en su demanda, pero dijeron que las diferencias ideológicas y un desacuerdo sobre el nombramiento de Lennon como nueva directora ejecutiva llevaron a la organización a violar la ley.
La ACLU apoyó el matrimonio gay en la Florida
Por más de 20 años, la ACLU de la Florida estuvo dirigida por Howard Simon, quien se jubiló en 2018. Durante ese tiempo, la organización ayudó a establecer el derecho de las parejas homosexuales a casarse y adoptar en Florida, ayudó a promover los derechos de voto de ex delincuentes y participó en desafíos legales de redistribución de distritos tanto a nivel estatal como local.
Lennon sustituyó a Amy Turkel, quien asumió el cargo de directora ejecutiva interina en enero de 2022, después que Micah W. Kubic ocupó el cargo tres años pero lo abandonó para regresar a su estado natal, Kansas.
En el último año, ACLU de la Florida ha cosechado un puñado de victorias judiciales de gran repercusión. Logró convencer a un tribunal federal de que ordenara mapas más justos para el Consejo Municipal de Jacksonville y la Junta Escolar del Condado Duval para las elecciones de 2023 e impugnó la manipulación racial de las líneas de distrito de la Comisión Municipal de Miami, ganando una primera decisión que está siendo apelada ante la Corte Suprema federal, mientras que el caso en general aún no llega a juicio.
También está desafiando la legislación estatal que pretende criminalizar a los proveedores de aborto y la legislación que restringe la asistencia de salud para las personas transgénero.
Pero el desacuerdo sobre si la organización se ha alejado de su principio fundacional —ser un defensor neutral del contenido de la Primera Enmienda— precedió a esas iniciativas.
La presidencia de Trump, un punto de inflexión
La división empezó en 2017, de acuerdo con la demanda de 77 páginas presentada en el tribunal de distrito de Sarasota, cuando ACLU nacional inició una “campaña nacional conocida como ‘People Power’ cuyo propósito era organizar a nivel de base en respuesta a la elección de Donald Trump como presidente”.
La demanda alega que el grupo People Power participó en una “conducta partidista bajo el nombre y el logotipo de ACLU en violación de la política de larga data: solicitudes indebidas de recaudación de fondos; asimismo, abogando por el apoyo a objetivos no relacionados con las libertades civiles” y “ni la junta directiva de ACLU de la Florida ni el liderazgo de la junta tuvieron ninguna participación en la decisión”.
Cuando la junta se opuso, la organización nacional firmó un memorando de entendimiento que acordaba abstenerse de mensajes políticos partidistas o de abogar por cuestiones de justicia socioeconómica en la Florida.
Pero, según la demanda, el acuerdo duró poco y la organización incumplió el acuerdo “al promocionar el acceso a la banda ancha y la equidad en la vivienda como cuestiones de libertad civil” y “al tratar el alivio de la deuda de los estudiantes y el cambio climático como cuestiones de libertades civiles y de ACLU”.
La demanda indica que la junta de la Florida también se opuso a las directrices que surgieron después de que ACLU se pusiera del lado de los grupos de extrema derecha responsables de la violencia en Charlottesville. Las directrices sugerían que los abogados debían sopesar la posibilidad de aceptar un caso de libertad de expresión representando a grupos cuyos “valores son contrarios a nuestros valores” frente a la posibilidad de que dicho caso pudiera “ofender a grupos marginados”.
